Valencia aterriza en Punta Arenas en la antesala de la toma de declaración del Presidente por denuncia de difusión de imágenes privadas

Durante la noche de este domingo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, aterrizó en Punta Arenas, Región de Magallanes. El motivo del viaje de la máxima autoridad del Ministerio Público, en términos oficiales, es la inauguración que se realizará este martes en Puerto Williams de la que será la Fiscalía de Cabos de Hornos y la Antártica Chilena, el edificio del ente persecutor ubicado en la zona más austral del mundo, en un proyecto anunciado por el Presidente Gabriel Boric en 2023.

Valencia, que estará hasta este martes en la zona, aprovechó de realizar varias actividades en tribunales y con las policías. A las 9.00, por ejemplo, sostuvo una reunión con el equipo de la Fiscalía Local de Puerto Natales, a las 10.15 visitó la Segunda Comisaría de Carabineros de la región, a las 11.00 acudió hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones y a las 12.00 visitó un tribunal de la zona.

En todas esas actividades Valencia estuvo acompañado del fiscal regional Cristián Crisosto. Este último punto es relevante, ya que el viaje de Valencia se da en medio de la investigación que está liderando ese persecutor contra el Mandatario por la denuncia que presentó una mujer adulta por acoso sexual y por la difusión de imágenes privadas. Dicha denuncia fue presentada el 6 de septiembre.

Así las cosas, se esperaba que en algún punto de esta jornada Valencia y Crisosto se sentaran a dialogar sobre el estado de la causa contra el Presidente, -que se encuentra en calidad de imputado-, y de las diligencias que se están pendientes. Una de ellas, es la posible declaración que tomara el fiscal al Jefe de Estado.

Valencia ya ha sido actualizado de cada detalle de la investigación por parte de Crisosto. Por ejemplo, luego de que el miércoles 27 de noviembre Crisosto se reuniera con el abogado de Boric, Jonatan Valenzuela, en el edificio de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el persecutor llamó a Valencia para comentarle de qué se trató la cita. Esa vez, el fiscal nacional se encontraba presto a embarcarse a Montevideo, Uruguay, para participar de una reunión de fiscales de países pertenecientes al Mercosur y recibió el llamado momentos antes de subirse al avión.

“Hemos estado avanzando en la misma, de hecho hemos instruido una pericia informática al Ciber Crimen de la PDI con el objeto de que ellos puedan analizar los correos electrónicos que fueron entregados voluntariamente por el Presidente”, dijo hoy Crisosto. Asimismo, agregó que cuando reciba el informe de dicha pericia podrá tomar decisiones que correspondan “en derecho” o pedir nuevas diligencias. Entre esas decisiones también se baraja el cierre de la investigación.

Fue ese mismo 27 de noviembre, ya en horas de la tarde, cuando Crisosto llegó con dos efectivos de la Policía de Investigaciones hasta la casa del abogado Jonatan Valenzuela. Esa diligencia, donde también participó el Presidente, tardó dos horas. “Se trató de una diligencia voluntaria en la investigación consistente en la entrega de correos electrónicos que han sido aludidos en esta causa. Esta diligencia se inscribe en el marco de los esfuerzos de total esclarecimiento coordinada con la fiscalía”, dijo Valenzuela al día siguiente.

No es la primera vez que el abogado, del estudio Tavolari y quien asumió la defensa del Jefe de Estado el 7 de octubre, hacía entrega de emails. De acuerdo a antecedentes recabados por La Tercera, el 22 de octubre el Valenzuela había entregado copias de los correos enviados por la mujer al Mandatario entre 2013 y 2014. La idea del profesional era enseñarle al fiscal que su representado era la víctima de un “acoso sistemático” por parte de la denunciante.

El abogado Jonatan Valenzuela señaló escuetamente que, por el momento no tenía información de nuevas diligencias, más allá de lo que he comentado públicamente

Según fuentes de La Tercera, la carpeta investigativa tiene la primera declaración de la denunciante y un informe pericial en el que se concluye como una “hipótesis no plausible” la supuesta divulgación de las imágenes en la web.

En paralelo, otra causa se abrió otra causa penal en torno al caso, que también está en manos de Crisosto. Se trata de la investigación sobre cómo el gobierno se enteró de que Boric estaba bajo investigación, debido a que el caso estaba desformalizado y bajo reserva. Por lo tanto, dicen conocedores del sistema judicial, solo pudo haberse enterado mediante un “soplo” de algún funcionario del Ministerio Público.

Según el abogado Miguel Schürmann, quien representaba inicialmente al Jefe de Estado, envió un correo a la Fiscalía de Punta Arenas pidiendo acreditarse en una causa, entregando en la comunicación el Rol Único de Causa (RUC) que -hasta ese minuto- tenía tramitación secreta. Luego, dice, dio con el caso mediante el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU). Sin embargo, esa forma esta en duda. Exfiscales dicen que no es posible acceder de esa manera y que, si así fue, se debió a una “falla del sistema”.

Por esta arista la fiscalía también deberá hacer diligencias. El exfiscal José Villalobos explica a La Tercera que “lo que se está investigando a partir de lo que se descubrió del acceso de una información de una causa reservada es la figura de revelación de secreto, que es aquella que contempla el Código Penal respecto a una información que está reservada y exclusivamente las personas que tienen a cargo esa investigación, funcionarios públicos, y no pueden tener acceso otras personas que no sean intervinientes en la causa”.

El expersecutor detalle que se trata de un delito menor que tiene una pena de multa y suspensión del empleo público. Pero si la revelación tiene grave daño para la causa pública puede ir desde reclusión mayor de cinco años y un día.