¿Un paso en falso de Aguilera? El largo camino que implicarían los vigilantes armados en establecimientos de salud

Las agresiones en los establecimientos de salud han llegado a tal punto -recientemente distintos centros asistenciales del país han registrado agresiones a funcionarios de la salud- que diversas autoridades están estudiando medidas inéditas. En ese contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó en conversación con el programa Estado Nacional de TVN que desde el gobierno se solicitó a su ministerio evaluar la posibilidad de implementar la presencia de vigilantes armados en los ingresos de Cesfam y hospitales.

La secretaria de Estado detalló que el objetivo de la medida sería dar “una condición de mayor seguridad, en vez de los guardias que tenemos hoy día, tener vigilantes, como son en cualquier banco, que tiene un efecto disuasivo y por cierto, si ocurre algo, pueden controlar de alguna manera”.

Sin embargo, implementar esta medida no sería tan sencillo como suena. De hecho, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, afirma a La Tercera que “lamentablemente no es algo que se resuelva solo contratando una empresa, no es inmediato”. La autoridad explica que son varios pasos los que deben seguir para materializar la estrategia.

“Lo estamos analizando y también debemos plantearlo y discutirlo al interior del gobierno, porque no es una decisión menor. Además tenemos que aclarar los puntos estratégicos y eso pasa por informes policiales. Finalmente el gobierno debe reconocer ese hospital o consultorio como entidad estratégica y de ahí viene todo lo demás”.

Y es que aun con la aprobación de la medida, Salgado detalla que se tendrían que hacer varios cambios en el funcionamiento de los establecimientos y que sería necesario buscar y contratar personas con la preparación y la autorización requerida por la ley.

“Los vigilantes tendrían que ser parte de nuestros funcionarios y tendrían que estar autorizados por la Ley de Armas y el establecimiento de salud tendría que comprar las armas y al interior de los hospitales tendría que haber un responsable de todo el proceso. Además, el hospital tendría que comprar las armas y los vigilantes tendrían que ser funcionarios nuestros, pero los servicios de salud no tienen esta acción dentro de sus funciones. Entonces, tendríamos que hacer una modificación legal que nos permita esa función de vigilancia. Por eso estamos analizando la factibilidad de esa medida”, añade el subsecretario.

También recalca que “hemos planteado que todas esas medidas de seguridad son ajenas a nuestro quehacer y por lo tanto debería ser parte de un presupuesto distinto al de salud”.

Mientras que la presidenta subrogante del Colegio Médico de Santiago, Gisela Viveros, afirma que el gremio ve esta medida con más cautela: “Más que estar o no de acuerdo, creemos que es necesario tener un plan claro. Hay centros de salud que tienen presencia policial y hay otros que han necesitado una intervención mayor. Aquí lo importante es garantizar la seguridad de las personas que se van a atender y de los funcionarios, y mientras no exista un programa claro es difícil evaluar esta medida que propone la ministra”.

Aparte del estudio de esa medida, el subsecretario aseguró que ya están tomando algunas más inmediatas como la vigilancia policial y nuevos sistemas de ingreso a los establecimiento para proteger a los funcionarios y así también no dejar a nadie no autorizado. “Estamos abiertos a todo tipo de soluciones o medidas que puedan ser efectivas, porque nos preocupa mucho la seguridad de nuestros funcionarios y la de los pacientes”, recalca la autoridad.

Además de las diversas situaciones de alta violencia que se han vivido las últimas semanas en algunos establecimientos, el incremento de estos casos ha quedado registrado en el Sistema de Reportabilidad de Agresiones al Personal de Salud del Ministerio de Salud, que según consignó La Tercera, hasta mediados de septiembre de este año contabilizó 7.319 agresiones contra funcionarios sanitarios públicos, es decir un promedio de 28,5 diarias.

Eso sí, el subsecretario aclara que “por un lado están las agresiones que ocurren al interior de nuestros establecimientos y que son las que nosotros registramos, pero por otro lado, las situaciones de violencia que ocurren fuera de los centros de salud son denuncias que llegan a la policía”.