Venezuela: Cinco claves de unas elecciones legislativas con baja participación

Durante la jornada de ayer, los venezolanos fueron convocados a participar en las elecciones legislativas para renovar la Asamblea Nacional, el único poder estatal que está en manos de la oposición. A pesar de las críticas que enmarcaron el proceso electoral, que tuvo como gran ausente al grueso de los partidos opositores, que acusan un fraude electoral, el chavismo celebró en la madrugada la victoria de los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras largas horas de sospechoso silencio y durante la madrugada, el CNE emitió el primer boletín con el 82% de las actas escrutadas que otorgó la victoria al chavismo aglutinado en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), que obtuvo el 67,6% de los votos, mientras que la coalición opositora Alianza Democrática alcanzó un 17,95%. Más atrás, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), con un 2,73%.

Sin embargo, la abstención, la escasa observación internacional y los llamados a último momento para buscar electores en las calles han dado cuenta de las deficiencias en los comicios, que no serán reconocidos por al menos 17 países de la región.

La prensa local y las agencias desplegadas por Venezuela revelaron durante las primeras horas de ayer la escasa participación en los comicios. “Hay más filas para cargar bencina que para votar”, daban cuenta algunos periodistas en redes sociales. De los más de 20 millones de personas habilitadas para sufragar, tan solo el 31%, es decir, un poco más de 5 millones de venezolanos acudieron a las urnas.

En los días previos, la oposición hizo un llamado a los venezolanos para permanecer en sus casas y no acudir a votar. Aunque las mesas debían cerrar a las 18:00, el CNE convocó a un punto de prensa ayer en el que informó que se extendería una hora más el proceso o “hasta que hayan personas en las filas para votar”.

En paralelo, Maduro convocó por la tarde a la Operación Remate, que consistió en salir a buscar votantes en las calles. Días antes, el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello señaló que el “el que no vota, no come. Para que el que no vote, no hay comida”.

A pesar de esto, el Observatorio contra el Fraude -creado por el Parlamento- aseguró que la participación no superó un 20%. Aunque no sería la participación más baja en elecciones parlamentarias. En 2015 fue del 71%; en 2010 fue del 66%; en 2005 fue del 25% y en 2000 del 50%.

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia en Venezuela”, señaló una carta firmada por el Grupo de Lima, suscrita por 16 países de la región.

El bloque nació en 2017 por iniciativa de Perú, y rechazó los comicios, sobre los cuales acusó que “carecen de legalidad y legitimidad”, ya que “fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

Anoche, Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Mike Pompeo, indició que “lo que está ocurriendo es un fraude y una farsa, no una elección”. Hasta el momento, los únicos países de la región que se han mantenido al margen son Argentina, Bolivia, México y Uruguay.

El 23 de enero pasado, Juan Guaidó irrumpió en la política regional al convertirse en el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamarse “presidente”. Desde ahí, lideró una hoja de ruta que buscaba alcanzar tres objetivos: “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Sin embargo, a menos de un mes que su cargo expire y sin resultados favorables, la figura que fue respaldada por una decena de países ha perdido fuerza.

“La mayoría de Venezuela ha dado la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Maduro y su régimen han perdido el apoyo popular”, señaló ayer Guaidó en sus redes sociales. En un intento por reavivar su respaldo y en su última carta, la oposición impulsa una consulta popular que se realizará desde hoy hasta el 12 de diciembre de manera presencial y a través de una aplicación para los venezolanos en el país y en el exterior.

El 5 de enero de 2021, los nuevos legisladores deberán asumir en el cargo y de esta manera, la oposición quedará con las manos atadas para impulsar alguna iniciativa, ya que quedarían sin “piso institucional y judicial”. A pesar que la comunidad internacional no reconoce los resultados, deberán decidir si acuerdan alargar la autoridad de Guaidó, que aseguró que seguirá a la cabeza de la AN debido a que el proceso de ayer no fue legítimo.

Más de 5 millones de venezolanos han dejado su país en medio de la crisis social y política. Para 2018, el Fondo Monetario Internacional alertó que la hiperinflación, la devaluación del bolívar y la escasez de bienes de primera necesidad generarían una inflación del 1.000.000%.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por las principales universidades venezolanas reveló que solo un 4% de los venezolanos ganó el año pasado lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y menos de uno de cada 10 hogares está completamente libre de inseguridad alimentaria.

En 2019, los ciudadanos enfrentaron un nuevo problema: los apagones. En marzo de ese año, algunos sectores estuvieron sin suministro eléctrico por 7 días, generando problemas en hospitales, escasez de agua y saqueos.

Además, el chavismo acumula una serie de acusaciones de violaciones a los derechos humanos. La ONU presentó en septiembre pasado un informe de 443 páginas y más de 250 entrevistas en el que acusa a Maduro y 45 altos funcionarios de “crímenes de lesa humanidad”, que podrían ser juzgados en La Haya.

A esto se sumó el drama generado por la pandemia del Covid-19. Actualmente hay 104 mil casos activos y más de 900 fallecidos, pero el personal médico denuncia falta de medicamentos e insumos de protección para tratar a los contagiados con el virus.

Con el triunfo en las urnas, el chavismo tomará el control total de todos los poderes del país. Desde el 5 de enero, parte del círculo cercano de Maduro pasará de la Asamblea Constituyente a la Asamblea Nacional. Este será el caso de Diosdado Cabello y la primera dama, Cilia Flores.

Según el diario colombiano El Tiempo, Maduro también controla 19 de las 23 gobernaciones; 305 de las 335 alcaldías; 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales. Además, se añade el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General y el CNE.

La oposición dividida entre Juan Guaidó, Henrique Capriles y Leopoldo López, espera ahora que la llegada de Joe Biden genere nuevas posibilidades para presionar al Palacio Miraflores. Mientras, el chavismo aspira a que el demócrata aliviane las restricciones económicas.

Según Daniel Zovatto, director del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), “Venezuela enfrenta un laberinto político jurídico. Esto dará inicio a que la comunidad internacional vuelva a iniciar un proceso de diálogo, con una nueva política exterior, ahora con Joe Biden, la Unión Europea y América Latina tratando de colaborar, pero el chavismo puede decir por qué voy a negociar mi posible salida cuando no tengo garantías de que me va a pasar si dejo el poder y cuando la oposición está más débil que nunca. Más aún con las elecciones locales del próximo año”.