“Protocolo Contreras”: la norma interna de la Seremi de Vivienda que abrió la puerta a Democracia Viva en Antofagasta

“El objetivo es propender a la diversificación de instituciones, permitiendo generar una mayor cantidad de alianzas, obteniendo mayor eficacia en las intervenciones, y cumpliendo de mejor forma los objetivos de cada convenio”. Esa es parte de la justificación que utilizó el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex RD), para dictar un inédito protocolo regional que permitió entregar millonarios recursos a fundaciones como Democracia Viva.

Se trata de la Resolución Exenta N°366 “Protocolo para suscripción de convenios del Programa de Asentamientos Precarios con instituciones privadas sin fines de lucro” y fue firmada por Contreras el 28 de julio de 2022, a casi cuatro meses de su llegada como máxima autoridad regional en materia de vivienda.

El documento de cinco páginas señala en su inicio que “surge la necesidad de fijar criterios que propendan a la eficiencia, eficacia y correcto uso de los recursos públicos, en las transferencias efectuadas a terceros, en particular a las instituciones privadas sin fines de lucro, fijando ciertos requisitos mínimos necesarios para la suscripción de convenios y transferencias de recursos”.

Luego, en su tercera hoja, se establecen condiciones generales con las que deben cumplir las fundaciones para obtener los recursos públicos, como los $ 426 millones que recibió Democracia Viva. Entre ellos, está que se trate de una “institución sin fines de lucro” y que se encuentra inscrita en el “Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos” que administra el Ministerio de Hacienda.

Pero lo que más llama la atención es que Carlos Contreras fija como criterio que la organización beneficiaria sólo “deberá contar con al menos seis meses de antigüedad desde su conformación, debiendo presentar estatutos y acta de constitución”.

Hasta ese momento, todas las instituciones que tenían convenios vigentes con el Programa de Asentamientos Precarios del Minvu en Antofagasta llevaban años trabajando en el área e incluso habían firmado convenios con el gobierno anterior. Ejemplos de ello son las hoy investigadas Fundación para la Superación de la Pobreza, creada en 1995; Espacio Lúdico, que nació en 2016, y Asociación Campamento de Ideas, que surgió en junio de 2019.

Pero el caso de Democracia Viva, organización dirigida por Daniel Andrade, exmilitante de RD y expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), era distinto. La fundación recién cumpliría los seis meses de antigüedad el 25 de agosto de 2022, es decir, un mes después de que Contreras firmó el nuevo protocolo. En otras palabras, con las nuevas reglas impartidas por el entonces seremi, desde esa fecha la institución ligada a RD quedaba habilitada para firmar convenios con el Minvu.

Luego, el 3 de octubre de 2022, Democracia Viva se convirtió en la primera “nueva” fundación en llegar a un acuerdo con el Minvu de Antofagasta bajo la administración de Contreras, obteniendo los primeros $ 200 millones. Las siguientes organizaciones serían “Fundación Cultural Tomarte”, creada en enero de 2022 y que obtuvo $ 456 millones; y Movimiento Fibra, nacida en febrero de 2019 y que levantó $ 430 millones.

Otro de los puntos destacados del nuevo protocolo es que no exige que las fundaciones tengan algún tipo de experiencia previa en el trabajo en campamentos. A cambio de ello, sólo pide que las instituciones demuestren “experiencia en intervenciones comunitarias y territoriales, incorporando al efecto una presentación de su trabajo y/o carta de interés que señale su experiencia y áreas de interés a abordar mediante la suscripción de convenios”.

Con ello, organizaciones ligadas a otras áreas, como actividades culturales, políticas o educativas, también podrían optar a firmar convenios. La única exigencia ligada al trabajo previo en campamentos es que cuenten con “un profesional del área social con experiencia en intervenciones sociales y comunitarias, deseable contar con experiencia en trabajo con grupos vulnerables tales como campamentos”.

El protocolo firmado por Contreras también fija “requisitos relativos a rendiciones”. En ellos, establece que se deberán rendir los fondos de acuerdo a las instrucciones de Contraloría y que los gastos podrán estar enfocados en contratación de profesionales y gastos operacionales, tales como transporte, arriendo de oficinas, materiales de oficina, “gastos en intervenciones en el territorio”, kit sanitario, viáticos y “fondos de emergencia”.

Sobre la contratación de profesionales, el documento permite a las fundaciones “contratar a profesionales externos para cumplir con las obligaciones del convenio en caso de no contar con profesionales propios”, y sugiere que se les pague “un promedio de remuneración de $ 1.200.000, conforme a la experiencia en los convenios ya suscritos”.

Desde el Ministerio de Vivienda señalaron que desde el año 2019 los únicos requisitos fijados a nivel nacional para suscribir convenios en el Programa de Asentamientos Precarios es ser una institución sin fines de lucro y ser parte del registro del Ministerio de Hacienda. “Sobre ello, las diversas regiones han establecido en algunos casos requisitos tales como antigüedad, garantías o inscripción en registros del Minvu”, expresaron desde la institución, sin especificar de qué regiones se trata más allá de Antofagasta.

El pasado 2 de julio, el exseremi Contreras señaló a T13 que “todos los procedimientos que se llevaron a cabo están vigentes desde 2019 en adelante y habían sido implementados desde Serviu, replicado en la Seremi: “Cuando yo llego ya estaban instaurados, y seguimos el procedimiento con el mismo modus operandi que los equipos técnicos dieron respaldo respecto a que era la forma en que se procedía y que correspondía seguir procediendo”.

Consultado hoy por el origen y las razones por las que elaboró el nuevo protocolo regional, Contreras no contestó las llamadas ni los mensajes enviados.