Robos, desórdenes, atentados, incendios, homicidios: El catastro de Interior de delitos que se imputan a 232 detenidos por el estallido en prisión preventiva

Una de las consignas levanta en las protestas de las últimas semanas, muchas de las cuales han tenido como escenario el centro de Santiago, ha sido “libertad a los presos de la revuelta”. Y de hecho, según el monitoreo que está realizando el gobierno y Carabineros, para estos días se esperan más movilizaciones en torno a esta temática. Este ha sido, también, el motivo para el cual se decidiera reforzar la seguridad en torno a los penales.

Desde el Ejecutivo han rechazo, en reiteradas veces, que exista un afán político para detener a personas. Lo mismo se ha hecho desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes han explicado que no existen motivaciones de una naturaleza ajena a la prueba rendida y a la legislación vigente.

El tema es seguido de cerca por La Moneda, pues la consigna es una de las motivaciones de las últimas 34 protestas que se han suscitado en el centro de Santiago. Por lo mismo, el Ministerio del Interior elaboró un catastro, en base a la información existente en el Poder Judicial, de los delitos por los cuales fueron detenidos quienes hoy se encuentran cumpliendo prisión preventiva y cuyo arresto se dio en el marco de la crisis social.

Según este registro, son 232 las personas que están detenidas en 16 penales del país, y fueron enviadas a la cárcel entre el 20 de octubre del 2019 y el 30 de octubre de este año. La mayoría está privada de libertad en la Región Metropolitana, en la cárcel Santiago 1.

De estos, 126 detenidos fueron formalizados ante un tribunal de Justicia, por parte del Ministerio Público, por delitos de receptación y robos. Sobre este último ilícito, hay imputados por atracos con violencia, sorpresa, intimidación y fuerza.

Los otros delitos por los cuales hay imputados detenidos son: incendio (13), Ley de Armas (15, desórdenes y daños (25), atentados y colocación de artefactos explosivos (15), tráfico de drogas en pequeñas cantidades (12), y homicidio (5). El resto (20) se distribuyen, en ilícitos como amenazas, un femicidio, dos por Ley de Seguridad del Estado, entre otros.

Estos casos han generado algunas disputas públicas. La última, la protagonizaron el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y Benito Baranda.

El 28 de octubre de este año, Baranda dijo en El Mercurio que “hay que diferenciar adecuadamente a las personas que estaban luchando en las calles y que pusieron la cara también ante las acciones violentas de las fuerzas policiales”.

Galli respondió que “los hechos de violencia que ocurrieron con posterioridad al 18 de octubre son graves y condenables. Nuestra legislación penal establece una sanción para aquellas personas y lo que corresponde es que la justicia investigue, que la Fiscalía lleve adelante investigaciones penales en contra de aquellos responsables, y si se determina su responsabilidad, que sean sancionados conforme a la ley”.

Desde el gobierno explican que las prisiones preventivas dictadas por los tribunales obedecen a criterios “puramente jurídicos y nunca políticos”.

Para el gobierno, según han explicado fuentes del Ejecutivo, es fundamental que las policías detengan a las personas que estén cometiendo delitos flagrantes.

Es por eso que se está desarrollando una estrategia con Carabineros para ir en esa línea: tener medios de prueba, como videos y testigos, que den cuenta de cómo, por ejemplo, se configura un delito de ataque con bomba molotov a un carabinero.

Es por eso que en la policía y el Ejecutivo causó “sorpresa” el caso de un joven de 26 años, que el miércoles fue detenido en el centro de Santiago, por robo en un sucursal, pero tenía un prontuario de 145 arrestos previos. El último, de hace 5 días, cuando un tribunal lo había dejado con arresto domiciliario por desórdenes en Providencia.

El 24 de noviembre, Galli señaló que las protestas violentas, donde se han sustentado los últimos desmanes en el centro, “demandan es la libertad de personas que están presas por haber cometido los mismos delitos que se vieron ayer, por saqueos, por lanzar molotovs, por incendios. Una democracia en que rige el Estado de Derecho aplica las sanciones penales para aquellos que cometen graves infracciones a nuestra ley y que ponen en riesgo la integridad física y la vida de sus compatriotas. Eso es porque no creen en la democracia y en el Estado de Derecho”.

Desde octubre del año pasado, el Ministerio del Interior, a través de su dirección jurídica, ha interpuesto un total de 534 querellas, 441 en la región Metropolitana y 93 en regiones, contra un total de 1782 imputados, por delitos asociados a desórdenes públicos y ataques contra la policía.