¿Qué pasó con las querellas por LSE contra camioneros?: Un dirigente en prisión y Fiscalía pidió formalizar a otros dos

“No podemos, a partir de los recursos de todos los chilenos resolver los problemas de grupos específicos”. Era miércoles 23 de noviembre del 2022 y desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciaba la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE) en contra de los camioneros que en ese entonces se mantenían movilizados. Desde entonces han pasado 162 días, y las acciones judiciales han tomado diferentes rutas. Del total de ellas, en tres regiones el Ministerio Público ya solicitó audiencia para formalizar a dirigentes gremiales, aunque existe otras en las cuales la Fiscalía ha decidió no perseverar.

En medio de las fracasadas negociaciones, durante las manifestaciones, la autoridad de gobierno anunció que serían 27 las querellas bajo la LSE que el Ejecutivo presentaría. Las acciones judiciales se concretaron, y se presentaron, principalmente, entre Arica y Valparaíso. A las que después se sumaron otras querellas a medida que pasaban los días y según avanzaban las manifestaciones.

Las manifestaciones en aquel entonces se produjeron luego de que los dirigentes gremiales paralizaran las carreteras del país en una concentración convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y por la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine.

A cinco meses de ocurrido aquello, el gobierno no ha desistido de las acciones legales. Esto, a diferencia de lo que ocurrió en abril del año pasado, cuando meses después de haber invocado la misma ley, el Ejecutivo desistió de las acciones judiciales en contra de los camioneros en la primera manifestación del gremio que debía enfrentar la administración del Presidente Gabriel Boric.

El 26 de abril la Fiscalía de Copiapó solicitó que se fije una audiencia de formalización en contra de la dirigenta de los camioneros de la zona, Patricia Rojas. Según la querella del gobierno por la Ley de Seguridad del Estado la sindica como “quien sería la representante del grupo, y además dirigente de empresa de buses Caldera, habría indicado que esto se debía al apoyo al paro de camioneros convocado a nivel nacional”.

El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó para el próximo viernes 26 de mayo a las 9.30 la formalización de Rojas, instancia en la cual se le formalizará por los delitos de crímenes y simples delitos, además de la Ley de Seguridad del Estado.

En la misma región, el Juzgado de Garantía de Copiapó fijó audiencia para que el Ministerio Público formalice a Gabriel Rojas bajo la LSE. Rojas se habría identificado ante Carabineros el 21 de noviembre durante la noche como el líder de los camioneros que esa noche realizaban un corte de tránsito en la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 824 en la comuna.

En la Región de Valparaíso, en tanto, se fijó una audiencia para el 17 de mayo para discutir el cierre de la investigación o ampliación del plazo de esta en contra de Marco Frez, camionero detenido y actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Quillota. En esa causa, también el gobierno se querelló en contra de otros dirigentes.

En el caso de Frez, no sólo se le imputan delitos por la Ley de Seguridad del Estado, sino también por tráfico en pequeñas cantidades y posesión o tenencia de armas. Estos últimos se le imputaron tras su detención por participar en las manifestaciones de los transportistas en La Calera.

Una de las primeras medidas judiciales bajo la normativa que tomó el gobierno fue en contra de Cristián Sandoval Inostroza. El representante de la agrupación Fuerza del Norte fue uno de los rostros de la manifestación, ya que era quien se mantuvo en las negociaciones con el Ejecutivo hasta el término del conflicto.

La querella por Ley de Seguridad del Estado fue presentada por la delegación presidencial de Arica, ante el Juzgado de Garantía de la misma ciudad. Hasta entonces, y según pudo conocer La Tercera PM, la causa no ha tenido avances después de la presentación de la querella y la designación de un abogado por parte del gobierno. La fiscalía de esa ciudad tampoco ha solicitado la formalización o no perseverar en contra de Sandoval. En la región, en el resto de las causas se mantiene en la misma condición.

En la Región de Antofagasta, la Fiscalía ha decidido no perseverar en una de las siete querellas, la gran mayoría de ellas en “contra de quien resulte responsable”. El resto de ellas se ha agrupado en una sola causa. En esa región el gobierno se querelló contra los dirigentes Luis Romero y Matías Ibarra.

También existen otras regiones en la que no se han presentado avances en la investigación en contra de los camioneros. Una de ellas es la Región de Coquimbo, donde se presentaron dos querellas las cuales hasta ahora son la única parte en la causa. Algo que también ocurre en la Región Metropolitana, donde se presentaron acciones en contra de camioneros por la paralización en Quilicura y Paine.

En la Región de Atacama el gobierno presentó cinco acciones, las cuales han tomado diferentes caminos. Por ejemplo, una querella no nominativa en Alto Hospicio, el Ministerio Público decidió no perseverar debido a la falta de antecedentes. Otras de las causas en la región se han agrupado, debido a que son por los mismos hechos.

Misma situación que siguió la Fiscalía de Vallenar, que el 9 de marzo pasado solicitó el sobreseimiento definitivo en contra de Guillermo Franulic Ardiles. El Juzgado de Garantía de la ciudad, el pasado 10 de abril acogió la solicitud del Ministerio Público, terminando así la causa en contra del dirigente gremial de los camioneros que en noviembre pasado paralizaron parte del país.