¿Sin pan ni pedazo? Cómo la doble arremetida de Chile Vamos contra los indultos podría terminar beneficiando al gobierno

La estrategia de Chile Vamos de arremeter contra los indultos del gobierno en dos frentes -la Contraloría y el Tribunal Constitucional (TC)- podría jugarles en contra.

Así lo reconocen en el gobierno. La intención de la oposición de impugnar los beneficios a 13 condenados haciendo reclamos de legalidad -por parte de diputados RN y UDI- ante el contralor Jorge Bermúdez y con siete requerimientos de inconstitucionalidad ante el TC, hasta el momento, está favoreciendo al Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

La arremetida de Chile Vamos se dio en esta secuencia. El primero en abrir esta batalla jurídica fue el secretario general de RN, Diego Schalper, quien envió a la Contraloría un escrito de cinco páginas en el que solicitó a Bermúdez “constatar la incompatibilidad jurídica de los decretos señalados con el ordenamiento jurídico constitucional vigente”.

El segundo paso lo dio la bancada de diputados UDI. En un escrito de 10 páginas solicitaron al contralor que revisara la legalidad del indulto de Luis Castillo y declare que “la autoridad administrativa no se ajustó a derecho” y ordene “al Ministerio de Justicia adoptar todos los actos concernientes a dejar sin efecto este decreto supremo dictado contra la preceptiva legal vigente”.

Entre medio vino la tercera arremetida. Senadores de Chile Vamos y de Demócratas firmaron siete requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). En los escritos, la oposición argumentó vicios de constitucionalidad -uno de ellos la desviación de poder- para impugnar el beneficio concedido a los condenados.

El cuarto paso y final -por ahora al menos- lo dieron los senadores de RN. En un nuevo texto solicitaron al Presidente Boric que invalide los indultos de Castillo y del exfrentista Jorge Mateluna. Los parlamentarios invocaron el artículo 53 de la ley que regula los actos administrativos del Estado. En esa norma se establece que “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho”.

La primera señal de que la estrategia está favoreciendo a La Moneda la dio Bermúdez el 27 de enero. Ese día, la entidad emitió un dictamen en el cual se abstuvo de referirse a la solicitud que le hizo la bancada de diputados UDI para que analizara la legalidad de los indultos.

“Considerando que los requerimientos sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional inciden en la misma materia sobre la que versan las solicitudes presentadas ante este organismo de control, como asimismo la íntima relación existente entre todos los actos administrativos de que se trata, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido”, se lee en el dictamen.

La razón de Bermúdez, agregó el documento, se sustentaba en la norma que estipula que “la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia”.

El ministro Cordero había previsto ese escenario. Como buen administrativista y conocedor de la Contraloría contaba con que Bermúdez se abstuviera y con eso lograban despejar el camino. Con ese organismo de su lado, La Moneda solo tenía que concentrar sus esfuerzos en un solo frente: el TC.

Esa estrategia era lo que más les convenía. A diferencia de la Contraloría, el gobierno tiene mayoría e influencia en el TC. De los ocho ministros, Boric nombró a dos: la magistrada Daniela Marzi y Nancy Yáñez, quien además es la presidenta del organismo y muy cercana a la ministra Segpres Ana Lya Uriarte.

Además la correlación de fuerzas del TC está 5-3 a favor del gobierno. A Marzi y Yáñez se suman los ministros Nelson Pozo, Rodrigo Pica y María Pía Silva. Del otro lado están los ministros Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández.

El pronunciamiento de Bermúdez llegó un día después de que el TC declarara admisible los requerimientos de la oposición, es decir, el contralor esperó ese hito para hacerse a un lado de todo este lío. Luego de la admisibilidad, el TC pidió informe al gobierno y al contralor para que expusieran sus argumentos antes de los alegatos que quedaron fijados para marzo, dado que en febrero el pleno no sesiona.

