La trama del quiebre de la junta directiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) no acaba. Hace unas semanas un correo electrónico enviado por el rector Patricio Sanhueza al directorio de la casa de estudios volvió a encender los ánimos.

El 2 de octubre, el rector anunció que no asistirá a las sesiones de la junta directiva de la UPLA, mientras el Presidente de La República, Sebastián Piñera no resuelva la petición de destitución de dos de sus miembros, quienes acusan una serie de irregularidades al interior de la universidad. Se trata de los directores Jorge González (ingeniero comercial y coordinador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez) y Fernando Reitz (técnico eléctrico y director ejecutivo de la inmobiliaria Dhelos), que cuestionan también el traspaso de $380 millones a la Fundación UPLA OTEC.

Todo comenzó el 24 de agosto pasado, cuando se realizó hasta ahora última de las reuniones del directorio de la UPLA, que actualmente componen el rector Sanhueza; el secretario general, Jorge Sánchez Valencia; el académico César Pacheco Silva; Anabella Arredondo; Cristina Orrego; Alejandra Contreras; y los mencionados Reitz y González, ambos designados por el mandatario. Luego de esta reunión que terminó a gritos y se extendió por dos horas y media, la junta directiva.

Pero en el correo enviado por el rector no solo rechazó asistir a las sesiones de la junta directiva, sino que también volvió cuestionar a los directores que solicitan una mayor transparencia en las cifras de la fundación. “Lamento la reiteración de procedimientos inadecuados por parte de algunos de los integrantes de la Junta Directiva, los cuales fueron materia de un informe preparado por una comisión especial nombrada y aprobado por la unanimidad del Consejo Académico según le consta, órgano que acordó se oficiara al Presidente de la República, sobre la situación ocurrida en las últimas reuniones de este Cuerpo Colegiado Superior”, señaló.

“Informo a usted que yo no asistiré mientras existan estas interrogantes”, acotó el rector en el correo dirigido Jorge Sánchez, Secretario General.

Por otro lado, el rector añadió que si bien en su oportunidad se propuso efectuar una sesión ordinaria para el 5 de octubre, lo cierto es que no fue despachada en forma oportuna la citación para la misma, de manera que “no tenemos conocimiento si sus miembros estarán en condiciones de participar y si se reunirá el quórum respectivo (mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, conforme lo señalado en el artículo 16 inciso 2° de los estatutos de la UPLA)”. "Naturalmente, la determinación del quórum es la primera gestión que debiese realizarse por el Secretario General, para definir si es posible o no celebrar una sesión de Junta Directiva”, explicó el rector en su respuesta.

Tal es el descalabro en la UPLA que a raíz del conflicto han renunciado a su cargo la Presidenta de la Junta, Ximena Azúa, así como de la Vicerrectora de Administración y Finanzas, Carolina Canales y del director Eduardo Cavieres. A dichas salidas se suma la partida de Jorge Sánchez, Secretario General a quien el rector Sanhueza le solicitó su renuncia tres días después de contestar su correo electrónico.

Sobre la decisión del rector Sanhueza, Carlos Hernández, académico de la Facultad de Educación explicó: “No la comparto, se debe abrir un diálogo entre los directores y buscar la solución a las discrepancias que existen. Sincerar el verdadero tema que nos divide, que es financiero y no político como se trata de presentar”. Hernandez junto a Reitz y González ingresaron una presentación a la Contraloría General de La República para que indague sobre las presuntas irregularidades.

Para Jorge González la renuencia del rector Sanhueza a participar de las sesiones de directorio a raíz del conflicto “es una situación extremadamente irregular y que no ayuda a calmar las expectativas ni de la gente de la directiva ni de los académicos ni de los funcionarios, toda vez que no solo se ha entregado la información que se ha solicitado, sino que tampoco se ha visto de parte del rector y de la administración un intento por hacer transparencia y acomodarse a la legislación vigente y la reglamentación”.

Según el último informe del Comité de Finanzas de la Junta Directiva de la UPLA, el formato de presentación de los estados financieros de la Fundación UPLA-OTEC no cumple con un estándar mínimo que permita identificar las cuentas contables en forma consistente de un año versus los otros, ya que el formato de campo no es homogéneo. A juicio de ambos, las características básicas de la contabilidad son proveer información en forma estructurada a través de la cual se permita conocer la marcha de una institución a terceros interesados, aunque ellos no tengan una formación en las áreas financieros contables. Los estados financieros auditados del año 2017 y 2018 se aprecian que ellos no cumplen dichas características de información.

La presentación concluyó que la Fundación UPLA-OTEC mantiene compromisos pendientes por $975 millones. Sin embargo, en la Nota 13 de los estados financieros las cuentas por pagar ascienden a $2.290 millones. Por otro lado, los gastos en materiales y útiles de enseñanza en el año 2017 suma $310 millones y en el año 2018 $985 millones. “A nuestro entender lo más probable es que estén mal clasificados ya que no parece razonable una variación tan significativa”, sostuvo la presentación.

El rector Patricio Sanhueza declinó efectuar comentarios sobre este artículo, pues a su parecer las consultas planteadas ya fueron resueltas en la entrevista realizada por este medio el pasado 16 de octubre. Aquí destacó que la UPLA ha sido destacada por su transparencia y desestimó las acusaciones que formulan parte de los directores.