Como “arranques autoritarios” o una forma de “alterar a través de resquicios la decisión soberana del Congreso”. Así han calificado en la oposición las distintas evaluaciones que se encuentra haciendo el Presidente Sebastián Piñera para vetar algunas iniciativas de ley.

La semana pasada el debate alcanzó su punto más álgido ante la amenaza de que el Ejecutivo recurriera a esa facultad para establecer una excepción respecto de los alcaldes en la ley que fijó un límite a la reelección. En la última jornada del plazo que le entrega la Constitución -30 días- finalmente el Mandatario optó por promulgar la iniciativa al no contar con los votos de su propio sector y ante la creciente presión de la centroizquierda.

Y ad portas de una semana en que tendrá que zanjar si vetará el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos por mora durante la pandemia y la iniciativa de garantías de la niñez y la adolescencia, la oposición ha insistido en que el jefe de Estado está haciendo un uso “reiterativo” de esa herramienta durante esta administración.

Sin embargo, lo cierto es que -según el registro oficial del Congreso- si bien Piñera ha concentrado el uso de esa atribución durante los meses en que se ha extendido la pandemia, ingresando tres de un total de cuatro vetos que ha presentado durante este gobierno, esa cifra representa un 57% del total de vetos que había presentado en los primeros dos años y cuatro meses de su gobierno anterior.

El primer veto presentado por el Presidente durante esta administración fue uno sustitutivo, que ingresó en octubre de 2018, para reiterar ante el Congreso su propuesta de reajuste al ingreso mínimo mensual, cuyos guarismos habían sido rechazados por ambas cámaras para fijar un alza mayor. Esa fue la única materia en la que el Mandatario recurrió a esa atribución fuera del contexto del Covid-19. De hecho, en 2019 no registró ningún veto.

Fue con el avance de iniciativas que buscaban hacer frente a las consecuencias del coronavirus que La Moneda comenzó a utilizar con mayor recurrencia esa facultad presidencial. Lo hizo primero luego que el Congreso despachara el proyecto que prorrogaba el pago del permiso de circulación, y luego respecto del mensaje que permitía un indulto conmutativo para población penal de bajo riesgo, cuyo objetivo era despoblar las cárceles. En esa oportunidad La Moneda se vio obligada a ingresar un veto aditivo para reponer dos normas que eran clave para la aplicación de la ley y que dejaron caer parlamentarios de su propio sector, quienes cuestionaban que la propuesta del gobierno no considerara a condenados por violaciones a los DD.HH. en el beneficio.

Finalmente, el último veto enviado por Piñera fue el que buscaba reponer los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los que fueron botados por la centroizquierda durante la tramitación, al considerar que los guarismos propuestos por el Ejecutivo eran insuficientes.

“Es una alternativa absolutamente válida y de la cual el Ejecutivo puede hacer uso en cualquier proyecto de ley aprobado por el Congreso”, dice el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado.

El secretario de Estado destaca que el uso de esa facultad también ha respondido a que “respecto a la situación que estamos viviendo como país, producto de la pandemia, los parlamentarios legítimamente se hacen cargo de las demandas ciudadanas y proponen soluciones legislativas, pero lamentablemente en algunas oportunidades lo hacen sin ninguna consideración previa sobre si está dentro de su facultad establecida por nuestra legislación. Es legítimo e importante que los parlamentarios planteen los temas que demanda la gente, pero también hay que ser extremadamente cuidadosos en la forma cómo esa necesidad se enfrenta”.

“Es importante dejar muy en claro que uno de los requisitos más importantes que tiene el veto es que una vez que el proyecto es devuelto al Congreso, es el mismo Parlamento el que debe aprobar dichas modificaciones, y se debe hacer con un alto quórum de parlamentarios. Eso se traduce en que estas modificaciones deben ser consensuadas y apoyadas de forma transversal por los diversos sectores políticos, lo que le entrega una legitimidad inmediata y necesaria para poder ratificar que son normativas pensadas en mejorar lo que antes se resolvió”, agrega.

Con todo, lo que sí se puede observar es que La Moneda se ha tomado un mayor tiempo para definir el envío de estas iniciativas al Congreso. De hecho, a propósito de esto mismo, senadores de oposición ingresaron una reforma constitucional para reducir el plazo que tiene el jefe de Estado para promulgar una ley.

La Constitución establece un máximo de 30 días para presentar un veto, lo que, sumados a los plazos de promulgación y publicación, dan un total de 45. “El plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas”, acusaron sus promotores, entre ellos, Yasna Provoste (DC) y Carlos Montes (PS).

En su primer gobierno, el Mandatario presentó, según la información oficial remitida por el Congreso, un total de 13 vetos. Siete de ellos fueron presentados en los primeros dos años y medio, y el resto se concentró principalmente en 2012.

Uno de los vetos que presentó Piñera, de hecho, sentó un precedente inédito: utilizó esa facultad para modificar lo aprobado por el Congreso en la Ley de Presupuestos del sector público para el año 2013.

Asimismo, presentó distintos tipos de vetos en iniciativas como la que estableció el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, la denominada “Ley Súper 8”, la de subvenciones escolares, la ley antidíscolos y la ley de pesca, entre otras.