“Tenemos que cuidarnos en nuestros tiempos libres e incluso en RR.SS.”: nuevo jefe regional Occidente por amenazas de bandas a fiscales

La primera vez que Ángel Valencia tomó contacto con el hoy fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, éste estaba de vacaciones en la Quinta Región. En esa oportunidad, se comunicaron con él desde la dirección ejecutiva de la Fiscalía Nacional ya que el máximo persecutor lo requería en comisión de servicio para que lo apoyara en asuntos jurídicos.

Inicialmente, Pastén llegó al edificio ubicado en calle Catedral pensando que se quedaría tres meses, sin embargo, con el correr de las semanas se transformó oficialmente en el titular de la División de Asesoría Jurídica.

Diez meses más tarde, en todo caso, Pastén volvió a trasladarse. Y es que tras participar del proceso para suceder a José Luis Pérez Calaf en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Valencia depositó sus fichas en él.

Usted fue uno de primeros profesionales que llegó a la Fiscalía Nacional junto al fiscal Ángel Valencia y hace algunas semanas él lo designó en este nuevo cargo. ¿Cómo asume esa confianza y el desafío que implica?

Sí, el fiscal Valencia me invita primero a formar parte de su equipo de confianza y me asigna la función de jefe de asesoría jurídica. Lo asumo con responsabilidad. Entiendo que la función es completamente distinta, y también que esto es la asignación de una responsabilidad más concreta. Asumo plenamente consciente de que es una asignación importante, y dado el trabajo previo que realizamos acá en la Fiscalía Nacional, que el estándar quizás que se va a exigir es de mayor relevancia, porque aparezco como una persona del entorno del fiscal. Pero también tengo claras cuáles son las facultades, las prerrogativas, y las competencias que tiene un fiscal regional.

¿Hay alguna misión especial que le haya encomendado?

El Ministerio Público está orientado a hacer frente a los nuevos fenómenos criminales que tienen que ver con el crimen organizado. Hay ciertas estructuras que ya están funcionando, como ECOH. Pero no hay que desatender los delitos comunes que afectan al ciudadano todos los días. Tenemos que ser eficientes, prestar colaboración a los equipos especializados que están viendo el crimen organizado, pero sin descuidar el día a día.

Y en segundo lugar, el fiscal nacional en su prerrogativa ha hecho mucho hincapié en la interacción con la comunidad. Él quiere una fiscalía presente ante la comunidad más que como un órgano personal. Que seamos un verdadero servicio público.

En su exposición ante la Suprema, mencionó: “Debemos focalizar, priorizar, pero sobre todo estar presente en las investigaciones”. ¿Cuál es su diagnóstico del trabajo realizado los últimos años en esa fiscalía?

La Fiscalía Occidente, por sus características geográficas, presenta una dificultad: la distancia que hay entre los centros de la toma de la decisión, entre la Fiscalía Regional y las Fiscalías Locales. Hay que desplazarse bastante y yo creo en un fiscal regional empoderado, presente en las investigaciones, apoyando a los fiscales adjuntos, involucrado en la toma de decisiones de aquellas causas que requieran una atención especial. Creo en un fiscal regional articulador frente a los organismos auxiliares.

Esto, porque cambia la figura cuando es el fiscal regional quien pide, por ejemplo, a un alto mando de alguna institución policial alguna diligencia particular.

¿Eso no estaba ocurriendo?

Mi impresión es que hay una necesidad, sí, de tener un mayor control y de tener mayor presencia. Mi diagnóstico, por lo que yo he mirado en las cifras y las experiencias que he podido recoger, desde el punto de vista de la gestión de las causas, es que el fiscal regional tiene que involucrarse y los fiscales adjuntos tienen que sentirlo involucrado. Eso creo repercute en una mejor gestión.

Si un fiscal va a acusar, yo tengo que saber, en una causa que sea de interés, si realmente tiene los elementos para acusarlo, hacer un control jurídico. ¿Qué pruebas va a presentar? ¿Cuál es su teoría del caso? ¿Cómo proyecta? ¿Cuál es la pretensión de pena que tenemos?

¿Cuáles van a ser sus primeras medidas?

Tengo, a partir de la próxima semana, una agenda intensísima, casi muy ambiciosa. Tengo reuniones con todos los fiscales jefes, tengo visitas a todas las fiscalías locales. Encargué a la asesoría jurídica que fijáramos los criterios de cuáles son las causas de prioridad regional, las vamos a llamar así. Posteriormente, cuando las tengamos visualizadas, voy a interiorizarme en cada una de ellas, voy a pedir que me expongan cuáles son los antecedentes.

¿Y modificaciones a estructuras o en modalidades de trabajo?

Hay dos reformas que me parece que son estructurales y que hay que hacerlas dentro de los primeros dos años. Uno es tener un criterio de prioridad regional, un clasificador regional, que básicamente consiste en hacer un análisis jurídico de aquellas causas que ingresan a la fiscalía para tomar decisiones en forma inmediata, como las primeras diligencias. Y también para desestimar inmediatamente aquellas investigaciones que nosotros sabemos, por estándar, que no van a llegar a buen puerto.

Lo segundo es crear zonas urbanas que agrupen fiscalías locales de acuerdo a sus propias características. La Fiscalía Occidente tiene centros urbanos, zonas mixtas y centros rurales. Entonces vamos a agrupar comunas. No vamos a mover edificios, simplemente vamos a tomar las causas de acuerdo a la zona. Vamos a establecer criterios de investigación que sean distintos. Por ejemplo, San Bernardo no puede tener el mismo sistema de gestión que Curacaví. Eso nos va a permitir tener sistemas de gestión que sean acorde a esas realidades.

