Susana Borzutzky, abogada defensora de general (r) Rozas y causa del alto mando: “Esta causa es más política que jurídica”

Cuatro días faltan para que quienes fueran los altos mandos de Carabineros durante el estallido social lleguen hasta el Centro de Justicia y enfrenten las imputaciones de la Fiscalía por su presunta responsabilidad omisiva en los apremios ilegítimos durante la crisis social.

El aún general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado junto al exsubdirector Diego Olate y el jefe de la policía uniformada en aquel tiempo, Mario Rozas, otrora director general, que es representado por la penalista Susana Borzutzky, quien en medio de la preparación de la defensa accede a conversar con La Tercera.

“Esta formalización es absolutamente arbitraria”, afirma la abogada, quien cree la Fiscalía Centro Norte ha plateado esta causa como un tablero de ajedrez al cual se le caída cada uno de sus piezas, las cuales serías las tesis que ha planteado el Ministerio Público. “Primero, la Fiscalía tenía la tesis que aquí se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que había una política desde el gobierno de aquel entonces comunicada o apoyada con las fuerzas policiales para llevarla a cabo, que era silenciar demandas sociales legítimas y acallar a los manifestantes de cualquier forma. Esa teoría se les cayó, básicamente porque es falsa”, sostiene Borzutzky.

Otra de las tesis, señala la penalista, que se le ha caído a la Fiscalía ha sido una supuesta compra de elementos disuasivos defectuosos. Ante ese escenario, afirma, el Ministerio Público está intentando responsabilizar al alto mando de vulneraciones que hubo, sostiene, pero las cuales individualmente aún no son probadas y que se prefirieron agrupar todos los hechos para “achacar la responsabilidad del alto mando de Carabineros”.

Sin embargo, Borzutzky expone que a días de la formalización aún no saben qué casos le imputará la Fiscalía, quiénes son las víctimas ni los lugares en los que ocurrieron los apremios ilegítimos. “Llegamos a una audiencia de formalización sin saber qué hechos se les van a imputar a nuestros representados”, afirma.

¿Eso no lo han podido saber a través de la carpeta investigativa?

Si bien hemos tenido acceso a la carpeta, no tenemos conocimientos de qué elementos que hay ahí son los que se van a usar hoy en día en la audiencia en contra de nosotros. Sin perjuicio de que esto se ha requerido múltiples veces.

¿Cuál es la tesis que se les ha planteado hasta ahora en la causa?

Pasamos de una tesis de crímenes de lesa humanidad, que se cae, a una tesis de adquisición de elementos defectuosos. Y luego nos pegamos un salto en vez de perseguir la Fiscalía los excesos que ocurrieron, al alto mando por una construcción jurídica inexistente, que es la omisión por negligencia en un apremio ilegítimo y que en este país no tiene asidero.

¿Por qué?

No lo permite porque requiere presencialidad, el poder evitar la conducta en terreno. Y aquí claramente el alto mando, sin perjuicio de situaciones excepcionales, no se encontraba en los lugares que se les van a imputar.

¿Cómo llega el exgeneral a esta formalización?

Se ha tratado, creo yo, de caricaturizar que el general (r) no hacía nada mientras todo ocurría en el país, como si él hubiese estado mirando por una ventana mientras todo sucedía abajo. Mario Rozas ejerció control sobre todo lo que pudo controlar, no existió ninguna situación que él haya mirado para el costado. Él desde que llegó hizo acciones para devolver la credibilidad y transparencia de Carabineros.

¿Y qué hace él en ese contexto del estallido? A juicio de la Fiscalía no se tomaron las acciones para resguar los derechos humanos.

Lo primero que hace es dictar, a través de las comunicaciones electrónicas y radiales, que hay que restablecer el orden público con respeto a los derechos humanos. Y adopta todas las medidas necesarias para que esto ocurra, entendiendo la crisis que se está viviendo y con la rapidez que pudo ejecutarla.

¿Y medidas en concreto?

Dictó medidas como la restricción de la escopeta antidisturbios en 10 de noviembre. El 19 del mismo mes, cuando toma conocimiento del informe de la Universidad de Chile, la suspende. Instruye que no se puede sacar carabineros sin cámaras corporales cuando se usa una escopeta antidisturbios y envía también a un observador de derechos humanos cada vez que sale un escuadrón con esas armas. Por otro lado, cuando Carabineros toma conocimiento de una lesión, ya sea por redes sociales o en Fiscalía, se instruye un sumario. Esto muestra una señal de transparencia al país, que no hay nada que ocultar, al contrario, que si hay excesos, se van a investigar. Mario Rozas dio de baja a carabineros durante su mandato.

¿Cómo enfrenta la formalización, entonces?

