“Un alcalde en las sombras”: el cerco de Tomás Vodanovic al diputado Joaquín Lavín por supuesto desfalco en Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, no le da tregua al clan Barriga-Lavín. Y es que luego de insistir en que su antecesora, Cathy Barriga, debía permanecer en prisión preventiva, ahora el militante del Frente Amplio decidió querellarse en contra del diputado Joaquín Lavín (ex-UDI) por los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, en una acusación soterrada de haber sido “un alcalde en las sombras” durante el periodo en que su esposa dirigió esa comuna.

Y es que como se lee en el escrito de 44 carillas ingresado por los abogados José Pedro Silva, Marcos Contreras y Alejandro Awad, en representación de la citada comuna, el parlamentario -cuya oficina en el Congreso fue allanada por la Fiscalía Oriente en octubre del año pasado- no solo habría incidido en gestiones municipales durante la administración de su cónyuge, sino que también habría fraguado la emisión de una serie de facturas falsas a su favor.

Todos los antecedentes, como indicaron los penalistas, surgieron en medio de la indagación que el Ministerio Público lleva en contra de la exchica MeKano, donde el nombre del parlamentario se repite en reiteradas ocasiones.

De hecho, como se explicita en el libelo, en las 113 declaraciones de testigos e imputados que han sido reunidas por el Ministerio Público, el nombre de Lavín Jr. se menciona en 186 oportunidades. O sea, su nombre resuena en promedio 1,65 veces por declaración y no por cuestiones cualquieras, si no que se ligaba su intervención a hechos que excedían el ámbito del desarrollo de su cargo como fiscalizador.

Una de las situaciones expuestas en la acción judicial para dar cuenta de un supuesto financiamiento irregular de la política y utilización de boletas falsas por parte de Joaquín Lavín dice relación con el trabajo de una imprenta que le prestaba servicios a parlamentarios UDI.

Lavín tenía una abultada deuda con ello, aunque logró que no interrumpieran el trabajo. Como se lee en la querella, declaraciones dan cuenta de que le fiaban y que también terminaron trabajando para la administración de Barriga en Maipú.

“La dinámica usual entre el querellado Lavín y la imprenta MMG era que esta última continuara realizando servicios de impresión de material gráfico para las campañas de Lavín aun cuando este último no pagara oportunamente. Se acumulaban saldos pendientes por pagar, transformando el “fiado” en una deuda de arrastre. ¿Cómo se pagó finalmente? Por medio del Congreso Nacional”, se lee en la querella.

De acuerdo con la declaración de un coimputado, para recibir los pagos se le propuso emitir facturas. “Quedaba una deuda de 6 millones y fracción que aún estaban pendientes de Joaquín Lavín, por lo que, como expliqué, Arnaldo Domínguez me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría (al Congreso), ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, sostuvo.

“Para disimular la maniobra se fragmentaron los montos en cargos periódicos bajo glosas ideológicamente falsas, toda vez que referían a servicios que jamás se prestaron. Lo anterior significó que el Congreso Nacional, sin saberlo, subvencionara en parte la reelección del H. Diputado Lavín”, relevaron los abogados de Maipú.

Esa es más probable, complementan, para que el diputado, hace algunas semanas y con posterioridad al allanamiento de su oficina y domicilio particular, pagara de forma reservada cerca de $7.000.000 al Congreso Nacional.

Pero esas no serían las únicas boletas; entre otros elementos, en la querella también se advierte: “Durante el año 2014 el exbrigadista de campañas del diputado D.N.R.M. emitió 4 boletas de honorarios a la Cámara de Diputados por un total de $3.055.556. Se trata de las boletas de fechas 22 de julio, 14 de agosto, 15 de octubre y 20 de noviembre, respectivamente. En las glosas de las primeras dos se indicaba como servicio prestado la “coordinación del trabajo terreno [sic], distrito 20, en el mes de […] para el Diputado Joaquín Lavín”. En tanto, en las otras dos se indicaban “labores administrativas, distrito 20, en el mes de […] para el Diputado Joaquín Lavín”.

Pero luego el mismo D.N.R.M declaró que todas esas boletas las emitió “cuando todavía seguía trabajando para la Municipalidad de Estación Central. Estas tareas, como ya dije, eran diversas, y entre ellas había algunas que eran de único beneficio personal del diputado, como, por ejemplo, ir al supermercado a comprar materiales para su casa, ir a la feria a comprarle fruta o también ir a buscar encomiendas. Cabe hacer presente que D.E.P.L. también trabajaba conmigo realizando este tipo de funciones”.

Él también reconoció que no todo el monto de la boleta iba para él, pues Arnoldo Domínguez, exasesor parlamentario del diputado y contra quien también se dirige la querella, se quedaba con un porcentaje.

“Una vez que teníamos el dinero, se lo entregábamos a Arnaldo; de hecho, tomaba el total, y nos pasaba a mí y a Daniel lo que nos correspondía por los servicios prestados. Es por ello relevante señalar que los montos que indican las boletas de honorarios no guardan relación con lo que verdaderamente nos pagaba Arnaldo. Como ya indiqué, se quedaba con una parte, por ejemplo, de esas boletas que indican $800.000 descontando retención, yo recibí entre 300 y 400 mil pesos”, reveló.

En medio de la acción también se deja en evidencia que de acuerdo a los testimonios recabados en la investigación penal, el diputado Lavín León posicionó a personas de su confianza en funciones cruciales del municipio.

Se mencionó que recomendó a varias de las personas que trabajaron con la exalcaldesa en cargos de directores, como Eugenio Aguiló, Felipe Contreras, y que se reunía con ellos por situaciones ligadas a la administración de la municipalidad. Solicitaba gestiones directas y, de acuerdo con aspectos recabados por los abogados, incluso ofrecía cargos.

“Los querellados Lavín y Domínguez ejercieron sistemáticamente su influencia sobre diversos funcionarios municipales para obtener decisiones favorables a sus intereses o terceros vinculados a ellos. No solo había desvinculaciones, también se instruían contrataciones”, se lee en el escrito.

Se indica, en simple, que Lavín León “estructuró el municipio conforme a sus intereses, situando en puestos clave a gente de su confianza, accediendo a información confidencial y tomando decisiones propias de autoridades municipales en conjunto con su cónyuge, quien por las urnas sí había conseguido hacerse del sillón edilicio”.

Entre otras cuestiones, se le otorga responsabilidad en el despido de centenares de trabajadores, pues se encontraron correos donde recomendaba su desvinculación, ya que supuestamente afectarían la gestión de su esposa.

“El informe policial concluye que fueron un total de 496 trabajadores los desvinculados como resultado de lo instruido en los correos analizados. A su vez, este interviniente ha tomado noticia de que por estas desvinculaciones al menos 72 de esos trabajadores demandaron en sede laboral a la Ilustre Municipalidad de Maipú, significando para el municipio el desembolso de al menos $1.149.670.114 en el pago de condenas, transacciones o avenimientos”, resaltan.