¿Hay algo en particular que se vaya a hacer respecto de la zona de Pudahuel, el aeropuerto?

El aeropuerto es una realidad en sí misma. Hoy día está a cargo la Fiscalía Territorial de Pudahuel y lo hace muy bien. Pero yo creo que tenemos que mirar el aeropuerto bajo la lógica de la Fiscalía de Alta Complejidad. Y en ese sentido también es un proyecto un poquito más a largo plazo, porque hay que mirarlo bien.

La zona occidente está enfrentando grandes dificultades respecto de la criminalidad organizada. Hemos visto lo que ha ocurrido las últimas semanas en comunas como Maipú. ¿Cómo analiza la problemática?

La Fiscalía ya tiene disponible un sistema de investigación que es el equipo ECOH, que está a cargo de un fiscal regional Héctor Barros. Pero eso no quiere decir que las fiscalías regionales no tengan ninguna participación. Creo que las fiscalías regionales pueden avanzar también, sin entorpecer y en forma coordinada, la desarticulación de bandas organizadas.

Nosotros tenemos sectores muy conflictivos, tenemos tomas, tenemos un montón de áreas que son periféricas que son bastante conflictivas, donde funcionan y se generan mercados de criminalidad que nosotros podemos atacar desde la regional.

¿Cree que pudieron haber faltado mayores diligencias?

Yo no tengo ningún problema en hacer la autocrítica. Vamos a hacer la evaluación de los procedimientos. Hay que aprender de las experiencias que no estamos y de aquellos casos en que no hemos sido tan eficientes. Si detectamos que hay algo por mejorar y una autocrítica que realizar, no tengo ningún problema en reconocerlo.

Los fiscales regionales de la zona norte, particularmente, llevan harto tiempo alertando sobre la irrupción de bandas extranjeras. ¿Faltó escucharlos?

Es muy probable que eso sea parte de una autocrítica que nosotros tengamos que hacer y que tengamos que responder y hacernos cargo. Pero se han hecho avances significativos y claros.

¿Cómo analiza lo referente a amenazas que enfrentan fiscales por parte de bandas?

Esto es una situación que nosotros tenemos que atender. Existe una preocupación hoy día de la Fiscalía de Chile por una mayor seguridad de fiscales. Tenemos que disponer los medios y hacer los cambios culturales dentro de nuestras propias dinámicas como fiscales, para buscar la mayor protección, incluso del uso de nuestros tiempos libres, de nuestras redes sociales, de nuestros entornos. Tenemos que estar atentos y expectantes.

Esta última semana ha estado marcada por el debate sobre la aplicación de las prisiones preventivas. El ministro Cordero aseguró que hay una aplicación “abusiva” de esta cautelar. ¿Cuál es su opinión?

Aquí hay que ser superenfático, el Ministerio Público no puede renunciar al uso de sus facultades en los casos concretos por una consideración que no sean los criterios estrictamente legales. Es decir, si el Ministerio Público considera que la medida cautelar que corresponde a un delito particular es la prisión preventiva, no sólo tiene que pedirla, debe pedirla, porque es su obligación. Hay una obligación legal. Los efectos administrativos que eso traiga es una cuestión de política pública que está más allá de la facultad del Ministerio Público.

Si lo que sucede es que se requieren mayores precisiones para determinar cuándo procederá la prisión penal, bueno, esa será la discusión. Si hay abusos, bueno, hagámonos cargo de esa discusión.

¿Comparte la idea de que sería bueno que se revise las condiciones bajo las cuales las personas cumplen con el arresto domiciliario?

Por supuesto. Eso también es una discusión bastante interesante. La medida cautelar de arresto domiciliario tiene ciertos objetivos de aseguramiento de la persona, de no entorpecer la investigación, de evitar algún tipo de peligro para otras personas. Entonces, lo que hay que cautelar es que con el arresto domiciliario se cumplan los fines del procedimiento. Y si a partir del uso, por ejemplo, de una red social o de un aparato telefónico o de algún dispositivo, se están incumpliendo los fines del procedimiento, se tiene que actuar. Y si se requiere hacer reformas legales, bueno.

Se ha cuestionado ampliamente la situación en que están Cathy Barriga y Camila Polizzi, que han hecho una serie de publicaciones en redes. ¿Cómo analiza esa situación?

Si se están afectando los fines del procedimiento, me parece peligroso. Y si también causan una sensación de desigualdad, me parece que no corresponde.

Le toca ser el superior jerárquico de quien, en su momento, también postuló al cargo que ahora usted ostenta. ¿Cómo analiza ese escenario?

Tengo la mejor opinión del fiscal Eduardo Baeza. Estoy agradecido de la disposición que ha tenido conmigo. De hecho, la toma de posesión de mi cargo fue la Fiscalía Local de Pudahuel y él lo hizo con mucho respeto. En el proceso de postulación tuvimos una relación muy cordial y por lo tanto tenemos una relación sana. Él es un fiscal con trayectoria que tiene a cargo hoy día investigaciones muy relevantes. Cuenta con toda mi confianza.

En medio del proceso de postulación hubo cambios en la titularidad del “caso relojes”. El fiscal Eduardo Baeza, de hecho, dejó de tener en sus manos esa causa. ¿Tomará una decisión distinta?

La tomé hoy día (jueves 25 de enero). La decisión está tomada y se la comuniqué. Le devolví hoy la causa relojes al fiscal Baeza, es lo coherente. Él ha llevado a cabo esa investigación. El estado procesal de la causa implica que sea él quien la termine. Le deseé el mejor de los éxitos y pongo a disposición del fiscal Baeza y los equipos de la Fiscalía Regional lo que corresponda para que esa investigación llegue a buen puerto.