¿Vacuna VIP? Salud multa a director de Posta Central por incluir a dos personas ajenas a la UCI entre primeros inoculados en Chile

El 24 de diciembre del año pasado, con el sol apenas saliendo, distintos representantes del gobierno, encabezados por el Presidente Sebastián Piñera, se apersonaron en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea para recibir el primer cargamento de 10 mil vacunas contra el Covid-19. Pocas horas después, la enfermera Zulema Riquelme recibía la primera dosis en el Hospital Metropolitano, dando inicio -casi en cadena nacional- a la campaña de vacunación contra el virus.

Tal como lo indicaron los comités asesores expertos y los organismos técnicos del Ministerio de Salud, las primeras inyecciones se destinaron, únicamente, a personal de salud. Y no a todos: se privilegió a los funcionarios de las Unidades de Cuidados Intensivos, en el entendido de que eran ellos los más expuestos a contagiarse.

Pero esto no se cumplió a cabalidad. Y lo que en un principio fueron rumores de pasillo y posteriormente una denuncia, fue confirmado esta semana por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, al término del sumario realizado.

Dos personas ajenas a las UCI y al personal de salud se inocularon esa jornada con las primeras dosis de vacuna aterrizadas en Chile.

Según confirmó la Seremi a La Tercera, “existieron irregularidades en el cumplimiento de los lineamientos técnicos dispuestos por el Ministerio de Salud durante el proceso de vacunación contra el Covid-19, desarrollada a funcionarios de Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), en diciembre de 2020″.

Se trata específicamente de Enrique Díaz Valderrama, en ese entonces asesor jurídico del recinto, y su esposa, Marta Bravo Vidal, externa al servicio, quienes recibieron las dosis en vísperas de la Navidad.

La investigación desarrollada por la Seremi de Salud de la RM estableció que, tras revisarse los descargos del recinto, “la Autoridad Sanitaria concluyó que la entidad no logró desvirtuar los cargos para eximirse de la responsabilidad que le cabe en los hechos”, por lo que se determinó una sanción de 600 UTM ($ 31,7 millones) para el centro de salud y de 150 UTM ($ 7,8 millones) para su director técnico, el médico Osvaldo Carrasco.

El caso recuerda al conocido en julio pasado, cuando la misma Seremi sumarió a la Clínica Las Condes por aplicar una tercera dosis, cuando aún no era parte del programa, a Alejandro Gil, presidente del directorio de la compañía, lo que terminó con la renuncia de la jefa de Servicios Ambulatorios.