Proyecto que permite revocar pensiones de gracia por estallido social provoca nuevo quiebre en el oficialismo

A pesar de las indicaciones que presentó el Ejecutivo para precisar los alcances del proyecto que permite revocar pensiones de gracia, los diputados del oficialismo volvieron a dividirse en la votación de tres mociones refundidas que abordaban este tema.

La iniciativa fusionada fue aprobada este viernes en su idea de legislar por 94 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.

En la mañana, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio), acompañada de sus pares de bancada, ya había advertido que su sector iba a votar en contra de esta iniciativa surgida desde la derecha, luego de que a fines del año pasado se revelara que entre los beneficiados -en su calidad de víctimas de la acción policial o militar, durante el estallido social- había personas con antecedentes penales y judiciales.

De hecho, los 25 votos en contra eran básicamente legisladores del Frente Amplio, del PC y de Acción Humanista, mientras que la mayoría de los parlamentarios del PPD, del PS, del Partido Liberal y el Partido Radical estuvieron por apoyar el proyecto, que volverá a la Comisión de Desarrollo Social para trabajar en un nuevo informe que precise el articulado. Entre las abstenciones había algunos frenteamplistas y socialistas, además de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC).

El primer caso que dio paso a la polémica por las pensiones de gracia fue el de Andrés Fuica Fuica (42), quien fue condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019.

Sin embargo, luego se conocieron varios casos más, lo que obligó al Ministerio del Interior a revisar la entrega de los beneficios y luego solicitar la revocación por la vía administrativa (sin necesidad de proyecto de ley) de una veintena de pensiones de gracia.

Además de Fuica, entre los casos detectados figuraban Sandro Jerez Salas, quien estaba imputado de dos delitos de robo con fuerza, cometidos en 2019; Gabriel Allende Torres, quien fue condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví; Adán Castro Cifuentes, condenado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros, tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica, durante protestas de octubre de 2019; y Juan Francisco Villalobos Prado, quien fue beneficiado cuando tenía una orden de detención por estafa y permanecía prófugo.

“Estamos de acuerdo en que hay que regular la discrecionalidad de las pensiones de gracia, pero ese proyecto (que se votó en la Cámara) atenta contra las facultades del Presidente para establecer las pensiones de gracia. Por eso mismo, en el Senado, el gobierno presentó un proyecto que recoge muchas de estas cosas para que efectivamente se pueda ir avanzando. Por eso, lo vamos a votar en contra, privilegiando el proyecto que presentó el gobierno, además con la confianza de que esto es para regular las pensiones y no controvertir el derecho a reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, dijo la diputada Fries (FA).

“Estamos cuadrados en esto”, sostuvo la jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas.

No obstante, el diputado Leonardo Soto (PS), quien integra la Comisión de Constitución, comentó que a diferencia de la postura del Frente Amplio y del PC, “como Socialismo Democrático votamos a favor de la idea de legislar. Incluso el gobierno está de acuerdo en que las pensiones de gracia que se han presentado en los últimos años por parte del gobierno de Sebastián Piñera y de Gabriel Boric tienen un grave problema, en alguna parte, porque se entregaron, en número menor, a personas que tenían antecedentes penales o que cometieron delitos con posterioridad”.

“Hay un acuerdo, entendemos, en el oficialismo de que se tiene que cerrar esa brecha. Vamos a probar la idea de legislar, pero algunas cuestiones particulares, vamos a votarlas en contra, porque son malas propuestas que han sido impuestas por la oposición. Nosotros nos vamos a ceñir estrictamente a las indicaciones que ha presentado el gobierno de Gabriel Boric, en el plano de votación en particular”, comentó Soto.

Ante esta nueva división en el oficialismo, el gobierno optó por mantenerse al margen y no desgastarse en la tensión interna. La prioridad de La Moneda es sacar la reforma propia que ya está en el Senado, en vista de que, además, las pensiones más controversiales ya fueron revocadas por decisión administrativa sin necesidad de una ley.

Adicionalmente, en el gobierno sostienen que si las indicaciones gubernamentales son rechazadas en la Cámara, el proyecto quedaría con un vicio de constitucionalidad, debido a que las temáticas que regula el proyecto son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo tanto, inevitablemente, solo quedaría en carrera la iniciativa que está en el Senado.