¿Y si no uso mascarilla? 169 personas en la Región Metropolitana han sido sancionadas con multas de hasta $ 2,5 millones

Expertos y autoridades ya lo han dicho: puede ser una mascarilla desechable, la N-95, de fabricación artesanal y hasta un pañuelo de género. Todo eso sirve como protección para prevenir contagiarse del coronavirus al interactuar con las personas. Pero, tal como ocurre con las cuarentenas, parte de la ciudadanía parece no entender.

Desde el 17 de abril rige en Chile el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas que se encuentren en determinados lugares que concentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Entre estos, se encuentran aeropuertos, locales comerciales, hoteles, establecimientos de salud, lugares de trabajo y establecimientos educacionales. También se debe utilizar el implemento cuando se utilice el transporte público o privado remunerado.

La fiscalización de esta disposición está a cargo de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) de la Región Metropolitana, la que identificó 280 puntos de alta afluencia de personas, donde se aumentaron los controles sobre el uso de mascarillas. Esto, luego del discurso del ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando el domino habló de “la batalla de Santiago”.

La Seremi aumentó los controles y ya se han realizado 30 mil fiscalizaciones en la Región Metropolitana, cursándose 169 infracciones a personas detectadas sin mascarilla. Las multas, en algunos casos, han llegado hasta los $ 2,5 millones.

El trabajo de fiscalización también ha apuntado al retail. Entre hoy y el lunes se han abierto siete sumarios sanitarios con prohibición de funcionamiento para locales de Hites, Tricot, ABC DIN, Corona y una importadora China.

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, indicó que “es de gran importancia que la comunidad cumpla con la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares públicos cerrados y cuya capacidad sea superior a 10 personas, en el transporte público y ascensores. Vamos a intensificar las fiscalizaciones al comercio, al cumplimiento de cuarentenas y el uso de mascarillas. Aplicando las sanciones respectivas a través de sumarios sanitarios. En cuanto a las fiscalizaciones de cuarentenas, la Seremi de salud ha realizado a la fecha 3.334 fiscalizaciones y ha cursado 80 sumarios sanitarios por incumplimiento”.

La premura por tener una mayor fiscalización en terreno para evitar el aumento de caso de contagios por coronavirus, tuvo también su efecto en el Congreso.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta las sanciones a quienes incumplan la cuarentena y el toque de queda.

“Según información de Carabineros de Chile, a la fecha 11.462 personas han sido detenidas por no respetar el toque de queda; 1.816 personas han sido detenidas por la comisión de delitos en toque de queda; y, 5.642 personas han sido detectadas infringiendo la cuarentena sanitaria”, dice la moción enviada la semana pasada por el Presidente al Congreso. Se refundaron dos proyectos que ya estaban en curso y se agregaron las disposiciones que proponía el gobierno, las cuales fueron aprobadas.

¿Cuáles son? De aprobarse ahora en el Senado, quienes infrinjan las cuarentenas se verán expuesto a una pena que va desde los 61 a 3 años y un día de presidio (actualmente es hasta 541 días), y además se les aplicará una multa que puede llegar hasta los $ 10 millones (ahora es hasta el $ 1 millón).

Además, con la ley actual -de acuerdo a la ley que sanciona los delitos contra la salud pública- se puede aplicar la sanción de presidio o la multa. La nueva ley propone que se apliquen las dos sanciones: multa y presidio (aunque no es efectivo).

También, el proyecto ofrece otra variante. En caso de que el Ministerio Público llegue a un procedimiento abreviado con el imputado, este solo podrá acceder a este, si acepta la multa y trabajo a beneficio.

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida señaló que “creo que es un proyecto necesario que viene resolver una situación, que era poco clara respecto de personas que no cumplen las cuarentenas y ponen en riesgo a lo demás. Lamentablemente, el gobierno insistió en una norma transitoria de que esta ley regiría por un año y se equivoca, porque esta ley debiera aplicar también por si hubiese otra pandemia posteriormente”.

En tanto, para el diputado PS, Leonardo Soto, “la expectativa de que esta clase de leyes represivas aumenten en la gente el grado de cumplimiento de las reglas de cuarentena, toques de queda o distanciamiento social no es muy alta porque choca con una realidad social que es muy fuerte. La gente recibe llamados a quedarse en casa y en pausa por parte de la autoridad, pero millones de chilenos no tienen trabajo ni clientes desde el 15 de marzo y aún no reciben ninguna ayuda económica que les permita paliar o reemplazar la baja de sus ingreso”.