Antes Seremis ahora los GORE: Contraloría evidencia falta de trazabilidad en millonarias transferencias y conflictos de interés con fundaciones

“Si se me permite, esta es probablemente una de mis últimas comparecencias ante el Congreso. Quiero decir que hay muchas glosas que se aprueban y que flexibilizan estatutos que se han hecho de manera consistente, profesional, responsable, como lo que se propone hoy en la Ley de Presupuesto. Pero una glosa que se aprueba a las 3 de la mañana, claro, nadie tiene muchas ganas de entrar al detalle, pero no le echo la culpa a nadie, pero hay que tener mucho ojo con eso”.

Al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, le quedan exactamente 40 días en el cargo. En un mes y medio cumplirá los ocho años para los que fue elegido y expirará su periodo. Un periodo que no ha estado exento de polémica y que en sus últimos pasos a cargo del organismo fiscalizador ha dado especial atención el denominado caso “líos de platas”, que ha asestado un duro golpe al oficialismo y, por ende, al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cada entrega de auditorías realizadas por los analistas de Teatinos 56, a partir del escándalo del convenio entre Democracia Viva -ligada a RD- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, ha generado alguna reacción y durante esta jornada la comparecencia de la autoridad no dejó indiferente a nadie.

Junto con dar cuenta de que las irregularidades detectadas en el norte se replican en otras 14 Seremis del país, también entregó información sobre situaciones que serían aun más graves y que también están en la mira del Ministerio Público: los millonarios traspasos desde gobiernos regionales (GORE) a fundaciones, ONG y corporaciones.

Ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Bermúdez expuso un resumen del descontrol que existe en la ejecución y rendición de cuentas, y que se detectó que en varios casos no existen siquiera comprobantes de ingreso de transferencias efectuadas, ausencia de boletas de garantía, no existe supervisión de los proyectos de asignación directa, ni trazabilidad en los estados de avance, entre otros puntos.

En los análisis desarrollados por La Tercera, los principales dineros cuestionados están justamente en los otorgamientos desde las gobernaciones a ONG. De 137 de los tratos que están bajo la lupa de la Fiscalía, 77 de ellos fueron realizados desde Seremis e involucran $7.600.454.124. Sin embargo, pese a tener la mayoría de los traspasos, las reparticiones del Ejecutivo son ampliamente superadas por los $23.979.394.674 investigados respecto de los gobiernos regionales, los que mantienen 60 traspasos cuestionados.

En ese sentido, Bermúdez expuso que entre las situaciones más graves detectadas está la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue “la ruta del dinero” ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias. Todo esto llevaría a una eventual falta a la probidad y actos de corrupción principalmente por el hallazgo de personas vinculadas a las entidades receptoras del dinero con funcionarios de la repartición pública que se los entrega por trato directo.

Una de las cosas que los GORE no exigen es la individualización de personas que participan en proceso de financiamiento de programas de inversión como sujetos de lobby, no hay procedimientos que permitan identificar los conflictos de interés y ni siquiera se exige que las personas jurídicas receptoras de estos millonarios fondos estén inscritas en el registro que establece la Ley 19.682.

De todos los gobiernos regionales indagados actualmente por la Fiscalía, el que acumula el mayor monto es el GORE de Los Lagos -que dirige el ex-DC Patricio Vallespín-, el cual con ocho traspasos suma $7.804.000.000 en transferencias investigadas. Aquello equivale al 24,3% de todo el caso ‘lío de platas’.

En esa región, el traspaso por mayor monto es con la Fundación Chinquihue, la cual es presidida -según sus estatutos- por el propio Vallespín.

En todo caso, la transferencia más alta en los convenios investigados por el Ministerio Público se dio entre el GORE de La Araucanía y la Fundación Instituto Hernando de Magallanes, el cual se alcanzó con un convenio por $3.476.000.000 con la administración del gobernador Luciano Rivas (Ind./ Evópoli).

Según la información aportada por la diputada Ericka Ñanco (RD) al Ministerio Público, dichos recursos eran para la compra de composteras para Padre Las Casas.

¿El problema? Que, según la parlamentaria, la organización estaría vinculada a la Fundación Instituto Vladimir Nazor, que serían símiles, por lo que insiste en que habría irregularidades.

Respecto de ciertas argumentaciones que daban gobernadores regionales respecto de que los convenios que habían suscrito habían pasado por el control de la entidad que encabeza, Bermúdez aclaró que la toma de razón implica solo una revisión de equilibrios presupuestarios. Los análisis profundos, aclaró, siempre se realizan de manera posterior y, por lo mismo, recalcó que será muy importante lo que se defina en la Ley de Presupuesto 2024.

“Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad”, sostuvo.