Con recomendación al Presidente y elaborado por Interior: lo que se sabe del protocolo que encargó Tohá tras denuncia a Monsalve

Pocos días después de que estallara la crisis por la denuncia de violación y abuso sexual que derribó al subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la ministra del Interior, Carolina Tohá, les comunicó a los ministros del comité político una decisión que adoptó.

En el espacio al que asisten la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la titular del Trabajo, Jeannette Jara; el encargado de la Segpres, Álvaro Elizalde, y el Presidente Gabriel Boric, informó que le pidió al departamento jurídico del Ministerio del Interior -hoy a cargo del abogado José Ignacio García- la elaboración de una propuesta de protocolo para establecer el camino a seguir en el caso de que una alta autoridad del Estado enfrente una denuncia grave en su contra.

Se trata de un manual de cortapalos que indique el camino a seguir si vuelve a explotar una bomba como la que obligó al gobierno a remover al ahora exjefe de la policía civil, que tiene al Ejecutivo sumido en una crisis política desde que estalló el escándalo el 17 de octubre pasado.

Ese día, tal como quedó en evidencia, y como lo señaló la propia ministra Tohá esta semana en la primera sesión de la comisión investigadora por el caso de la Cámara de Diputados, todas las decisiones que adoptó el gobierno fueron improvisadas: el Presidente mantuvo a Monsalve en el cargo por 48 horas; no se le pidió opinión al resto del comité político, lo que desató la molestia interna; el subsecretario pudo viajar al sur para hablar con su familia, y el jueves defendió su inocencia en los patios del Palacio de Gobierno.

La jornada siguiente, el 18 de octubre, el Presidente puso la guinda de la torta al mal manejo del caso, mediante una inusual y errática conferencia de prensa en Lampa, en donde respondió preguntas por 53 minutos sobre el caso y las determinaciones que tomó en torno a este. Luego de eso el Jefe de Estado, la ministra Tohá y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, declararon en la Fiscalía en calidad de testigos.

El protocolo administrativo que Tohá encargó establecerá una fórmula concreta para apartar del cargo a la eventual autoridad acusada ante la Justicia.

Fuentes de Interior aseguran que la medida se aplicaría solo cuando hay un estándar de denuncia y en caso de ciertos delitos.

Y, lo más importante: se establecerá una recomendación concreta al Presidente de la República sobre la permanencia en el cargo del aludido y los plazos en que debe dejar sus funciones.

El rol del Jefe de Estado ante el caso Monsalve ha sido uno de los puntos más cuestionados de la crisis. Primero, porque el Mandatario, al permitirle al exsubsecretario viajar al sur para informarle a su familia sobre la denuncia que el 14 de octubre interpuso contra él una asesora, dio la señal de que el gobierno le daba a Monsalve el beneficio de la duda por sobre la versión de la víctima.

Esto llevó a que este martes la prensa le preguntara a la ministra Vallejo si en ese diálogo con Monsalve -ocurrido el 15 de octubre- el Mandatario le contó o no al entonces subsecretario que él también tenía una denuncia en su contra interpuesta por una mujer con la que compartió su práctica profesional en el año 2014, la que el gobierno dio a conocer esta semana a través de un comunicado y que ha desestimado.

El equipo jurídico del ministerio tiene plazo hasta diciembre para entregar la propuesta de protocolo administrativo a la ministra Tohá. Luego de eso la jefa de gabinete presentará el documento al resto de los ministros del comité político y al Presidente Boric para su análisis y aprobación.

La elaboración del nuevo protocolo implica una compleja labor, pues la propia ministra Tohá, el lunes en la comisión investigadora, realizó un mea culpa respecto de cómo La Moneda enfrentó el caso Monsalve.

En esa línea, la jefa del gabinete reconoció que los protocolos fueron insuficientes para denuncias de este tipo, ya que el criterio que existía antes del caso de Monsalve era que las autoridades en cargos de confianza solo fueran desvinculadas cuando hubiera una formalización; no obstante, en esta situación tuvieron, dijo, que “improvisar”.

Y agregó: “Eso sí que improvisamos, no estaba en nuestros planes esto. Hubo que ver ahí qué se hacía ante una situación que no teníamos ninguna noticia previa. De un momento a otro pasamos de la autoridad mejor evaluada del gobierno a una autoridad con estas acusaciones. Claro que hubo que improvisar”, dijo la ministra.

Luego añadió que, pese a que tenían un protocolo para denuncias de este tipo, ello “fue insuficiente para proteger a la víctima”.