Secuestros, trata de personas y lavado de activos: Consejo contra el Crimen Organizado fija hoja de ruta y delitos prioritarios

“Para adaptarnos a esta criminalidad, apuntamos a generar recursos que actualicen las fórmulas del Estado y a seguir avanzando en las distintas medidas que componen una estrategia común para abordar esta problemática a corto, mediano y largo plazo”.

Esa, de acuerdo con la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, es una de las máximas que guía el trabajo del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, instancia que busca dotar a la región de un plan focalizado para la desarticulación de bandas delictuales, y que reúne a las policías, el Ministerio Público, autoridades de gobierno y a funcionarios de Aduanas, SII, Registro Civil y de la DGAC.

Y es que en el marco de la nueva política nacional que ha definido la administración del Presidente Gabriel Boric, según recalca la autoridad regional, es de suma urgencia atacar las mencionadas estructuras. Por lo mismo, como pudo conocer La Tercera PM, en la reunión del consejo celebrada la jornada del jueves 4 de mayo, fijaron hoja de ruta y definieron ocho delitos vinculados a esta problemática como prioritarios: Narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, robo violento de vehículos (encerronas), asociación ilícita, delitos contra la propiedad y secuestro.

“Para enfrentar al crimen organizado y dar tranquilidad y seguridad a las personas es fundamental trabajar de forma conjunta y coordinada. Ese es el lineamiento que ha estado en el centro del Consejo contra el Crimen Organizado, cuyos resultados se materializarán en un plan regional que busca implementar nuevas herramientas, tecnología y propuestas para sofisticar la investigación de delitos priorizados”, comentó al respecto Martínez.

En el mismo sentido, el prefecto inspector Paulo Contreras, jefe nacional de Crimen Organizado de la PDI, aseguró a este medio: “En el desafío de aumentar las capacidades del sistema para enfrentar el fenómeno resulta prioritario mejorar la coordinación, porque neutralizar esta problemática conlleva la necesidad de que todos los actores participen bastante sincronizados”.

“Por lo mismo, éstos compromisos robustecen y reafirman la experiencia que nosotros tenemos instalados desde 1964, por lo que claramente nos entusiasma que exista un mandato nacional que nos haga converger en el mismo objetivo mediante el intercambio de experiencias. Acá tiene que haber una relación horizontal entre las instituciones para el traspaso eficaz de la información”, complementó.

Definidos los mencionados delitos, además, los integrantes del consejo abordaron las primeras medidas a implementar y, como ha recalcado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la estrategia a seguir en ese sentido es desarticular estas bandas debilitando su poder financiero y su patrimonio.

En primer punto, con miras al narcotráfico, se definió levantar perfiles de riesgo con el fin de focalizar operativos conjuntos con la PDI en el Aeropuerto Internacional, en áreas de salida y tránsito de pasajeros, y en los terminales de buses de la capital. Esto, como explicaron desde la citada instancia, “busca aumentar la eficiencia en la fiscalización de este lugar estratégico”. Asimismo, aumentarán las capacitaciones de personal de Aduanas, para así disminuir brechas desde la perspectiva investigativa.

Para atender el aumento de las armas de fuego, además de realizar controles más efectivos en puntos de ingreso al país, se gestionará una modificación normativa que prohíba la venta de algunos modelos o partes de armas de fogueo que están siendo adaptadas y usadas para cometer crímenes. Se está trabajando, además, en un protocolo de pericia y trazabilidad de armas de fuego decomisadas, sus partes y municiones.

Se comprometió, además, la adquisición de un único software especializado que acelere el análisis patrimonial en coordinación con unidades especiales de levantamiento de datos con las que cuentan las Fiscalías Regionales. Esto, a fin de combatir los delitos de lavado de activos y evitar que quienes cometen ilícitos puedan “blanquear” el dinero que obtienen.

Con miras a contener el alza que ha mostrado la trata de personas o “tráfico” de migrantes, las autoridades definieron aumentar la contratación de facilitadores interculturales que colaboren en las investigaciones. Se establecerá, igualmente, un protocolo y un equipo especializado de atención de víctimas, “con el objetivo de fortalecer la adherencia al proceso y evitar el decaimiento de posición acusatoria por pérdida de prueba”, explicaron desde el consejo.

Aunque encerronas y portonazos han ido a la baja los últimos meses, se estableció aumentar fiscalizaciones y aumentar los requisitos para la importación de elementos que permitan elaborar placas patentes falsas, GPS, inhibidores de señal, máquina de marcado de series de motor y chasis de vehículos, máquinas para la confección de llaves artesanales.

Establecieron, además, la realización de capacitaciones por parte de Fiscalía a PDI, Carabineros y Gendarmería para facilitar la investigación de bandas a nivel regional. Para ello, se diseñará un instructivo que contendrá criterios para la identificación de antecedentes, para no sólo detener al autor material de un crimen, sino también a la estructura jerárquica de la banda.

En materia de secuestros, que también han marcado un alza importante respecto de años anteriores, se comprometió la compra “de tecnología, software y comando necesarios para la investigación de estos delitos”.

Consultada sobre las primeras acciones, Martínez fue enfática en que “para adaptarnos a esta criminalidad, apuntamos a generar recursos que actualicen las fórmulas del Estado y a seguir avanzando en las distintas medidas que componen una estrategia común para abordar esta problemática a corto, mediano y largo plazo”.