Tribunal adelanta juicio en contra de tío abuelo de Tomás Bravo a tres años de su desaparición y posterior muerte

Tres años, dos meses y 28 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que la tarde del 27 de febrero del 2021 el pequeño Tomás Bravo salió junto a su tío abuelo Jorge Escobar a buscar unas vacas en el sector de Caripilún, una localidad cercana a Lebu, en la Región del Biobío, cuando se perdió todo rastro del menor de edad, quien días después fue encontrado muerto. A 1.184 días de aquello, y pese a que existe una investigación abierta en paralelo, el Juzgado de Garantía de Arauco decidió adelantar el juicio por el delito de abandono de menores en contra de Escobar.

La causa que sigue la Fiscalía Regional del Biobío en contra del tío abuelo de Tomás Bravo, quien según el Servicio Médico Legal falleció a causa de inanición, busca que Jorge Escobar -representado por la Defensoría Penal Pública- sea condenado a 10 años de cárcel por haber abandonado al niño, que finalmente falleció por razones que aún se investigan. El juicio ya ha sido cambiado en dos ocasiones , ambas para retrasar su inicio.

La decisión de llegar a esta etapa judicial fue tomada por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien descartó el delito de homicidio, por el cual se formalizó inicialmente a Escobar, y se inclinó por el delito de abandono con resultado de muerte. La indagatoria por esos hechos concluyó en diciembre del año pasado; sin embargo, el ente persecutor se tomó 10 días antes de ingresar la acusación en contra del tío abuelo de Bravo, contra quien pidió 10 años de cárcel.

Desde entonces, y tras las audiencias de preparación del juicio oral, el tribunal fijó para el lunes 1 de abril del 2024 el comienzo de la última etapa judicial de este caso. Sin embargo, luego de que se ingresara un peritaje de más de 500 páginas el tribunal postergó el inicio del juicio para que tanto la Defensoría Penal Pública, quien representa a Escobar, como la Fiscalía pudieran analizar los nuevos antecedentes.

Así, el Juzgado de Garantía de Arauco fijó para el 29, 30 y 31 de mayo las audiencias del juicio oral en contra de Escobar. Sin embargo, según pudo conocer La Tercera, este miércoles el tribunal notificó a las partes que liberó parte de su agenda, por lo cual adelantó esas audiencias para los días 27, 28 y 29 de mayo desde las 10:30 horas.

En la resolución el juzgado afirma que “se le advierte al imputado Jorge Escobar que si no comparece injustificadamente, podrá ser detenido y conducido a la audiencia por medio de la fuerza pública y quedará obligado al pago de las costas que causare (...) Asimismo, en caso de impedimento deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible”.

Conocido el cambio de la fecha del inicio del juicio, el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, sostuvo que “en esta audiencia ofreceremos pruebas contundentes que demuestran la absoluta inocencia de Jorge Escobar en el lamentable caso del extravío y posterior fallecimiento del niño. Esperamos que esta sea la última ocasión en que el Ministerio Público intente perseguir a un inocente”.

La investigación por la desaparición y muerte de Tomás Bravo ha levantado una serie de cuestionamientos al Ministerio Público. Y es que si bien en un principio Escobar fue acusado del homicidio del menor de edad, esta tesis finalmente fue descartada, pese a que incluso el tío abuelo del pequeño Tomás estuvo en prisión preventiva.

En noviembre del año pasado el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió trasladar la investigación de la desaparición y muerte de Tomás Bravo desde la Fiscalía Regional del Biobío, en manos de la fiscal regional Marcela Cartagena, hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos, a cargo de la fiscal regional Tatiana Esquivel.

Las críticas a la investigación de Cartagena llevaron incluso a diputados de oposición a solicitar su remoción del Ministerio Público ante la Corte Suprema. En este proceso la persecutora regional hizo una autocrítica a la indagatoria y atribuyó a “responsabilidades compartidas en cuanto a cómo se enfrentaron los primeros pasos de esta indagatoria”, emplazando a los otros dos persecutores que la precedieron, Carolina Molina y José Ortiz.

Además de eso, apuntó a una tensa relación con la PDI por presuntas falencias en el tratamiento de las pruebas. “Seguramente la falta de liderazgo de la fiscal Molina los primeros cinco días de búsqueda y la intervención de ‘muchas manos’ desde la PDI, en ese mismo lapso, que proponían cursos investigativos desesperados y algo ansiosos, conspiraron para que se obtuviera un resultado investigativo definitivamente irregular”, sostuvo ante la Suprema la fiscal Cartagena.