Señor abogado: ministro Cordero asume rol en defensa de Comisión contra la Desinformación ante incierto escenario en el TC

Dos vocerías y un par de entrevistas realizó, entre el miércoles y el jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero (independiente), para confrontar la ofensiva de los senadores de la UDI, RN, Evópoli, Partido Republicano y de Demócratas destinada a impugnar la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

Aunque la cuestionada instancia también generaba dudas en el oficialismo y en el seno del propio gobierno, la decisión política fue salir a proteger la facultad del Ejecutivo de crear grupos asesores y no ceder ante los cuestionamientos de la derecha.

El miércoles en la mañana, antes de que el Senado aprobara un proyecto de acuerdo que mandata al presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), a presentar un requerimiento contra el Tribunal Constitucional contra la mencionada comisión, Cordero ya había salido a cuestionar la tesis jurídica levantada por las fuerzas opositoras.

El punto central del requerimiento se basa en que la cuestionada instancia debió haber sido creada por ley y no por un decreto supremo, en este caso, firmado por las ministras Aisén Etcheberry (Ciencia) y Camila Vallejo (Segegob). De acuerdo al argumento opositor, la “libertad de opinión y la de informar”, están garantizadas constitucionalmente y sólo pueden ser restringidas mediante una ley de quórum calificado.

Dado que el debate ya entraba en un terreno eminentemente jurídico, ante el inminente requerimiento ante el TC, Cordero dio los primeros trazos de la defensa constitucional. “Logro entender el punto de la discrepancia política que hay sobre este debate, (pero) otra cosa distinta es cuando se impugna un instrumento (una comisión asesora) que ha sido sistemáticamente utilizado por distintas administraciones”, expresó.

El fundamento de La Moneda es que las comisiones presidenciales o ministeriales históricamente se han creado para proponer políticas públicas o leyes (por ejemplo, las comisiones para la reforma previsional o la que presidió el economista Eduardo Engel contra la corrupción), y no por ello, han entrado en conflicto con la Constitución o la legislación vigente.

Por eso, tras la aprobación de la resolución por parte del Senado -con 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones-, el titular de Justicia volvió a pronunciarse. “El decreto lo que hace es crear una comisión temporal, consultiva, que no tiene labores ejecutivas, simplemente con el objeto de tener la opinión de expertos”, dijo anoche el ministro.

El jueves, en Radio Cooperativa, remarcó el punto. “Entiendo los supuestos temores y las críticas que se están construyendo basados en ciertos fantasmas. Pero no hay nada en este decreto que pueda llevar a la conclusión que el Ejecutivo puede adoptar decisiones ejecutivas, es una comisión temporal, asesora, que no tiene labores ejecutivas y está constituida como todas las comisiones asesoras presidenciales”.

No es la primera vez que Cordero entra en escena frente a acertijos o problemas político-jurídicos.

Lo hizo en el debate por la llamada Ley Nain-Retamal (sobre el nuevo estatuto de protección a policías), en la crisis por el financiamiento irregular de fundaciones y también por la controversia que generaron los indultos presidenciales adoptados en diciembre del año pasado. En todas estas coyunturas políticas, Cordero ha entrado a ordenar la versión del Ejecutivo.

Por ejemplo, cuando se generó una confusión pública respecto de cuándo se enteró el gobierno de las irregularidades de la Fundación Democracia Viva, el ministro salió a conciliar la versión del Presidente Gabriel Boric con las que habían dado el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y la ministra Vallejo.

El rol de Cordero, quien es abogado experto en Derecho Administrativo y Constitucional, cobró más relevancia en el actual escenario del Tribunal Constitucional, donde volvieron a barajarse los equilibrios políticos, luego del fallecimiento del ministro Rodrigo Pica, cuya visión jurídica era cercana al oficialismo.

Juristas que conocen las relaciones dentro del TC, coinciden en que el gobierno tiene el voto firme de al menos tres de los siete magistrados titulares: Nancy Yáñez (actual presidenta del tribunal), Nelson Pozo y Daniela Marzi.

La ministra María Pía Silva, que tradicionalmente asume posturas cercanas a los integrantes del TC afines al Ejecutivo, podría ser el cuarto voto favorable para La Moneda. Sin embargo, dado que ella fue nombrada por la Corte Suprema y es considerada cercana al mundo democratacristiano, también podría moverse con una mayor autonomía respecto de los otros magistrados cuya designación procede de grupos políticos.

La oposición, en tanto, espera contar con el apoyo de los ministros Miguel Ángel Fernández, José Ignacio Vásquez y Cristián Letelier (quien fue diputado de la UDI).

Adicionalmente, dada la vacante generada por Pica, los ministros suplentes entran a ser incidentes en una eventual sentencia. Uno de ellos, por sorteo, Natalia Muñoz o Manuel Núñez, integrará el pleno que deberá resolver sobre el requerimiento del Senado.

Muñoz fue promovida por las bancadas del PS y el PPD, mientras que Núñez, por los diputados de RN.

En consideración de esa variable, el gobierno y su defensa de la comisión, podrían tener el respaldo de cuatro a cinco ministros, mientras que el escrito de los senadores podría tener acogida entre tres a cinco magistrados (si es que los fundamentos del requerimiento logran convencer a Silva).

En caso de empate, Yáñez, en su calidad de presidenta, entraría a dirimir.

Un factor de incertidumbre secundario genera el reciente hecho de que Manuel Núñez no pudo asumir como titular del TC, debido al descuelgue de algunos senadores de derecha, que no lo consideraban un fiel representante del sector. Por lo tanto, si es que a Núñez le corresponde integrar el pleno para esta causa, su voto tampoco está garantizado en favor de la presentación de las fuerzas opositoras.