Remezón en el Ministerio Público: la reservada solicitud de audiencia en que será formalizado un fiscal por violencia intrafamiliar

Dos son los delitos por los cuales el Ministerio Público solicitó formalizar al persecutor de la Fiscalía Oriente, Pablo Antúnez Molina, quien fue denunciado por hechos de violencia intrafamiliar por su expareja, también funcionaria de la misma repartición del ente persecutor. Hechos por los cuales además la institución debió aplicar sumarios en contra de otro fiscal quien no se ajustó a los protocolos para este tipo de delitos, partiendo porque no pasó a control de detención a su colega y sólo lo dejó citado a la Fiscalía.

El caso que hoy investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso se inició el 19 de enero. Esto, luego de una denuncia que presentó la expareja del fiscal, quien llamó a Carabineros tras una discusión con el persecutor de la unidad de Robos Violentos de la Fiscalía Oriente.

La víctima, quien posteriormente presentó una querella por este caso, relató que esa jornada se encontraba en el departamento de Antúnez en Providencia donde se desencadenó una discusión tras el término de un matrimonio de 20 años. Según consta en la querella publicada por Meganoticias, el fiscal habría encerrado a la mujer al interior del inmueble señalando que se iba a quitar la vida por las discusiones que habían tenido el último tiempo.

Tras un forcejo entre ambos, la víctima logró salir del departamento corriendo por el pasillo del edificio. Ante esa situación el fiscal siguió a su expareja, empujándola contra una pared, provocando que se golpeara y cayera al piso.

A raíz de estos hechos, recientemente la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, -en un escrito al que accedió La Tercera-, solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de Antúnez por los hechos ocurridos en enero, calificado como un delito de lesiones menos graves cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. A este se suma el delito de maltrato habitual, el cual fue señalado en la querella de la expareja del fiscal, quien relató una serie actuaciones de maltrato psicológico durante los años de convivencia.

Previo a la solicitud de formalización de la fiscal regional de Valparaíso, el tribunal también suspendió la audiencia de sobreseimiento definitivo solicitada por la abogada defensora, Silvia Olivares.

Lo anterior, porque -según fuentes conocedoras de la investigación-, el proceso judicial ha tenido una serie de cuestionamientos. Y es que tras la denuncia realizada por la mujer a Carabineros y funcionarios de seguridad municipal de Providencia, la causa fue tomada por el fiscal de flagrancia Anatole Larrabeiti, quien no pasó a control de detención a su colega.

Aquello generó que a las 8 de la mañana del día siguiente, y una vez que la fiscal regional Lorena Parra tuvo conocimiento de los hechos, se notificó tanto a Antúnez como a Larrabeiti del inicio un sumario en su contra. En el caso del fiscal denunciado, además se le suspendió de su cargo.

Al fiscal Larrabeiti, en cambio, se le abrió el proceso administrativo porque si bien decretó las primeras diligencias, su trabajo no se ajustó a los protocolos establecidos para las denuncias VIF.

En paralelo, la Fiscalía Oriente, a través de sus unidades de Género y de Víctimas y Testigos, solicitó al tribunal las primeras medidas de protección, las cuales se concedieron. Y consigo se dio cuenta a la Fiscalía Nacional debido a que el investigado se trataba de un funcionario del Ministerio Público.

A raíz de aquello, la entidad dirigida por el fiscal nacional Ángel Valencia, derivó la investigación a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, quedando a cargo el fiscal regional José Pérez Calaf. Sin embargo, según consta en la solicitud de formalización, este último decidió cerrar la investigación “por decisión administrativa”.

En medio de ese proceso, la denunciante presentó la querella solicitando una serie de diligencias. Y es que entre los antecedentes del caso incluso existiría la grabación de cámaras corporales de los guardias municipales de Providencia, las cuales servirían como evidencia del caso.

Ante la decisión del fiscal regional Occidente, la abogada querellante del caso, Marta Poblete, ingresó una solicitud para que se reabriera la investigación. Esto fue acogido por el Octavo Juzgado de Garantía el pasado 25 de septiembre, dando un plazo de 30 días para las diligencias. A raíz de aquello, la Fiscalía Nacional cambió la causa, esta vez nombrando a la fiscal Perivancich a cargo de la investigación, quien finalmente solicitó la formalización.

La Tercera consultó la Fiscalía Regional de Valparaíso respecto a la formalización, organismo que descartó referirse por ahora a esta causa.

En la arista administrativa, por su parte, la Fiscalía Oriente finalizó el sumario de Antúnez, contra quien concluyó que debía dejar el Ministerio Público, elevando al fiscal nacional Ángel Valencia su solicitud remoción. Hasta ahora, según señalaron desde la Fiscalía Nacional, no se ha concretado dicha salida. En el caso del fiscal Larrabeiti se le aplicó una censura por escrito por no haberse apegado a los protocolos de causas VIF en flagrancia.