Él llega a la formalización tranquilo, sabe que ejecutó su trabajo con honra. Y creo que hoy la ciudadanía lo apoya. Yo creo que es de público conocimiento, en el fondo, que aquí hay una duda, o al menos hay señales de que esto es algo más político que jurídico. La perspectiva con que se ha visto esta causa es más política que jurídica. Se extraña el principio de objetividad de legalidad y de igualdad.

¿Como defensa, cree que la Fiscalía no tenía elementos para llegar a esta instancia?

Yo creo que la Fiscalía tenía elementos para perseguir cada exceso que hubo, y que debe perseguir, pero a quienes corresponda. Yo creo que aquí está tratando de convertir en política hechos que no tienen sustento jurídico.

¿Qué opinión tiene respecto a la investigación de la fiscal Ximena Chong?

Creo que ha hecho una investigación acuciosa y ha realizado sendas diligencias en una causa de mediados del 2019. Yo creo que llevan cinco años de gasto en recursos públicos, pero con una teoría basal jurídica sin sustento.

¿Ha habido falencias?

En este caso la Fiscalía ha incumplido su principio de objetividad, porque no ha investigado las dos caras de la moneda. Aquí se ha investigado con celo cualquier hecho que podría originar responsabilidad de Carabineros. Es como busca busca, que algo vas a encontrar, pero no se ha investigado con igual celo todo lo que ocurrió en contra de carabineros. Por ejemplo, no está la cantidad de daño a la propiedad privada, no está la cantidad de daño a la propiedad pública, no están los saqueos, no están los incendios. Nosotros hemos pedido que se tome, porque por principio de objetividad debiesen estar todas las piezas del puzzle a disposición del magistrado para que resuelva con objetividad.

Y ese sesgo en la investigación hace pensar o deja una huella que no me gusta, que es que la vida de algunas personas vale más que la de otras. Y la vida de un carabinero vale igual que la de cualquiera de nosotros.

¿Cuáles son las expectativas de ustedes de esa audiencia?

Lo que pasa es que la formalización se ha desvirtuado. Una audiencia de formalización se supone que es un derecho de un imputado para conocer la investigación que se ha realizado en su contra y tener defensa. Pero hoy día se ha convertido en una acusación, en daño reputacional, comunicacional, no se presume inocencia con la formalización, el sujeto ya está acusado, el sujeto pierde su trabajo, queda sujeto a medida, y cuando es un cargo público, reputacionalmente ya lo destruiste.

¿Eso ha ocurrido en este caso creen?

En este caso estamos enfrentando una formalización arbitraria desde el punto de vista procesal. Porque en el escrito se incumple con todas las garantías que establece la ley. No señala cuándo ocurrió el hecho, cómo, dónde, cuándo y quién es la víctima. Y en segundo lugar, desde un punto de vista jurídico, la Constitución no lo permite.

¿Apoya las solicitudes de postergación que ha hecho la defensa del general Yáñez?

Yo no creo que haya habido en ningún caso un abuso de la norma. Los conductos existen. Las defensas técnicas se ejecutan.

¿Y cómo ha visto la situación del general Yáñez?

Como abogada defensora del general Rozas, no me voy a referir al general Yáñez. Pero sin perjuicio de eso sí me puedo referir a la crítica que hice antes de que hoy las formalizaciones del Ministerio Público las hemos visto en casos connotados, tienen una duración que no es correcta para una comunicación de cargo. Se llega con antecedentes, no hay igualdad de armas entre la defensa y la Fiscalía, las defensas estamos llegando sin poder ejecutar una correcta defensa técnica o porque luego no tenemos el tiempo para preparar la debida defensa de medidas cautelares por la extensión de la formulación de cargos.

¿A su juicio, eso se está viendo en este caso?

En este caso se genera una destrucción a una reputación o pone en riesgo una larga trayectoria y la ensucia. Y me atrevo a decir que a la Fiscalía se le caerá la última pieza del ajedrez, la teoría que tiene de este caso.

¿Qué opinión tiene del “criterio Tohá”?

Creo que infringe el derecho laboral de cualquier persona. Existe presunción de inocencia en nuestro país, es una garantía constitucional, y eso es lo que debe primar. Descabezar a la institución hoy, en mi opinión personal, con el alto nivel de crimen organizado no corresponde. Pero la señal que me preocupa es más desde el punto de vista jurídico, porque a veces las causas avanzan y las formalizaciones son meras comunicaciones de la investigación y ante eso la presunción de inocencia no se puede eliminar, debe primar. Entonces creo que la señal país es eliminar la esencia de la norma y que es lo que las autoridades debiesen cautelar.

¿Qué espera de esta causa?

No podría entender que si esto llegase a juicio, un tribunal no pudiese analizar lo mismo que analizamos los defensores de la carpeta investigativa, que es que aquí no hay omisión, aquí hay acción de todos los generales y de todo el alto mando. Se adoptó una y otra medida diaria dirigida a aquello y de público conocimiento. Entonces, construir una omisión cuando tienes acción, no se sustenta, se anula.