Viña: El millonario monstruo que pena a Virginia

Su cuarto período concluye el 2020, con lo que habrá completado 16 años al mando de Viña del Mar. Eso, si lo termina. Porque si María Virginia Reginato Bozzo (78) no logra zafar del callejón financiero que acusó ayer la Contraloría General de la República, podría quedar a las puertas de un proceso de destitución, tragedia que ya le ha pasado por encima a antecesores suyos acusados de -como dice el formalismo legal- notable abandono de deberes.

Eso para comenzar, porque de ocurrirle aquello, el próximo capítulo para quien se apronta a repartir gaviotas en la 60 versión del festival, podría ser una acción penal. Es lo que le pasó a Rodrigo González Torres (PPD) después de ser destituido (2000) por la misma figura jurídica, esa vez por la fallida licitación del Hotel Miramar y diversos pagos objetados. Eso lo levó a tribunales, donde ocho años después se libró de de los cargos de fraude al fisco (y después logró ser electo otra vez alcalde, el '96).

Las vueltas y revueltas de la vida. Entre los concejales acusadores, y entonces victoriosos, estaba Reginato. González hoy es diputado por la zona y sin pudor pide lo mismo: que los concejales la destituyan.

Eso podría ocurrir si es que al menos tres de los diez miembros del concejo (de los cuales seis son de la derecha oficialista y cuatro opositores), hacen la presentación ante el Tribunal Electoral Regional (TER), y si es que les va bien por esa vía. Uno de ellos ya lo intentó años atrás y fracasó, pero sin los antecedentes que publicó ayer la Contraloría.

Como por ejemplo, que el municipio renovó patentes de alcohol a nombre de personas fallecidas, que gastó más de $5 mil millones en horas extraordinarias, más de $7 mil en pagos en honorarios y otros, que completaron más de $12 mil millones. La Contraloría destacó que eso equivale al 43,20% de los gastos en personal y al 14,93% del total de gastos del presupuesto, mientras que el 4,4% se destina a obras municipales.

A la cabeza de la larga nómina de irregularidades y reparos del informe 577 (detalles se pueden revisar acá) figura el déficit de $17.585.250.174. Eso es casi cuatro veces la renta por concesión que percibió el municipio por el Festival de la Canción 2019, que fue de unos $.4.570 millones.

Festival que, a todo esto, comienza en un mes y dos días más.

Reginato es quien anuncia, antes que nadie, a los artistas que cada febrero subirán a la Quinta Vergara. Una tradición, dicen algunos. Un derecho que se ha tomado, dicen otros. Como sea, es la dueña de casa y está en todas las que quiere estar: en la gala oficial con alfombra roja, y en la gala vecinal, ahí, junto al viñamarino de a pie.

Para esta versión 2019, ella habría comentado a fines del año pasado cierta preocupación por el retraso en el anuncio de los primeros artistas del certamen y por no contar con una figura de gran efecto mediático, como Luis Miguel, con quien había un acuerdo que finalmente se terminó diluyendo ante los problemas en escena mostrados por el intérprete en México.

Los primeros anuncios de la programación vinieron recién a principios de diciembre, cuando en años anteriores tal información se ha divulgado mucho antes. Además, hoy, a casi un mes del espectáculo que parte el 24 de febrero, hay sólo tres de las seis jornadas en venta (para el resto aún se ajustan peticiones de los artistas por abrir o cerrar una de las noches).

Los encargados del evento, TVN y Canal 13, aún siguen en la búsqueda de un artista que propine ese gran golpe masivo que espera Reginato. Se ha barajado el nombre de la estadounidense Jennifer Lopez, pero las tratativas se han empantanado por temas de costos y agenda. En la organización, algunos ya dan por descartado su venida.

Además de vitrina, el Festival es una histórica fuente de ingresos para el municipio  -solo en renta por concesión a los canales gana $4.500 millones, además de otros compromisos de promoción -junto con el turismo y el Casino: esas son las noticias por las que sale la Ciudad Jardín en la televisión. Por eso mismo es que la crisis de caja llama más la atención, y a Reginato y al certamen les ha pasado la cuenta.

El 2017 se tuvo que suspender el piscinazo de la Reina del Festival -ese verano fue Kika Silva- porque hasta el Hotel O'Higgins llegaron pobladores con megáfonos y todo, reclamando que la alcaldesa no les había cumplido compromisos de dos años atrás y que seguían sin luz ni agua potable.

El campamento, ubicado en el sector de Forestal Alto, se llamaba Felipe Camiroaga. La escena empujó a rostros como Tonka Tomicic a reaccionar en cámara: "Nosotros también hacemos la vista gorda a esta realidad cuando estamos con el Festival".

Los campamentos salieron de nuevo a colación poco más de un año después, en abril de 2018, cuando el asunto del déficit ya era tema en el municipio y no había Festival que devorara la atención de los canales de televisión. Reginato volvía de vacaciones a reconocer -a regañadientes- que el saldo en rojo era de algo más de $13 mil millones, como ya circulaba públicamente.

Igual como en el posteo en Twitter y el comunicado de cinco párrafos con que ayer contestó las 368 páginas del informe de la Contraloría, la alcaldesa dijo entonces que "daría la cara". Trató de salir jugando al anunciar un "Plan de Reestructuración", cambiar al administrador municipal, y enrocar algunos cargos entre sí. Pero se abrió otro flanco cuando argumentó que el forado se debe a que "la ciudad ha crecido y los gastos también", como por ejemplo, el gasto social.

"No son tan menores (los gastos). Nosotros tenemos que llevarles el agua, el aseo, las calles y eso no es menor. No estoy diciendo que por eso sea el déficit, se han juntado muchas cosas y en eso estamos trabajando para dar las soluciones, para tener mayores ingresos y para tener regularizado el tema del financiamiento", aseveró entonces. Se ganó críticas de sacerdotes como Marcelo Catril, del campamento Manuel Bustos.

En poco menos de un mes se sabrá si la alcaldesa disfruta o no de un Festival en paz, y en su partido, la UDI, ya venían dudando de que postule nuevamente.

Por lo pronto, vendrá la etapa de reparo, donde se establecerán las responsabilidades civiles, y frente a quienes son considerados responsables se inicia el juicio de cuentas donde, básicamente, se dice "devuelvan la plata". La auditoría ya da luces de quiénes son los responsables, pero debe quedar constatado en los reparos. Eso ya está en marcha y depende de Contraloría. Ya se instruyó también el sumario. Eso queda en manos del fiscal del municipio y es aquí donde, tras establecer sanciones, se abre la posibilidad de corroborar un eventual notable abandono de deberes. Todo ello dura su par de meses. Después de repartir gaviotas.