Sigue la teleserie: negociación para frenar las movilizaciones en aeropuertos aún no logra humo blanco

Quienes conocen el tenor de las negociaciones entre las asociaciones de trabajadores de terminales aéreas y los representantes del gobierno dicen que a ratos son tensas, que otras veces ha habido espacio incluso para algunas bromas, pero que el resultado siempre es el mismo: amagos de acercamiento en la resolución del conflicto, pero sin humo blanco definitivo.

Esa es la tónica, de hecho, que se mantuvo tras la cita que se sostuvo durante la mañana de este viernes, de la que los trabajadores habían anunciado que si no salían con un acuerdo retomarían las ralentizaciones de servicios que ya habían efectuado el miércoles y que habían provocado atrasos y problemas en diversos aeropuertos, sobre todo en Arturo Merino Benítez, donde el caos fue evidente, con más de un centenar de vuelos cancelados y más de 20 mil pasajeros afectados.

Por lo pronto, la amenaza de movilizarse nuevamente desde el mediodía no se cumplió y, según conocedores de la instancia, los representantes de las asociaciones anunciaron que luego de recibir una nueva propuesta por parte del Ejecutivo, en lo inmediato no habrá relentización de servicios (así al menos se ha visto en las terminales) hasta acudir donde sus asociados a exponer la nueva propuesta, con el compromiso de entregar una respuesta formal a las 6 de la tarde de esta jornada.

De hecho, durante la mañana de este mismo viernes la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) intentó transmitir tranquilidad a través de sus redes sociales, mostrando diversos videos y fotografías de “aeropuertos y aeródromos de todo el país, operativos en condiciones de normalidad en terminal de pasajeros y puestos de control”.

A través de sus redes sociales, la directiva que representa a los controladores de tránsito aéreo señalaron que habían propuesto como estrategia “radicalizar el movimiento, esperamos que las condiciones vayan hacia allá y estar muy pronto en lo que debemos hacer: la movilización con la ralentización respectiva”, así como que no quieren renunciar al bono “concertado en las antiguas mesas de negociación.

Entendidos en la materia dicen que la proposición más actual no satisface del todo lo solicitado por los gremios, quienes piden un bono de 4.200.000 mil pesos anuales por trabajador, dividido en $ 350.000 mensuales y ajustes a la carrera funcionaria. Desde Hacienda ya se ha dicho en varios tonos que no hay dinero para llegar a esos montos. El jueves, por ejemplo, la propuesta que ya fue rechazada implicaba un bono permanente y de aplicación inmediata de 600 mil pesos anuales, dividido en $ 30 mil mensuales durante todo 2025 y para 2026, la cifra aumentaría a $ 50 mil. Así también contenía una inversión de 42 mil millones de pesos para la renovación de radares, $ 23 mil millones para el refuerzo de la seguridad de pasajeros y funcionarios, y $ 1 millón para la movilización de los funcionarios hacia aeropuertos lejanos.

“Vemos que hay un avance, pero está lejos de las expectativas de los trabajadores y trabajadoras”, decía el jueves Javier Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios (ANF). Los gremios han insistido en que uno de los focos del conflicto radica en que Hacienda estaría desconociendo un bono de fiscalización acordado con Defensa en 2022, acusando que no está en el Presupuesto 2025.

El tema, por lo pronto, sigue ocupando al gobierno. Y es que además de tener que dedicarle tiempo a destrabar el conflicto en sí, en La Moneda ven cómo otras áreas ya comienzan a evidenciar preocupación: si ya la líneas aéreas y sectores del turismo rechazan el paro y han pedido medidas para evitar que se afecten los vuelos, a su vez la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), institución pública que se encarga de proveer de insumos y medicamentos a los hospitales, está permanentemente monitoreando posibles cancelaciones de vuelos que puedan afectar el abastecimiento de los recintos sanitarios.