Secreto supremo: el reservado recurso que presentó la hija de Sergio Muñoz para evitar ser sancionada por teletrabajar desde Italia

En completa reserva. Así se encuentra la causa en el Tribunal Constitucional (TC) que se abrió a raíz de un requerimiento presentado por la jueza Graciel Muñoz Tapia, quien además es hija del influyente ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. La titular del 12º Juzgado de Garantía de Santiago busca que se declare inconstitucional el sumario en su contra, que se inició luego de que se conociera que trabajó desde Europa en medio de la pandemia, sin las autorizaciones requeridas para tales efectos ya en 2021.

El escrito presentado por la magistrada ingresó al TC el 7 de diciembre. Desde ahí se encuentra como una causa “secreta” en el tribunal y por lo mismo no se puede acceder a mayores antecedentes de su tramitación. Lo anterior ha levantado suspicacias en el mundo judicial, y es que más de una fuente de las altas esferas del máximo tribunal señala a La Tercera que aquello no corresponde a una medida que se decrete comúnmente en la sede constitucional.

El recurso de la hija del ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, corresponde a un requerimiento de inaplicabilidad; es decir, para que no se aplique el artículo 311 -según señala el escrito- del Código Orgánico de Tribunales, con el cual en junio se abrió un sumario luego de un reportaje de Radio Biobío en el que se evidenció que la abogada realizó audiencias desde el viejo continente, mientras el Poder Judicial operaba con teletrabajo, infringiendo la disposición de que los jueces deben residir en la ciudad donde se encuentra su labor jurisdiccional.

Tras el ingreso del requerimiento, el pasado 15 de diciembre, el pleno del TC admitió a trámite el recurso suspendiendo el sumario que se seguía en contra de la magistrada por no cumplir con lo señalado en el artículo 311, en el cual se establece que los jueces “están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”.

El tribunal presidido por la ministra Nancy Yáñez señala en su resolución que se le comunique a la Corte de Apelaciones de San Miguel -tribunal que abrió la investigación administrativa- la suspensión de “la gestión judicial pendiente”. Esto es precisamente algo que incluso ha llamado la atención en círculos judiciales, y es que según fuentes conocedoras de estos procesos un sumario administrativo no correspondería a una “gestión judicial pendiente”.

Otras autoridades, que conocen de la tramitación de esta causa, confirman a La Tercera que la decisión de decretar secreta la causa no fue solicitada por ninguna de las partes, sino que fue tomada de oficio por el TC. Medida que se argumentó por los antecedentes y datos personales que existen en la tramitación.

La resolución del tribunal que decreta secreta la causa se basa en el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional del TC, la cual señala que si bien las tramitaciones de dicho tribunal son públicas, “por resolución fundada acordada por los dos tercios de sus miembros, podrá decretar reservados o secretos determinados documentos o actuaciones, incluidos los documentos agregados a un proceso”.

Esta decisión fue adoptada durante la votación del 15 de diciembre. Ese día el pleno del Tribunal Constitucional estuvo integrado por la presidenta Nancy Yáñez, además de los ministros José Ignacio Vásquez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Daniela Marzi. La resolución establece que Yáñez y Marzi estuvieron por declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de la magistrada Muñoz Tapia, al considerar que el escrito ingresado obviaba “lo dispuesto en el inciso segundo de la norma cuestionada, que posibilita a las Cortes de Apelaciones autorizar residencias transitorias de jueces en lugares distintos al de asiento del tribunal correspondiente”.

El TC dio un plazo de 10 días a ambas partes para referirse a la decisión, para luego proceder a resolver la admisibilidad. Consultado al respecto sobre la tramitación de este recurso, el abogado Ciro Colombara prefirió no referirse al tema, sosteniendo, únicamente, que “confiamos en los tribunales de justicia”.

En junio de este año, Radio Biobío dio a conocer que a raíz de la resolución de la Corte Suprema de marzo del 2020, en la cual se estableció la modalidad de teletrabajo para los funcionarios del Poder Judicial -incluidos los jueces y ministros-, la magistrada Muñoz Tapia comenzó a trabajar desde el extranjero. Esto a pesar de que el Código Orgánico de Tribunales establece que deben residir en las comunas donde el tribunal en el que juzgan tiene legislatura.

Dicho medio expuso una serie de salidas del país de la jueza del 12º Juzgado de Garantía en medio de la pandemia por Covid-19 con destino a Europa, teniendo España como uno de sus destinos predilectos. Lo cual quedó en evidencia, además, en diferentes causas en las que se daba cuenta que el trabajo se realizaba de manera remota, justificándose en la normativa establecida a causa de la situación sanitaria.

A aquello también se sumó la declaración de una ejecutiva de la Inmobiliaria Fundamenta. La hija del ministro Muñoz está involucrada en la pugna que tiene dicha compañía en la Corte Suprema para destrabar la construcción del proyecto inmobiliario. Muñoz Tapia adquirió dos departamentos del proyecto, de los cuales quiso deshacerse una vez estallada la controversia judicial y la demora en la construcción del edificio en Plaza Egaña. En ese contexto, una ejecutiva declaró que intentó contactar a la abogada para poder hablar respecto a la enajenación del inmueble, algo que fue imposible ya que “estaba en Italia”. Episodio que ocurrió durante el 2021.

A raíz de estos antecedentes, la Corte de Apelaciones de San Miguel abrió un sumario administrativo en contra de la jueza para conocer si el trabajar desde Italia contravenía la normativa. Acción que la hija del ministro Muñoz busca que el TC declare inconstitucional.