“Sin bancos, para que cada peso vaya al sistema educacional”: la íntima minuta del equipo de Cataldo para la defensa inicial del FES

En el entorno del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dicen que estaban muy conscientes de que las primeras horas después de presentar el proyecto de ley que deja atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento público para la Educación Superior (FES) serían cruciales. Que era cuando más se necesitaría instalar su bajada comunicacional -y no la de la oposición- y posicionar el nuevo instrumento como una solución viable, responsable y eficiente.

Y con miras a eso es que desde la intimidad del equipo del ministro emanó un documento -una suerte de minuta- titulado “Proyecto de ley que establece un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas”, donde se establecen los principales lineamientos para la defensa inicial del FES, sirviendo como insumo de apoyo, con contexto, datos y premisas, para posicionar durante estos primeros días.

En el documento de siete páginas, al que tuvo acceso La Tercera, se dividen las áreas a “atacar”. Y, por cierto, destacar: trabajo prelegislativo, problemas del CAE, caracterización de deudores, costos del CAE, la necesidad de una solución a esos inconvenientes planteados, los contenidos principales del proyecto de ley, y desactivar la idea de que el Mineduc está dándole relevancia a un problema que, aparentemente, no es prioritario.

El documento comienza señalando que luego de la cuenta pública de 2024 se desarrolló un trabajo prelegislativo con las directivas “de todos los partidos”.

“Fueron diálogos francos, que permitieron presentar los fundamentos de la propuesta, algunos aspectos del diseño y conocer la opinión general sobre los créditos estudiantiles y en particular del CAE como política pública”, se lee, dando paso a que, a criterio de la cartera, hay un diagnóstico compartido: “Llegó la hora de superar el actual sistema de créditos estudiantiles, poniendo fin al CAE. El desafío para el sistema político es acordar la mejor manera de hacerlo”.

Acá se pone sobre la mesa que el gobierno de Boric no es el primero en intentarlo, que ya lo hicieron Michelle Bachelet y Sebastián Piñera “ante la evidencia de un problema de política pública que afectaba a miles de jóvenes”.

“No podemos desaprovechar esta oportunidad: compartimos un diagnóstico y lo recogido en el trabajo prelegislativo nos indica que existe voluntad para avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento”, se cierra sobre este punto, el que luego da paso a un análisis del propósito del CAE y las limitaciones de su diseño.

Y aunque se destaca que el CAE permitió “a miles de jóvenes” llegar a la educación superior, se dice también que “este aumento de la oferta no se condijo con las necesidades del mercado ni estuvo anclada a proyecciones de empleabilidad. Esto ha derivado en dificultades para pagar una deuda contraída bajo el supuesto de que a futuro las y los deudores tendrían ingresos suficientes para afrontar este tipo de compromisos”. Y suma: “Aquello que en su minuto se veía como una promesa de bienestar y movilidad social, terminó por convertirse en una pesada carga financiera para los jóvenes y sus familias”.

Luego se hace una caracterización de los deudores, donde se señala entre otras cosas que el universo total de endeudados por instrumentos crediticios para financiar la educación superior es más de 1 millón 600 mil personas con el CAE como protagonista, estableciendo que un porcentaje “importante” no tiene recursos para pagar el crédito. “De este modo, cuando se dice que encontrar soluciones al endeudamiento de las y los egresados es una política injusta y regresiva (e incluso inmoral), se está desconociendo que quienes están en deuda y en morosidad son personas provenientes de los quintiles más vulnerable de la población”.

En ese sentido, la minuta continúa con los costos del CAE para el Estado y dice que no solo es un impacto para la economía de las familias, sino también “implica un alto e irrecuperable costo para el Estado y las instituciones de educación superior”.

“Los recursos que el Estado paga por mantener del CAE se van, en su mayoría, a la banca y no al sistema de educación superior. Es decir, no es una inversión en educación ni en las instituciones del nivel”, resume, añadiendo que por lo anteriormente descrito “urge entregar alivio a las y los deudores”.

“Se requiere una respuesta justa y sensible a las condiciones laborales y salariales de las personas deudoras, que reconozca el esfuerzo de quienes han pagado y están al día en sus cuotas, y que también alivie a los sectores más apremiados económicamente. Junto con dar una solución justa y responsable a la deuda, se debe también avanzar hacia un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior, más eficiente y que cuide los recursos de todas las chilenas y chilenos”, añade, apuntando a “un instrumento de financiamiento sin participación de los bancos, para que cada peso que el Estado y las familias inviertan en educación vayan, efectivamente, al sistema educacional. Un instrumento de financiamiento sostenido en la contribución de las y los egresados, para que todas y todos quienes tengan el interés puedan acceder a la educación superior. Un instrumento que comprometa a las y los actuales beneficiarios con la suerte de las y los beneficiarios futuros”.

El documento posteriormente avanza al sentido de oportunidad de resolver “las deficiencias de una política pública que ya cumplió su ciclo”.

“Si no damos una pronta solución al CAE, los costos de esta política pública continuarán aumentando hasta el límite de la insolvencia”, suma, justificando que los sistemas de créditos que sí consideran algún tipo de condonación presentan mejor comportamiento de pago y menor quiebra. “Solucionar la situación del CAE y reformar el sistema de financiamiento hoy será más barato que en pocos años más. No desaprovechemos esta oportunidad”.

Tras apuntar a los principales cimientos del proyecto de ley, propuesta “voluntaria” que según se lee “prescinde de la participación de los bancos y los costos asociados al pago de intereses, y al mismo tiempo nos permita obtener una mayor recuperación de los recursos invertidos en el nivel”, la minuta propone hacerse cargo de las críticas por la prioridad que el Ejecutivo le ha dado a esta iniciativa legislativa.

“Es impreciso señalar que la presentación de este proyecto de ley refleja la indiferencia del ministerio y del gobierno frente a las urgencias del sistema educativo. Al contrario, al momento de su presentación el proyecto que pone fin al CAE se sumará a una batería de proyectos que hoy se discuten en el Congreso Nacional y que dan cuenta de la diversidad de temas de los que el gobierno se está haciendo cargo, atendiendo al resguardo de las trayectorias educativas”, se detalla, dando paso luego a destacar una serie de resultados (como el alza en el Simce), inversiones (como la mejora en la infraestructura de ciertos recintos educacionales) o proyectos de ley en trámite, como el de Modernización de la Oferta en Educación Parvularia; otro que fortalece la Nueva Educación Pública (desmuncipalización escolar), o el de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas aprobado este miércoles.