Proyecto de integración social urbana: la iniciativa que abre la polémica por proyectos que quedan en el congelador a la espera de nueva Constitución

“La discusión de fondo debe darse en el proceso constituyente”. Ese fue uno de los argumentos que el senador Juan Ignacio Latorre (RD) entregó ayer en la Comisión de Vivienda del Senado al rechazar el proyecto de integración social urbana.

La iniciativa, que fue enviada a tramitación en 2018, tiene como objetivo mejorar la integración social y urbana de las ciudades modernizando la gestión del Ministerio de Vivienda (Minvu) con herramientas en la implementación de políticas de uso de suelo, creación de polígonos que incluyan inmuebles en sectores protegidos como monumentos históricos, zona típica y de conservación. La Cámara de Diputados lo aprobó con votaciones divididas y lo remitió al Senado en agosto de 2019.

Ayer correspondía la primera votación en general y se cerraba el plazo para presentar indicaciones. Pero no pasó la barrera de la comisión por los votos en contra de Latorre, Alejandro Navarro (PRO) y Jorge Soria (PPD).

El argumento de que esta es una materia que debe resolverse en el marco de la discusión de la nueva Constitución preocupa al oficialismo y al Ejecutivo. Así lo reconoce el presidente de la Comisión de Vivienda, David Sandoval (UDI).

En la oposición, a su vez, admiten que en esta nueva etapa -con el Congreso funcionando el paralelo con la Convención Constitucional- habrá más de un proyecto que se vaya al “congelador” o que al menos ese será el argumento que se utilizará en varias oportunidades.

“No hay un acuerdo ni instrucción, sino que quedará en manos del criterio de cada uno, se verá caso a caso, pero no será una norma general”, admite el senador Guido Girardi (PPD). Y al mismo tiempo recuerda que esa misma razón ya la esgrimieron ellos con el senador Rabindranath Quinteros (PS) frente a los cambios en el sistema de salud propuesto por el gobierno: “Nosotros no creemos que se pueda empezar a implementar una privatización de Fonasa cuando la salud es un tema esencial que se verá en la Convención Constituyente”.

Incluso, otros senadores mencionan que otra iniciativa que pueda correr la misma suerte es la reforma de pensiones, si el gobierno no cambia su estrategia de insistir con derivar un porcentaje de la mayor cotización a las cuentas individuales de las AFP, sin abrir la puerta a un sistema más colectivo.

La justificación para votar en contra, según Latorre, es que el proyecto de integración, a pesar de su buena intención, no logra su cometido ni el apoyo de la sociedad civil, “este proyecto es bien controvertido, fue aprobado en la Cámara, pero con amplio rechazo de los sectores progresistas, de la izquierda y de movimientos sociales, de pobladores, funcionarios del Minvu, académicos del mundo del urbanismo”.

Asimismo, recalca que el tema de la vivienda y los espacios urbanos es un tema de más largo aliento que debe darse en otra esfera: “La discusión de fondo debe darse en el proceso constituyente. Esta herramienta que proponen ya no alcanzará a funcionar en este gobierno de Piñera, sino que será un amarre para el próximo gobierno. El proyecto si bien tiene buenas intenciones, genera mucha desconfianza de parte de la sociedad civil y se queda corto”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, diputado Fidel Espinoza (PS), reafirmó que esta es una materia que debe evaluarse en el marco de la discusión constituyente. “El tema de los espacios urbanos es bueno que lo veamos en el proceso constituyente, porque eso va a significar el devenir de nuestras ciudades para los próximos 30 o 40 años. Desde ese punto de vista, no veo con malos ojos el rechazo en el Senado”, insiste.

Hoy, el senador Sandoval lamentó el rechazo del proyecto de integración urbano y calificó a los senadores de oposición como “radicalizados”.

También cuestionó que el proyecto se derive a la discusión constitucional: “La oposición lisa y llanamente se negó a tratar este tema pasándolo a la Convención Constitucional, es una absoluta y total irresponsabilidad”.

Ahora la iniciativa sigue su proceso: “debe pasar a la sala, no sabemos cuál será la postura, porque los tres senadores en la comisión son bastante radicalizados, y si se rechazara en la sala debería ir a una mixta” insiste Sandoval.

Mientras que desde el gobierno el subsecretario Minvu, Guillermo Rolando, precisó que el Ejecutivo recortó aquellos temas que causaban aprensión de la sociedad civil, y que hoy el articulado es apoyado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, integrado por actores de la academia y por pobladores de base en distintas regiones. “Incluso, algunos que piensan en forma distinta a este gobierno”, subraya.

Por lo mismo, lamentó que se haya rechazado en general: “Este proyecto partió con varios cuestionamientos, y por eso acordamos que íbamos a hacer cambios de fondo. Lo que se votó ayer es muy distinto a los ejes cuestionados hace dos años y por eso es paradójico que se haya rechazado”.

Acota que la iniciativa se mantuvo sólo con cuatro ejes: que el Estado tenga herramientas permanentes de compra de suelo, acelerar los tiempos para comités de viviendas y cuando el Minvu trabaje en barrios muy precarizados, como por ejemplo Bajos de Mena, y que quede a potestad de municipios, atender su déficit habitacional a través de sus planes reguladores, incorporando el concepto de integración social.

“Hace dos años se planteó que fuera el ministerio el que definiera esos polígonos y que dispondría de suelos para arriendos, lo cual se vio como un proyecto pro inmobiliarias. Se eliminaron esas aprensiones. Se reconocieron esos ajustes, por lo tanto, creemos que se rechaza porque era un proyecto de este gobierno, esos fueron los argumentos, y no se discutió el fondo”.

En tanto, desde el Colegio de Arquitectos tampoco están de acuerdo con el proyecto, según sostiene el presidente del comité técnico de Hábitat y Vivienda, Marco Rodríguez: “El proyecto no aporta mucho en el sentido de revertir la segregación social. Como colegio no estamos de acuerdo en la flexibilidad normativa que acompaña el proyecto, mucho más en favor del trabajo de las inmobiliarias que de las personas”.

Explica que, entre otras cosas, se permitirían eventualmente una altura mayor de pisos, mayor densidad y flexibilización de conos de sombra. “Nos preocupaba mucho, además, porque no existía participación social”, remarca.