Scuncio, proveedor de cajas de alimentos del gobierno: “La imputación de lavado de activos para un comerciante implica prácticamente una muerte civil”

Distribuidora Llacolén, una de las sociedades del ciudadano argentino Alberto Scuncio -un contador radicado en San Pedro de La Paz desde 2001-, se convirtió en la mayor proveedora para la primera entrega de cajas de alimentos del gobierno durante la pandemia, con la venta de 250 mil unidades a la Intendencia Metropolitana, por un total de $ 8.750 millones.

Su caso se hizo conocido luego de que trascendiera que sus dueños estarían acusados de supuestas irregularidades en el envío de insumos a Venezuela y la Fiscalía de Concepción lo estaría investigando por lavado de activos.

En este escenario, Scuncio contrató al abogado y exfiscal Ricardo Freire para que lo represente ante una eventual investigación. Así, el penalista primero pidió a la fiscalía que le entregaran el RUC de la causa por el que estaría siendo investigado su representado, pero le respondieron que por mandato legal no era posible darle esa información.

Después de eso, fundamentando que Scuncio tiene derecho a saber si es que está siendo investigado, Freire pidió al tribunal de cautela de garantías, la que fue fijada para el 28 de septiembre a las 9.00. Sin embargo, el juzgado decidió aplazar la instancia para el 13 de enero.

Ante esto, su abogado volvió a mandar un escrito al tribunal, pidiendo que se mantenga la fecha del 28 de septiembre para la realización de la audiencia. Y entregó una serie de antecedentes sobre cómo este caso está afectando al empresario.

“Si la nueva audiencia de control judicial se lleva a cabo el 13 de enero de 2021 (...) van a haber transcurrido seis meses sin que podamos tener acceso a las copias de la carpeta de investigación ni a la investigación misma, sin poder acreditarnos en la causa ni hacer presentación alguna, situación que merma (...) nuestras posibilidades de ejercer el derecho de defensa técnica”, dijo el abogado. Señaló que esto afecta la garantía constitucional del debido proceso.

Además, indicó que mientras mayor tiempo pase sin que su representado pueda comenzar a defenderse y ejercer los derechos que como interviniente la ley le reconoce, “sólo le acarrea un sinnúmero de perjuicios de orden comercial y patrimonial de gran consideración”.

En ese sentido, dijo que la imputación “de lavado de activos para un comerciante y empresario como mi representado, conlleva severos perjuicios que en la actualidad le impiden ejercer su actividad industrial con normalidad, que implican prácticamente una muerte civil. Los bancos de la plaza le han cerrado sus cuentas corrientes y a las empresas en las que participa; ya no se le otorgan créditos, ni prórrogas, ni aun los especiales para estos tiempo de Covid-19”.

Asimismo, aseguró que “sus contrapartes comerciales habituales han dejado de comprar sus productos en razón de esta investigación sobre un inexistente caso de lavado de activos en la que se le impide defenderse”.

Sostuvo que la imputación ha transformado a Scuncio “en una suerte de inhabilitado en el mundo comercial, en un paria, que no obstante ello, ha mantenido a todos los trabajadores de sus empresas en sus puestos laborales, sin recibir ayuda alguna, sin utilizar la ley de protección del empleo, únicamente con el esfuerzo de su patrimonio personal. Mantener un situación así podría incluso implicar la quiebra y ruina comercial de cada uno de sus negocios”.

Dijo que han tratado de colaborar con la investigación, ofreciendo -a través del tribunal- a la fiscalía autorizar el acceso a su e-mail, a su celular, a la documentación tributaria que se requiera de las empresas que dirige, y, asimismo, autoriza el alzamiento del secreto de todas sus cuentas bancarias, tanto personales como de las empresas que representa. Pero, según Freire, “Ministerio Público ha preferido no recoger nuestra oferta de colaboración y mantener esta investigación en un estado de secretismo impropio -aún- del anterior sistema de persecución penal”. Indicó que la audiencia puede desarrollarse a través de videoconferencia, por lo que no ve impedimento para mantener la fecha originalmente fijada.

El 14 de septiembre se conoció la resolución del tribunal: se rechazó la petición, indicando que se estaban privilegiando las audiencias de las personas que estaban privadas de libertad.