Remoción de jefe de Régimen Interno, alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad y nuevas amenazas: los coletazos de la revuelta de reos de máxima peligrosidad

A cuatro días de que se cumpla un mes desde que se iniciaron los desórdenes que mantienen en alerta al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), antes conocido como la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), son varias las repercusiones que se han desencadenado.

Dado que los internos, en su mayoría peligrosos sujetos de nacionalidad venezolana ligados al Tren de Aragua, no han depuesto las acciones y han persistido en sus intentos de vulnerar las medidas de seguridad del recinto, el pasado jueves 27 de junio Gendarmería estampó una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra de 18 de ellos.

Además, tras nuevos disturbios ocurridos durante la madrugada del miércoles 26, funcionarios penitenciarios procedieron a esposar de manos y pies a siete de los reclusos al interior de las celdas, tal como se había anunciado ante tribunales con miras a controlar la situación.

Pero esas no han sido las únicas medidas adoptadas, pues en medio de los desórdenes se decidió remover a la alcaide del recinto, Fabiola Valladares, y se nombró en su lugar a Patricio Roa, quien asumió labores el 17 de junio. La determinación, de acuerdo con fuentes ligadas a la institución, en todo caso, no está directamente relacionada con los desórdenes, sino que se vincularía con distintos movimientos que se están haciendo en centros penitenciarios en relación con la disposición del nuevo alto mando.

La resolución, de todas maneras, estuvo acompañada de otro ajuste. También se optó por cambiar a quien se desempeñaba hasta hace algunos días como jefe de Régimen Interno del recinto, que corresponde al funcionario que debe velar por la seguridad al interior del penal y también por que todo marche de acuerdo con las disposiciones establecidas, desde las horas de encierro, desencierro, visitas, etc.

Y según fuentes conocedoras de ese cambio, se estimó que ante los disturbios generados por los reos se pudo actuar de mejor forma. Además, dicen los mismos personeros, la medida también se aplicó para dar una señal de que se fortalecerán todas las medidas que se requieran.

Pese a esos ajustes, funcionarios que se desempeñan en el Repas insisten en que muchas veces las autoridades les impiden actuar con mayor fuerza ante los desordenes y que, además, están desprotegidos ante el actuar de los imputados.

“El personal sobrelleva estos eventos por la lealtad que mantienen, es la única razón por la cual aún permanecen en pie. Los funcionarios mantienen el control de la cárcel, evitando que los reos puedan salir a las calles y dañar a la ciudadanía, pero ya es mucho para todos. Han empezado a seguir a funcionarios, tomarles fotos mientras se encuentran en calidad de franco, fuera de la unidad siempre hay extranjeros observando y las autoridades tanto institucionales como gubernamentales tienen a la deriva a estos funcionarios que seguimos dando la pelea, nos tienen a nuestra propia suerte”, manifestó un gendarme que se desempeña en las mencionadas instalaciones y que, por razones de seguridad, se mantendrá sin ser identificado.

En medio de los violentos hechos, durante la jornada de ayer lunes la senadora Ximena Rincón propuso a sus pares realizar una sesión especial para abordar lo ocurrido en el Repas, lo cual fue aprobado y se materializará el próximo 25 de julio.

En paralelo, diputados que han seguido de cerca el caso, Cristián Araya (republicano) y Andrés Longton (RN), solicitaron al gobierno darle prioridad al proyecto que aumenta penas a reclusos que provoquen destrozos en las cárceles.

“Hay que evitar que se desencadene una crisis carcelaria debido al descontrol que estos grupos criminales pretenden instalar al interior de los recintos penitenciarios”, manifestó Araya. Y agregó: “Debemos inhibir desde ya estos intentos por provocar caos dentro de los recintos penitenciarios, sobre todo considerando que se trata de bandas poderosas que además amenazan a los gendarmes e incluso intentan sobornarlos. Si el gobierno y el Estado no dan una señal clara en esta materia, el crimen organizado podría lograr su objetivo de tomarse las cárceles. Este es un proyecto que tiene apoyo transversal de las distintas bancadas, y por lo mismo hay que darle prioridad”.

En línea, Longton sostuvo que “se debe sancionar con mayor dureza este tipo de situaciones, porque no hay ningún disuasivo para estos delincuentes de alta peligrosidad pertenecientes a bandas transnacionales, que rompen el mobiliario de la Cárcel de Alta Seguridad y su actuar no tiene ninguna consecuencia. Hay que establecer penas más firmes, pero también restringir cualquier tipo de beneficio para quienes destruyen las cárceles, aplicando una sanción penal acorde al daño provocado”.

Las amenazas que afectan a funcionarios, en todo caso, no son situaciones que se limiten a la unidad de máxima seguridad.

Sin ir más lejos, durante la madrugada de este martes sujetos que aún no han sido identificados lanzaron panfletos en contra de funcionarias que se desempeñan en la cárcel de mujeres de San Joaquín.

El hecho no se vincula, por ahora, con la situación registrada en la Cárcel de Alta Seguridad. Sin embargo, quienes están al tanto de la situación que se vive en torno a los diferentes recintos aseguran que esto da cuenta que tanto internos como sus cercanos no temen a emprender acciones más violentas para lograr sus objetivos.

“Muerte al opresor y a toda su descendencia. Vulneradoras de los derechos humanos. Denigradoras de seres humanos. Abusadoras de poder (...) ¡Muerte al opresor! Compañeros unidos”, se lee en los escritos, donde además posicionaron imágenes de bombas, granadas y del símbolo anarquista.

Producto de esta nueva situación, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, Gendarmería estampó una denuncia ante el Ministerio Público y también ingresarán una querella por el delito de amenazas. Esto, en línea con la disposición que ha expresado el ministro de Justicia, Luis Cordero, que advirtió que con este tipo de hechos no serán amedrentados y que no se cederá en la disposición de medidas de seguridad.

El Ministerio Público formalizará próximamente a 17 internos que han protagonizado gran parte de los destrozos y, en esa determinación, aparecen como clave las declaraciones de funcionarios que presenciaron el momento en que estos se activaron.

“Al apersonarme en la sección, se informó que había una situación de riesgo en los patios, por lo que el personal que acudió al llamado de apoyo, junto con el personal de trato directo nos agrupamos al exterior del patio N° 3, lugar en donde visualicé que había internos de otros patios agrupados en él, los cuales se encontraban provistos con fierros extraídos de las mesas de pimpón. Previo a la habilitación de la puerta de acceso al patio, en reiteradas ocasiones se solicitó a la totalidad de internos involucrados que depusieran su actuar, haciendo caso omiso a las instrucciones del personal, presentando en todo momento una actitud agresiva, amenazante y subversiva, arrojando objetos y lanzando golpes con elementos contundentes (metal) a través de la ventana de la puerta de acceso al patio, la cual habían destruido”, declaró, entre otros, un gendarme segundo.

A su turno, un gendarme primero que resultó con lesiones ese día también declaró. “Observo que los internos mantenían en su poder elementos contundentes, como fierros, pedazos de madera y algunos con los rostros cubiertos, pero todos con actitud desafiante; en un par de segundos me percato que un interno con un fierro en su mano golpeaba al cuerpo de un colega no recuerdo quién como tampoco cuál interno ya que tenía su rostro cubierto, ante lo cual concurro donde ellos para quitarle el fierro, donde el interno luchaba contra mi persona para no soltar el elemento, instante en que pierdo el equilibrio específicamente con el pie izquierdo provocándose una especie de palanca, en el instante siento un tirón”.