Van seis meses desde que se aprobó: senadores RN arremeten por demora en el reglamento de la ley de control de armas

Un proyecto de acuerdo gestiona por estos días el comité de senadores de RN para abordar uno de los flancos críticos de la gestión del gobierno: el manejo del orden público y la seguridad ciudadana.

La arremetida -liderada por la jefa del comité, Paulina Núñez- busca apretar a La Moneda para que apure la tramitación del reglamento de la ley 21.412 que fortalece el control de armas. Dicha legislación fue publicada oficialmente como ley el 25 de enero de este año, y aunque se establece expresamente un plazo de 12 meses para la elaboración de su reglamento, hasta la fecha no se conocen avances, por lo que los senadores de RN critican al gobierno por esta demora.

“Es inaceptable que en medio de la crisis de violencia, delincuencia y uso de armas de fuego el gobierno todavía no tenga un reglamento para la nueva ley de control de armas que fue publicada hace cinco meses”, dice Núñez.

Y agrega: “Sin este reglamento se desprotege a la ciudadanía de la delincuencia e impide que las autoridades correspondientes controlen de mejor manera el crimen. Hacemos un llamado urgente y exigimos que se dicte el reglamento de control de armas a la brevedad para poder tener más y mejores herramientas que combatan la delincuencia y comenzar a dar mayor protección y seguridad a los chilenos”.

En ese sentido es que el equipo legislativo del comité de senadores ya tiene armado el proyecto de acuerdo. En el documento -al cual tuvo acceso La Tercera PM- se abordan aspectos que no pueden regir de la ley si es que no cuenta con su respectivo reglamento.

Por ejemplo, se indica que “el reglamento debe determinar las armas que se consideran “adaptables o transformables para el disparo”, además de que “puede agregar categorías de armas adicionales a las que establece la ley en el mismo artículo 1, o a saber: armas de defensa personal, de seguridad privada, deportivas, de caza mayor o menor, de control de fauna dañina, de caza submarina, de uso industrial, de colección, y de ornato o adorno”.

También se afirma que hay puntos clave de la ley que no pueden entrar en vigencia sin el reglamento, tales como uno que establece que se debe informar a la Dirección General de Movilización Nacional de aquellas personas que cuenten con títulos y capacitaciones de armero; otro que regule mejor la inscripción de armas a nombre del portador y sus requisitos; además de uno que modifica los sistemas de identificación balística para que las policías puedan acceder a información sobre proyectiles disparados durante investigaciones.

Otras medidas que se mencionan son que “el reglamento podrá establecer un sistema de trazabilidad complementario para todas las armas de fuego y municiones que sean fabricadas en el país o importadas” y que “el artículo sexto transitorio señala que mientras no se dicte el reglamento ya mencionado, se prohíbe la venta de armas adaptables o transformables para el disparo”.

En ese sentido, se concluye que “mientras no se dicte el reglamento aludido, la ley queda incompleta y sin posibilidad de que la nueva normativa de control de armas entre en pleno funcionamiento”.

El proyecto de acuerdo solicita al Presidente Gabriel Boric que despache a la brevedad el reglamento, y además de los aspectos técnicos se detallan otros argumentos, como que el vacío “desprotege a la población” e “impide mayor pericia de la autoridad para el control del crimen”.

En ese sentido, el senador Kenneth Pugh, dice que “la gente en Chile tiene miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de andar en auto de noche, incluso miedo en sus propias casas por las llamadas ´balas locas´ y al gobierno parece darle lo mismo. Se llenan la boca con trabajar por el pueblo y llevan cinco meses desde promulgada la ley de control de armas y ni media palabra del reglamento. Es el tema más urgente y prioritario para la ciudadanía y cuando lamentablemente día a día estamos viendo heridos e incluso muertos por armas de fuego, incluidos nuestros valientes carabineros”.

La arremetida se da en medio de la crisis por el orden público cuyo manejo ha provocado severas críticas hacia La Moneda. A eso se suma que según la encuesta CEP el tema seguridad ciudadana es el que despierta mayor preocupación en la población.