Registro único, revisión de carpetas ocultas y georreferenciación de sitios: las propuestas para el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de la Dictadura

“Es imperativo que dispongamos de todos nuestros esfuerzos como Estado para que, junto a familiares de las víctimas y a la sociedad civil, en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado se avance en verdad y justicia respecto de las víctimas de desaparición forzada en Chile”.

Esa es una de las premisas que se repitió con fuerza la mañana de este jueves en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en la comuna de Santiago, donde se dio formalmente el vamos al diseño del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de la Dictadura. Ahí, en la instancia encabezada por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, alrededor de 60 representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de víctimas de desaparición forzada se dieron cita para comenzar a dar forma a las medidas que se incluirán en el programa. Porque como dijo en su cuenta pública el Presidente Gabriel Boric, el 11 de septiembre de 2023 se espera tener una respuesta más integral al “dónde están”.

Se trató del primer encuentro participativo que contempla inicialmente la fórmula que, hasta ahora, tiene definidas cuatro etapas: participación y diálogo, coordinación institucional y adquisición de compromisos, sistematización de recomendaciones y redacción del plan, y aprobación y difusión del mismo. Eso sí, aunque se puso énfasis en que todo el diseño se hará junto a las organizaciones, las autoridades de gobierno no llegaron con las manos vacías y expusieron una serie de propuestas a incluir.

Así, se dio cuenta de la idea de establecer cinco ejes y líneas temáticas que servirían para estructurar el proyecto, en base a las obligaciones internacionales, recomendaciones de la sociedad civil y experiencia comparada. La apuesta inicial es realizar una sistematización de todos los datos disponibles en distintos estamentos, cruzar información, revisar las carpetas que se mantuvieron sin revisar en las dependencias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, hacer una georreferenciación de sitios de exhumación y, entre otros asuntos, realizar una campaña de toma de muestras de sangre. Todo -recalcaron- para dar con el paradero de las al menos 1.159 víctimas de desaparición forzada que aún son buscadas por sus cercanos.

“Este es un compromiso de nuestro gobierno. A pesar de que han pasado más de cuatro décadas, existen más de mil víctimas cuyos restos no han sido hallados, identificados y entregados a sus familiares, quienes no sólo no han podido hacer un entierro como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad, no saben las circunstancias, ni han logrado justicia (...) Hay acciones pendientes que el Estado no ha realizado, tenemos deudas y tareas pendientes y esperamos poder cruzar información, entonces tenemos confianza de que con esto vamos a poder avanzar”, manifestó al respecto la ministra Ríos.

Asimismo, considerando que el plan contempla una mesa intersectorial en la que diferentes instituciones tomarán compromisos, incluidas autoridades del Ministerio de Defensa, la secretaria de Estado también sostuvo que “todas las instituciones del Estado tienen que estar al servicio de este trabajo, lo hemos conversado con la ministra (de Defensa) Maya Fernández y, una vez que tengamos diseñado este plan en conjunto con las organizaciones, vamos a poder tener una conversación más detallada con las Fuerzas Armadas para pedir colaboración en casos específicos”.

En cuando a los plazos, la subsecretaria Oberreuter explicó que, aunque el anhelo es tener el plan consolidado a comienzos de 2023, están dispuestos a tomarse todo el tiempo que se requiera para concordar con los familiares el mejor camino. Y es que ellos, como agregó, vieron en el anuncio del Presidente “que por fin hay un compromiso por la verdad, la justicia, la reparación. El Mandatario nos marcó un mandato de tomar las riendas de este proceso y hacernos cargo de la deuda que el Estado de Chile tiene ya por medio siglo”.

Aunque ya son más de cuatro décadas en que familiares y agrupaciones han luchado y esperado por justicia, la totalidad de los asistentes al encuentro concordó en que tienen confianza y esperanza en que esta vez sí se dará cumplimiento al compromiso adquirido. Eso sí, como comentó a La Tercera PM Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no hay cheques en blanco.

“Nosotros tenemos confianza, pero no es algo absoluto. Los familiares de las víctimas, y lo comprobamos en el encuentro nacional que tuvimos en Valdivia todas las agrupaciones a finales de agosto, planteamos que tenemos esperanzas, pero también expusimos claramente que no entregamos toda nuestra confianza. Vamos a ir viendo lo que se diga y lo que se haga, por la experiencia que hemos tenido de todos los gobiernos. Pero hasta ahora, por la forma en que el Presidente Boric se ha pronunciado, tenemos esperanza”, expuso.