En el informe de Bermúdez al TC llegó la segunda señal a favor del gobierno, según fuentes del Ejecutivo. El contralor reafirmó su postura de abstenerse de todo esta contienda judicial. En un nuevo dictamen -de fecha 2 de febrero- la Contraloría determinó que “la concesión de indultos no es una materia afecta al examen preventivo de legalidad de manera que los respectivos actos administrativos no fueron objeto de una revisión previa por parte de este organismo de control”.

Junto con eso, volvió a recordar que se abstendrá de emitir opinión debido a que el asunto es de “carácter litigioso”.

En el informe del ministro Cordero y del Presidente Boric vino la tercera señal que podría terminar por cerrar el asunto. En esos documentos, el Ejecutivo desplegó todos sus argumentos para convencer a los ministros del TC de que los requerimientos deben ser rechazados. Uno de ellos es que el reclamo de Chile Vamos es por legalidad y no de inconstitucionalidad. “El ejercicio argumentativo de los requerimientos da plena cuenta que los vicios realmente son de legalidad, cuestionando –específicamente– el mérito de la decisión adoptada por esta Administración”, se lee en el escrito.

Luego el gobierno ataca el argumento principal de la oposición: “La desviación de poder alegada constituiría un vicio de legalidad. Las y los requirentes sostienen que se habría utilizado el indulto particular para conceder una amnistía encubierta, dadas las declaraciones del Presidente de la República. Sin embargo, las y los requirentes parecen desconocer que la desviación de poder se erige como un vicio de legalidad, pues supone ponderar las intenciones de la Administración en el ejercicio de sus potestades con los fines previstas por las normas de nuestro ordenamiento”.

Si el problema es de legalidad, dice el gobierno, los requerimientos deben rechazarse. Si son de legalidad, entonces es competencia del contralor, pero si Bermúdez ya se abstuvo de emitir opinión, probablemente cuando salga la sentencia del TC el asunto ya esté fuera de la agenda pública, las presiones se hayan disipado y el tema quede sin ningún tipo de control: ni legal ni inconstitucional.

Así lo creen en el TC. Fuentes del pleno de ministros comentan que es altamente probable que la mayoría se incline por esa argumentación y terminen rechazando los requerimientos al estimar, entre otros argumentos, que los vicios argumentados son de legalidad y, por lo tanto, no le corresponde al TC analizarlo.

Los equipos jurídicos de Chile Vamos estaban al tanto de este escenario. Por lo mismo, uno de los abogados que patrocina los requerimientos, Jorge Barrera, advirtió que había que preparar una “tercera vía”, es decir, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Si Bermúdez se abstiene de controlar y el TC también, agregan fuentes de la oposición, entonces era necesario abrir la carta judicial. Además ese recurso de protección terminaría llegando a la Tercera Sala de la Corte Suprema y, a diferencia del TC, la sala constitucional del máximo tribunal, dicen entendidos en el tema, es “una caja de Pandora en la que el gobierno no puede influir”.

Barrera participó de la estrategia judicial hasta la admisibilidad de los recursos. Está viviendo en Estados Unidos y dejó el fondo del asunto en manos de Constanza Hube y Felipe Hübner. Mientras fue parte del diseño, reiteró -en más de una ocasión- que la estrategia tenía que incluir el recurso de protección ante la corte para así impedir que el asunto quedara en nada: con la Contraloría sin emitir opinión y el TC cerrando la puerta.

Sin embargo, la arremetida a tres bandas ya no fue. El plazo para haber ingresado el recurso de protección terminaba el 28 de enero, un día después del primer dictamen de Bermúdez. Fuentes de la oposición agregan que los equipos jurídicos sí analizaron la opción de ingresar el recurso, pero se desestimó ante la posibilidad de que fuera declarado inadmisible al no constatar alguna “afectación directa de derechos”.

En Chile Vamos reconocen que podrían haber tenido “mayor coordinación” en su estrategia, pero la responsabilidad está en que “los órganos llamados a hacer los controles no renuncien a sus mandatos”. En ese sentido, la oposición tiene una mirada crítica de la postura tomada por Bermúdez, ya que -dicen- optó por “el camino fácil” y evitó entrar al fondo “teniendo las atribuciones para hacerlo”.