Los próximos días serán decisivos para zanjar la disputa entre la Compañía de Jesús y un grupo de exalumnos del Colegio San Ignacio del Bosque, que el 10 de agosto de 2020 presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la orden religiosa. En la acción, que se ventila en el 13º Juzgado Civil de Santiago, los exalumnos denunciaron haber sufrido una serie de vejaciones y abusos sexuales durante su enseñanza media -entre los años 1986 y 1992- por parte del exsacerdote y profesor Jaime Guzmán Astaburuaga.

Según la demanda, durante su permanencia en dicho colegio, el sacerdote solía hacerles preguntas de índole sexual en las confesiones, mantenía un lenguaje erotizado con los menores y fotografiaba desnudos a sus alumnos en diversas actividades extraprogramáticas, como talleres o retiros espirituales. Luego -consigna el escrito-, era habitual que publicara algunas de esas fotografías en un diario mural del recinto educacional.

Los denunciantes son Sebastián Milos (44), empresario; Daniel Palacios (44), sociólogo; Allan Pineda (45), ingeniero comercial, y Juan Pablo Barros (45), periodista. Cada uno de ellos exige ser indemnizado en $120 millones y acusan a la administración del recinto de no tomar las medidas necesarias para evitar los abusos, sino que también de infringir el deber de cuidado al seleccionar a sus sacerdotes y docentes.

Si bien el 20 de octubre de 2020 la orden jesuita rechazó de manera enérgica la acción judicial, advirtiendo que la demanda está prescrita y que lo ocurrido se debe entender bajo un “contexto social muy distinto al actual”, hoy su postura parece haber cambiado y se abrió a negociar con sus demandantes.

El miércoles, los abogados Ignacio Vargas y Juan Pablo Hermosilla, de la Compañía de Jesús, y las víctimas, respectivamente, presentaron un escrito al tribunal en el que solicitaron “más tiempo para analizar los términos y aspectos de una eventual conciliación”. El tribunal originalmente había agendado para el día 17 de febrero una audiencia de conciliación, pero posteriormente ésta fue suspendida. Luego se fijó una nueva fecha y ayer finalmente debían reunirse las partes para analizar un eventual avenimiento, pero decidieron postergar la cita para continuar las conversaciones, a fin de poner fin al juicio. Ambos abogados propusieron realizar la audiencia el próximo jueves 18 de marzo, a las 10.30 horas.

El inicio de las negociaciones entre la orden religiosa y los exalumnos que acusan abusos se produce a solo dos semanas de que el Papa Francisco ratificara la dimisión del estado clerical y la expulsión de la Compañía de Jesús de Jaime Guzmán Astaburuaga.

El exsacerdote había presentado un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, en enero de 2020, quien determinó dicha sanción, la más grave establecida en el Derecho Canónico, tras un proceso administrativo penal que acreditó diversos abusos sexuales del exclérigo contra menores de edad.

“Como Compañía de Jesús, nuevamente pedimos perdón a las víctimas y sus familias por el grave daño causado, y reiteramos nuestro reconocimiento a su valentía al dar cuenta de sus testimonios, los que fueron vitales para esclarecer los hechos y sancionar de acuerdo a la gravedad de los mismos, permitiéndonos iniciar procesos de diálogo y de reparación”, señaló la orden religiosa por medio de un comunicado divulgado el 8 de febrero al anunciar la noticia.

Conocedores del proceso sostienen que un eventual acuerdo no será sencillo, aunque destacan la voluntad de las partes para terminar con el conflicto. En particular, por otras peticiones anexas a la demanda que solicitan los denunciantes.

En la contestación que la Compañía de Jesús hizo a la demanda de los exalumnos del San Ignacio, señaló que “no desconoce ni desmiente” los hechos relatados por los denunciantes, los que coinciden con los testimonios que prestaron durante las investigaciones previas que se llevaron a cabo.

Si bien cercanos a la orden admiten que una reparación económica podría cerrar el caso, también aclaran que entregar $120 millones a cada demandante es “imposible”. Por otro lado, las conversaciones sostenidas entre las partes han puesto como foco la “reparación simbólica”, más allá de la compensación económica, ya que los denunciantes estarían dispuestos a bajar sus pretensiones monetarias.

Sebastián Milos, uno de los denunciantes, respondió a La Tercera PM que la “reparación simbólica” consiste en “que la Compañía asuma la responsabilidad que tuvo en esa época en estas situaciones abusivas ya acreditadas y que se haga público el informe de la investigación canónica respecto de este caso”. “La reparación económica para nosotros es totalmente secundaria y estamos dispuestos a que sea significativamente menor si se establecen los aspectos de transparencia. Creemos que es fundamental que la Compañía sea muy transparente en estos procesos y confiamos en que así será”, agregó.

En tanto, desde la Compañía de Jesús explicaron que “estamos en conversaciones con los demandantes y su abogado, las que se han dado en el marco del proceso judicial existente y que se tramita ante los tribunales de justicia. Estas han avanzado y esperamos que lleguen a buen término. Considerando lo anterior, esto es que existe un proceso judicial en tramitación y que estamos en conversaciones, creemos conveniente no referirnos al detalle de dichas conversaciones”.

Ambas partes cuentan con abogados que conocen de litigios y negociaciones complejas. Los denunciantes son representados por Juan Pablo Hermosilla, quien fuera abogado de las víctimas de Fernando Karadima; de Verónica Calderón Volochinsky y de un grupo de actrices que ha ejercido acciones legales en contra del exdirector de teleseries Sebastián Abreu.

Por su parte, Ignacio Vargas es un connotado litigante con dilatada experiencia en procesos civiles, comerciales, de Ley de Mercado de Valores, recursos naturales, portuarios, minería, de concesiones y otros.