En el mismo sentido, Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Detenidos y Desaparecidos de Paine, sinceró que creen estar ante “un compromiso real y potente” que los tiene muy esperanzados. “No conocíamos un plan de esta envergadura para encontrar los restos de nuestros familiares. Siento que efectivamente aquí hay un compromiso real con los derechos humanos. Han sido 49 años de muchísimo sufrimiento y de búsqueda de justicia, ha sido muy injusto lo que hemos vivido, las primeras iniciadoras de esta agrupación ya han fallecido, pero ahora tenemos la esperanza de poder tener la verdad más cerca que nunca”, indicó.

Como dijo Juanita Lazo, integrante de la misma organización, no tienen fe en que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con antecedentes, pero insistió en su llamado a que puedan colaborar. “Los bandidos jamás han reconocido ser los asesinos, fueron quienes desaparecieron a la gente y nunca lo han reconocido, pero espero que en esta oportunidad tengan conciencia y puedan entregarnos la verdad que necesitamos. Antes de morir queremos al menos poder ir a tirar una flor en el lugar en que están nuestras familias”, aseguró.

Como se afirmó, desde la instalación del gobierno que los personeros de Justicia están avanzando en la configuración de una base para este plan de búsqueda, revisando la normativa internacional y reuniéndose por separado con distintas agrupaciones. Por lo mismo, hoy ya disponen de una batería de al menos 35 acciones que iniciar y/o terminar, divididas en cinco áreas.

En primer punto, se planteó la necesidad de adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos de las víctimas, lo que debe hacerse “necesariamente” -como recalcaron las autoridades- mediante la participación activa de los familiares. Por ello, se propuso establecer un mecanismo de consulta on line sobre el estado de búsqueda de una persona, entregar apoyo psicosocial, fijar un protocolo de atención con enfoque diferencial, entre otras medidas.

Asimismo, se manifestó el objetivo de “conocer el universo total de víctimas de desaparición forzada en Chile, tanto en lo concerniente al número de personas detenidas desaparecidas como aquellas ejecutadas políticas sin entrega de restos”. Ahí, las ideas puestas sobre la mesa incluyen: elaborar un estudio que sistematice y determine el universo total de víctimas; confeccionar un listado de víctimas de desaparición forzada cuyos restos han sido encontrados, identificados y entregados; toma de muestras de sangre en todo el territorio nacional; periciar las osamentas que se encuentran en dependencias del Servicio Médico Legal, y confeccionar una ficha con los datos ante mortem de las víctimas de desaparición forzada.

En tercer lugar, se propone recopilar, sistematizar y analizar los antecedentes contenidos en diversas instituciones públicas y privadas. Para ello, entre otras acciones, se desliza la necesidad de revisar sentencias judiciales firmes dictadas en los procesos criminales en los que se investigó el secuestro y/o homicidio; recopilar, analizar e investigar la información contenida en los Consejos de Guerra durante la dictadura; sistematizar, revisar y analizar las carpetas de los soldados exconscriptos durante la dictadura cívico-militar.

Como cuarto punto, se expone la necesidad de desarrollar una investigación del paradero de las víctimas de desaparición forzada y realización de trabajos para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares. Para lograrlo, ofrecen realizar un catastro de todos los sitios conocidos de inhumaciones y exhumaciones ilegales, georreferenciando su ubicación; solicitar al Poder Judicial que ordene la realización de los trabajos de arqueología forense; establecer un mecanismo para que familiares de víctimas y agrupaciones entreguen información acerca de posibles lugares de interés, entre otros puntos.

Y finalmente, sostienen que habría que investigar judicialmente el paradero y ubicación de las víctimas de desaparición forzada. Con ese fin en la mira, proponen, entre otros aspectos: confeccionar un catastro de causas criminales en las que se está actualmente investigando el delito de inhumación y exhumación; determinar el universo de víctimas respecto de las cuales se interpondrán querellas; definir estrategia judicial; fijar mecanismos y procedimientos de articulación, coordinación e intercambio de información “doble vía” con el Poder Judicial.

Todas estas medidas, cabe precisar, están supeditadas a los acuerdos que se tomen con las familias. Algunas podrán ser eliminadas, otras complementadas o podrían llegar nuevas ideas, ya que el diseño de lo que será el producto final contempla encuentros en cada una de las regiones del país.