Gobierno repone indicación de alza a los precios base de las isapres en una tensa Comisión de Hacienda

Para la mañana de este lunes estaba citada la primera Comisión de Hacienda del Senado que tenía por objeto seguir con la discusión sobre la ley corta de isapres que busca darle una salida a la crisis del sector luego de los fallos de la Corte Suprema que las mandata a devolver cobros en exceso y modificar el cobro de ciertos aspectos de los planes de los usuarios.

Pero como toda la tramitación, la instancia se presumía compleja, toda vez que la semana pasada en la Comisión de Salud los senadores sorprendieron al Ejecutivo y rechazaron el alza a los precios base de las isapres. En juego, para este lunes, no solo se pondría el futuro de esa indicación, que al final del día el gobierno repuso sin modificaciones para ser votada este martes por la comisión, sino que -otra vez- la capacidad de negociación de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el gobierno en general. Quizás si por esa razón no resultó llamativa la llegada de Álvaro Elizalde, ministro Segpres, en medio de la primera comisión, la que en su transcurso no estuvo alejada de las tensiones y los cruces entre los otros representantes del Ejecutivo -superintendente de Salud, Víctor Torres, y director de Fonasa, Camilo Cid- y algunos de los parlamentarios.

En tal sentido, la comisión comenzó con una exposición de Aguilera, donde resumió la crisis y los tres fallos de la Corte Suprema que llevaron a la tramitación de la ley: el de agosto 2022 sobre adecuación de precios bases; el de noviembre de 2022 sobre tabla de factores, y el de agosto de 2023 sobre prima GES.

En dicha presentación en una de las láminas se hacía referencia a las “consecuencias sin proyecto”, las que apuntaban a un “deterioro de coberturas, aumento de gasto, bolsillo, corralitos o pérdida de elección” para usuarios; “ingresos insuficientes, deterioro de indicadores, insolvencia e intervención o quiebra” por parte de las isapres; “riesgo de cierre, quiebra de clínicas, menor liquidez y menores remuneraciones” para los prestadores; así como “aumento del gasto para Fonasa o un posible arbitraje internacional” para el Fisco.

Y así, luego de 50 minutos de presentación llegó el turno de los senadores miembros de la mentada comisión (Ricardo Lagos Weber, PPD; Daniel Núñez, PC; José García Ruminot, RN; Juan Antonio Coloma, UDI, y José Miguel Insulza, PS), pero también de aquellos que participaron en ella, como Rojo Edwards (Ind.) o Sergio Gahona (UDI).

Antes Núñez ya había advertido que la comisión no podía revisar todo el proyecto, sino solo lo referente a las 16 normas sobre los efectos financieros. Insulza expuso algo en línea similar: “No estamos para discutir aquí de nuevo la ley corta de isapres, a uno le puede gustar o no, pero no es tema de aquí”, dijo. Esto en referencia a las palabras de Edwards, que poco antes había dicho que el fallo inicial de la Suprema es “ilegal”, que de ahí parte todo, lo que ve como “una forma judicial de terminar con un sistema de salud”.

Núñez fue el primero en dar muestra de parte de un senador oficialista en torno a poner en duda ciertos aspectos ya aprobados en Salud: “¿Por qué el Consejo Consultivo? ¿Por qué hay que asesorar? Podría haber un conflicto de interés por quienes podrían integrar ese consejo”, dijo, en referencia a la instancia que la ley corta propone crear para que asesore a la Superintendencia de Salud en lo relacionado con las isapres.

Y mientras Edwards insistió en la ilegalidad del fallo, apuntando en que “no existe deuda, esto es inventado” y que ve “una magnificación de una situación creada por un fallo ilegal”, el ministro Elizalde hacía su entrada a la sala donde se llevaba a cabo la comisión.

Desde allí escuchó, por ejemplo, cuando la cita se empezaba a poner más tensa. El senador Gahona, de hecho, cuestionó cómo se sostienen las estimaciones, además de señalar que el cálculo de ciertos aspectos está subestimado o preguntó si Fonasa tiene la capacidad para hacerse cargo de quienes emigren desde las isapres. “Yo no les creo”, dijo en tono irónico a los representantes del gobierno.

Con todo eso en la mesa, Aguilera tuvo que salir al paso de las dudas y las interpelaciones. “Si no hubiera voluntad no habríamos presentado este proyecto de ley y el superintendente habría dado cumplimiento a la sentencia. Las isapres habrían ido a la quiebra hace más de un año”, se extendió para responderle al senador Edwards, quien había planteado la idea de que el gobierno tenía por intención la caída de las aseguradoras.

Asimismo, la secretaria de Estado le señaló a Coloma que la deuda total de las isapres “es muy atractiva para los medios”, pero que lo relevante es el flujo financiero, porque implica el impacto en la reducción de los ingresos permanentes de las aseguradoras. “Eso plantea la ley corta: cómo salvaguardar flujos financieros, cómo cumplir la sentencia y darle estabilidad al sistema”. Gahona retrucó ante esto que “cualquier cargo de deuda hace peor la situación general; no se puede abstraer”.

