“Son materias urgentes”: titular de Corte de Santiago explica sesión extraordinaria que impidió expulsión de venezolana

En una sesión extraordinaria, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar en un recurso de amparo presentado en favor de una ciudadana venezolana con decreto de expulsión del país.

Esta es la primera vez que en 2021 el Poder Judicial se reúne un domingo para tratar con urgencia un caso migratorio. Se trata de un día inhábil para la magistratura, sin embargo, en ciertos casos puntuales se puede ordenar su funcionamiento de todos modos, como fue el caso.

Así, la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, María Paula Merino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo- acogió a trámite la acción cautelar y pidió al gobierno regional de Tarapacá un informe en un plazo de 24 horas sobre la expulsión.

Los abogados María Beatriz Quintriqueo y Mauricio Toro, quienes representan a la ciudadana extranjera, presentaron el recurso de amparo el 5 de junio de 2021 en contra del intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada. Según el documento, lo acusaron “por haber decretado su expulsión del país de manera ilegal y arbitraria a través de Resolución Exenta número 181/2021, de fecha 15 de enero de 2021, de la Intendencia de Tarapacá, y que fuera notificado a nuestra representada el 19 de mayo de 2021″.

¿Por qué en este caso el Poder Judicial operó excepcionalmente un domingo? El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Alejandro Madrid, explicó a La Tercera PM que él “puede disponer el funcionamiento extraordinario de una sala de la corte a fin de resolver materias urgentes, tal como se procedió este domingo pasado”.

El magistrado añadió que “para tal fin, se dispuso que la sala que estaba de turno el día sábado, esto es la Sexta Sala de la corte, se constituyera para ver la admisibilidad de un recurso de amparo y también resolviera una ONI, la que fue acogida y, en consecuencia, quedó suspendida la expulsión de la recurrente de amparo mientras no se vea el fondo antes aludido”.

Un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago explicó que existe cierto malestar entre algunos jueces, ya que les parecía particularmente coincidente que estas expulsiones masivas se ejecutan generalmente en días inhábiles, por lo que los recursos y en especial las órdenes de no innovar se resolvían de forma extemporánea.

Dijo que por esta razón entre ministros se comentaba que podría tratarse de una estrategia del gobierno para evitar que el Poder Judicial interviniera. Así, detalló que acordaron hacer reuniones de forma extraordinaria cuando lo ameritara, específicamente en recursos de amparos por alguna situación que ponga en peligro la integridad de una persona y también en estos casos en que se denuncian graves vulneraciones de derechos de migrantes.

El mismo magistrado explicó que estos casos son urgentes, porque se trata de ciudadanos migrantes reclamando un actuar ilegal de la autoridad y la única forma de corroborar esto es revisando si lo que dicen es cierto y suspendiendo el acto que se reclama ilegal. En ese sentido, indicó, que si no hacen esto llegarían siempre tarde, cuando las expulsiones ya se hubieran ejecutado, lo que no puede ser, pues según dice la justicia no puede actuar ex-post en estos casos.

Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados Universidad Diego Portales (UDP), detalló que “frente a las expulsiones colectivas de fines de abril, tuvimos que presionar a las cortes de apelaciones vía redes sociales para que pudieran conocer de una orden de no innovar un domingo, pues la única opción fue presentar el amparo el sábado, precisamente porque la notificación por expulsión a las personas migrantes se hizo un día viernes a las 17.00″.

La académica aseguró que a raíz de esta situación, “nos dimos cuenta de que esta es la política de gobierno, dejando a las personas en indefensión. Fue allí cuando un grupo de abogados y abogadas nos contactamos con la Corte Suprema por diferentes vías, a fin de solicitar una reunión donde pudiéramos conversar sobre esto. No hemos obtenido respuesta, aunque al parecer ya existe una directriz relativa a la obligatoriedad de sesionar ante este tipo de situaciones el día domingo”.

En el recurso de amparo, los defensores de la ciudadana venezolana Yasmery Silva explican que la mujer se fue de su país porque estaba en una situación de “peligro inminente que enfrentaba su integridad física y psicológica en el contexto de la profunda crisis económica y política que atraviesa Venezuela”.

Además, señalan que tomó la decisión de emigrar con la esperanza de una mejor vida, buscando nuevas oportunidades para lograr obtener recursos y reunirse con sus dos hijos mayores de edad, quienes se encuentran en Chile.

La mujer ingresó a nuestro país por un paso no habilitado en la frontera norte con Bolivia, en el sector de Colchane: “Declaró que había ingresado en forma ilegal al país ante Policía de Investigaciones de Iquique, como quedó plasmado en el parte policial N° 2168 de fecha 1 de noviembre de 2020, cooperando en todo lo que se le solicitó para intentar regularizar su situación, quedando en cuarentena preventiva por 10 días en la residencia sanitaria en la ciudad de Iquique, en la cual tras autorizarse su egreso, se trasladó a Santiago para reunirse con su familia directa”.

Sin embargo, su estadía duró pocos meses: el 19 de mayo de 2021 fue notificada por la PDI de su expulsión y este sábado a las 6.00 fueron a detenerla. Todo esto quedó en suspenso en espera de que la justicia revise el fondo del recurso y defina si su futuro seguirá en Chile o se visa su deportación del país.