Récord histórico de homicidios en Brasil: supera a México y está casi al nivel de Irak

Brasil batió un récord de homicidios en 2017, con un total de 65.602 casos, lo que equivale a 31,6 muertes por cada 100.000 habitantes, según el Atlas de la Violencia 2019 difundido esta semana por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). "Se trata del mayor nivel histórico de letalidad de la violencia intencionada en el país", señalan los autores del informe, que utiliza datos del Sistema de Información sobre Mortalidad del Ministerio de Salud.

"Lo que está sucediendo en Brasil es algo realmente sorprendente y fuera de los patrones mundiales. Pocos países se acercan a Brasil en términos de tasa de homicidios", afirmó Daniel Cerqueira, coordinador del estudio e investigador del IPEA, en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

En ese sentido, el diario Folha de S. Paulo afirma que la violencia brasileña supera a la de México y empata con la de Irak. En 2017, México tuvo 29.168 asesinatos, o 22,5 por cada 100 mil habitantes, según datos de la ONU y del Banco Mundial. Irak, en tanto, registró ese año una tasa de 34,4 muertos por cada 100 mil habitantes. Sin guerra o insurrección, el periódico señala que Brasil tiene tres veces más homicidios que Afganistán, país que en 2017 marcó un índice de 9,67 asesinatos por cada 100 mil habitantes. "No miramos los datos de otros países, pero creo que la información es correcta", comenta Cerqueira a La Tercera.

Los datos de 2017 revelan un aumento de la violencia especialmente en los estados del Norte y del Nordeste de Brasil, donde los homicidios crecieron 2,8 veces más que la media nacional. Siete unidades federales tuvieron un alza por encima del 10%. Sin embargo, varios estados, como Sao Paulo, siguen registrando una paulatina caída.

Según el estudio, posiblemente el fuerte crecimiento de la letalidad en las regiones Norte y Nordeste en los últimos años ha sido influenciado por la guerra de facciones criminales desencadenada entre junio y julio de 2016 entre los dos mayores grupos de narcotraficantes del país, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho y sus aliados regionales, principalmente las facciones denominadas como Familia del Norte, Guardianes del Estado, Okaida, Estados Unidos y Sindicato del Crimen.

De acuerdo con Cerqueira, a principios de los años 2000 eran cuatro facciones estructuradas y conocidas en el país. A lo largo de la década, esas organizaciones criminales ya suman más de 70. "Hoy, cada estado tiene al menos una facción", afirmó Samira Bueno, directora ejecutiva del Foro Brasileño de Seguridad Pública y una de las autoras del estudio.

Armas de fuego

El Atlas de la Violencia 2019 destaca, por otra parte, que el número de asesinatos por arma de fuego creció un 6,8% entre 2016 y 2017, llegando al nivel inédito de 47.500 muertes, lo que equivale a más del 70% de los homicidios registrados en el año. De los 27 estados, 13 tuvieron un aumento en el número de muertes por arma de fuego. La mayor alza se registró en Acre: el 70%.

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FOTO: AFP[/caption]

De acuerdo con Cerqueira, si no fuera por el Estatuto del Desarme, aprobado en 2003, "la tasa sería un 12% mayor". Samira Bueno subrayó que en los 14 años anteriores al estatuto la tasa de homicidios subía, en promedio, el 5,4% al año. En los 14 años siguientes, el aumento medio pasó a ser del 0,85% al año.

Por eso, los investigadores advierten sobre los efectos "nefastos" que pueden tener la flexibilización de la posesión y del porte de armas impulsados por el gobierno de Jair Bolsonaro. "Si el Estatuto del Desarme funcionó como un freno de los homicidios en Brasil, que llevó a algunos estados a ayudar en la reducción de homicidios, hoy vemos que la situación cambia con una flexibilización total sobre arma de fuego", dijo Cerqueira. "No hay dudas en cuanto a eso (el aumento de la violencia por estas políticas), conforme da fe la literatura científica nacional e internacional", explica el investigador a La Tercera.

En enero, el gobierno flexibilizó la posesión de armas, acabando, en la práctica, con la necesidad de justificar la real necesidad para la compra de armas. A principios de mayo, otro decreto flexibilizó las reglas para el porte de armas. Los cambios son impugnados en el Supremo Tribunal Federal. "Espero que la Corte Suprema anule" esos decretos, dijo Cerqueira.

Sin embargo, Carlos von Doellinger, presidente del IPEA, afirmó que la posesión de armas debe ser permitida al "ciudadano de bien, sin registro criminal". En todo caso, aclaró que defiende la posesión, no el porte de armas. "Eso ya está muy bien regulado y necesita ser restringido", dijo. Von Doellinger, quien actuó como secretario del Tesoro Nacional durante la dictadura militar, fue nombrado para el cargo en el IPEA por indicación del ministro de Economía, Paulo Guedes, después de formar parte del equipo de transición del gobierno de Bolsonaro.