Sobre el final de la primera sesión vino otro momento tenso, aunque esta vez entre senadores. Edwards les planteó reparos a los representantes del gobierno por ciertos cálculos contenidos en su informe financiero: “Se mantiene la idea de una persona con tres quimios que le falten cuatro, o una persona con trasplante de médula y necesita una pieza especial, resulta que lo van a mandar a su casa mientras usted negocia las condiciones (...) lo que hay en el informe financiero es que ustedes suponen que cero isapres van a quebrar, cero personas van a llegar (a Fonasa), o ustedes simplemente no van a tratar a esas personas que pueden morir perfectamente esperando que usted negocie el tratamiento, hay algo que no cuadra”.

En eso estaba cuando fue interrumpido por Lagos Weber, presidente de la comisión, quien le dijo que “entendiendo la vehemencia y la convicción que usted tiene, le pediría que no asuma esas imputaciones de esa forma, porque no es la forma en la que generalmente nos desempeñamos en esta comisión. Tenemos otros defectos, pero ese creo que no ayuda mucho”.

En esa línea, Insulza dijo estar “bien sorprendido de lo que estamos escuchando aquí: se habla de privación y el senador sigue con que van a matar no sé cuánta gente, que van a morir no sé cuántos, que van a rechazar a no sé quiénes, que las cuatro quimioterapias y todo lo demás... la verdad es que me parece una grosería, lo quiero decir con toda franqueza, una grosería y un maltrato totalmente inadecuado en una comisión del Congreso. Yo estoy de acuerdo con que si alguien tiene una duda con el proyecto que lo vote en contra, pero que no insulte. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que escuchar esto?”.

A las 15 horas arrancó la segunda sesión del día. Para esta parte asistió Pablo Jorquera, jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Fue él el encargado de presentar algunas proyecciones y responder las dudas abiertas desde la sesión anterior.

Y así, bien avanzada la discusión, la secretaria de Estado informó a los senadores presentes que el Ejecutivo repondría “un literal que permitía un alza extraordinaria de precios”, el que define un plan de pago y ajustes y que, agregó, “fue votado en contra en (la Comisión de) Salud y se intenta reponer”.

La indicación señala textualmente lo mismo que lo ya rechazado: que las isapres deberán presentar “una propuesta fundada de alza de precio base para todos los contratos que administre en un porcentaje o monto necesario, para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”.

Esta propuesta será analizada por el Consejo Consultivo que crea la ley, pero que además será la Super de Salud la que tendrá la última palabra sobre si aceptar o no el nuevo plan. Y si, en caso de ser rechazada en todas las instancias de apelación y revisión, será justamente la Super la que dictará plazo, cuotas, condiciones de restituciones y manera de notificar a los usuarios, así como las sanciones por incumplimiento.

Y acá otra vez quedó de manifiesto que este tema podría nuevamente ver truncadas las aspiraciones del gobierno, toda que el senador Núñez planteó sus dudas -al igual que Edwards- sobre por qué la ley no pone topes al alza de planes. De hecho, el parlamentario comunista aseguró que si bien apoya la ley, de esta parte desconfía y no la comparte.

No fue, sin embargo, la única indicación presentada, puesto que también se ingresó una que no alcanzó a ser votada en la Comisión de Salud al rechazarse precedentemente el alza de precios de isapres que la vinculaba.

Así se sumó el artículo que señala que la propuesta que debe entregar cada institución respecto de contratos afectos “se deberá aplicar sobre el precio final del contrato, para estos se entenderá que es el precio pactado menos el precio cobrado por las garantías explícitas y el valor que las instituciones cobren por eventuales beneficios adicionales pactados”.

El escrito agrega que “en la misma oportunidad y forma en que se comunique el ajuste la institución deberá ofrecer uno o más planes alternativos cuyo precio pactado sea equivalente al vigente, a menos que se trate del precio del plan mínimo que ella ofrezca. Dentro de los seis meses siguientes las personas podrán solicitar cambiarse, para lo cual no podrá pedírseles una nueva declaración de salud”.

Con todo, sobre el final también participó de la comisión el senador Francisco Chahuán (RN), quien ya ha tenido protagonismo en la discusión de la ley corta desde la Comisión de Salud, y quien insistió en la idea de que el gobierno reconsidere una de las propuestas emanadas desde el Comité de Expertos sobre el cálculo de la deuda total de las aseguradoras. En tal sentido, el senador Gahona complementó que cuando el proyecto pase a Sala intentarán insistir con otra fórmula de cálculo, lo que desde ya supone que la discusión tiene muchos pasos por dar, algo que reconocen en el gobierno, donde ven cada vez más clara la posibilidad de que la ley corta se resuelva en Comisión Mixta.