RD envía al tribunal supremo a militantes vinculados a lío de platas, pero mantiene en suspenso situación de Crispi y Latorre

Una situación compleja generó en la interna de Revolución Democrática la revelación de nuevos antecedentes respecto al caso de Democracia Viva.

La actual directiva, encabezada por Diego Vela, asumió el mando tras la renuncia anticipada del equipo liderado por el senador Juan Ignacio Latorre. De ellos se heredó la crisis más grande en la historia de RD, así como también tres sanciones en el tribunal supremo de la colectividad.

Las más firmes, máximo castigo, fueron las expulsiones de los dos militantes protagonistas del lío de platas: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade. Hoy, ambos se encuentran en prisión preventiva. Otra sanción aplicada por el tribunal supremo del partido fue la suspensión de la militancia por un año de Catalina Pérez.

Esta última parlamentaria ha sido crítica de cómo se manejó su caso por la directiva de Latorre, lo que quedó manifestado en la entrevista que le concedió a La Tercera, en donde afirmó que “creo que la falta de talento político, de profesionalismo, de mesura, de madurez, ha estado muy concentrada en la entonces directiva del partido, en particular en el entonces presidente del partido, que maximizó el daño que se le hizo a Revolución Democrática y, por supuesto, me hizo muchísimo daño a mí”.

Frente a esto, la tienda de Diego Vela ha optado por manejar la situación con más estudio, para poder revisar de mejor manera los antecedentes de cada uno de los casos que han salido en la prensa. De hecho, hasta ahora, esa labor la están realizando en la directiva en conjunto con la abogada Libertad Triviño.

Esto, sin embargo, implicó de todas maneras enviar antecedentes al tribunal supremo del partido. La misma instancia que sancionó a Pérez, Andrade y Contreras, tendrá que evaluar el devenir político de un grupo reducido de militantes vinculados al caso Democracia Viva.

“Desde que tuvimos acceso a nuevos antecedentes, analizamos los casos y en caso de detectar irregularidades o cosas por aclarar, seguimos la misma línea de casos anteriores activando procedimientos internos del partido y enviando los antecedentes al tribunal supremo, que es la institución encargada de evaluar y eventualmente sancionar”, planteó a La Tercera el timonel de RD, Diego Vela.

Dichas personas estarían encabezadas por otro caso complejo: la concejala por Antofagasta, Paz Fuica. El viernes pasado, La Tercera publicó el intercambio por WhatsApp entre Fuica y Daniel Andrade, previo a la suscripción de los polémicos convenios que estallaron el lío de platas.

Daniel Andrade: “Holii Paz, ¿Cómo estás? Oye puedes hablar hoy un ratito? Te tengo un proyecto que involucra lucas que te podría interesar allá en Antofagasta”.

Paz Fuica: “Hola Dani. Me interesa. Te llamo”.

Daniel Andrade: “Holi. Te llamo”.

Esto fue tres meses antes de los convenios por $ 426 millones entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Las conversaciones de las semanas siguientes sirvieron como coordinación entre Andrade y Fuica, en donde esta última recomendaba a varios conocidos para que entraran a colaborar con la polémica fundación.

Fuica, en todo caso, mandó esta jornada un comunicado, informando que fue ella quien pidió al tribunal supremo de RD que inicie una investigación sobre su trabajo en el programa de Asentamientos Precarios. “Siempre actué de buena fe”, agregó en el texto.

La cautela de la directiva al enviar a un militante al tribunal supremo de RD obedece a un punto que fue muy criticado en la interna de la colectividad frenteamplista bajo la dirección de Latorre.

En el partido fundado por Giorgio Jackson aún resienten la querella interpuesta por la colectividad al inicio del escándalo por el lío de platas.

Allí, el documento pidió que “se cite a declarar a las dependencias del Ministerio Público, sea en calidad de imputados, testigos, o víctimas, a todas las afiliadas a Revolución Democrática nombradas en lo principal de esta presentación; a saber: Carlos Contreras (exseremi); Daniel Andrade (expresidente de la fundación); Catalina Pérez (diputada); Paulina Cabrera (nueva presidenta de la fundación); Cecilia Millán (quien prestó su dirección a la fundación); Doris Pinto (tesorera), Tomás Flores (exdirector); Javiera Martínez Henríquez (exdirectora), Daniela Dresdner (exdirectora y delegada del Biobío); Carolina Pérez (exjefa de metodología); Tatiana Rojas (exsubsecretaria) y Camila Hernando (exjefa de metodología de la fundación)”.

Esto no gustó en RD. Tampoco tuvo el visto bueno de la comisión política la declaración ante la justicia del exsecretario ejecutivo del partido, Edson Dettoni, en donde se mencionó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán (CS), así como también a la jefa de la Dirección de Presupuesto, Javiera Martínez Fariña (RD).

Esto fue criticado en duros términos por el consejo político del partido, y en particular por el director de Metro, Nicolás Valenzuela, quien planteó en el grupo de WhatsApp de ese espacio: “Que nefasta declaración compañero. Esto no es lo peor. En otra parte figura gratuitamente involucrando a la directora de la Dipres en un proceso judicial. Lo encuentro impactante”, manifestó. Luego, prosiguió: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

Por lo mismo, hoy en RD solo han apuntado contra militantes contra los que tendrían los suficientes argumentos para enviar sus casos al tribunal supremo. Esto decantará en que sea difícil levantar, por ahora, un caso en el TS contra personeros como Miguel Crispi, quien hoy es jefe del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, y que tendrá que ir a declarar a la justicia durante los próximos días, en donde se le insistirá en cuándo tomó conocimiento de los polémicos convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Como sea, el asesor del Mandatario ha recibido un fuerte espaldarazo de su directiva.

También están en duda las acciones que se tomarán en los casos del extimonel del partido Juan Ignacio Latorre y la otrora subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. En el caso del senador, uno de los antecedentes que se encuentran en la carpeta revelaron que, tras conocido el lío de platas, en el grupo de WhatsApp interno de RD, Latorre indicó que “mejor ordenar primero la info (sobre el lío de platas). No mostrar cosas que no son necesarias por ahora”.

Por otro lado, en el caso de Tatiana Rojas, la exsubsecretaria del gobierno de Boric está en la mira por el anticipado conocimiento que tomó de la denuncia que realizó en mayo la asociación de funcionarios del Serviu de Antofagasta, en donde se mencionaban los polémicos convenios con Democracia Viva.

En la directiva no quisieron señalar si es que en el caso de Crispi, Rojas o Latorre serán pasados a la instancia partidaria.