18-O: la nómina secreta de pensiones de gracia revocadas por Boric

En el programa de gobierno de Gabriel Boric había un capítulo extenso sobre “las violaciones a los derechos humanos del estallido social”.

En un ítem, las promesas de campaña comprometían el impulso a una “ley de indulto” para quienes estaban presos “injustamente” por participar en lo que se denominaba como una “revuelta social” histórica. A eso se sumaba la idea, que se materializó 24 horas antes de asumir el gobierno, de retirar algunas querellas en las que la administración de Sebastián Piñera había invocado la Ley de Seguridad del Estado contra quienes cometieron delitos en el marco de las protestas tras el 18 de octubre.

Para acelerar ese compromiso, una vez electas, las nuevas autoridades dieron curso a una medida que fue profusamente cuestionada y que le significó el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía: los indultos presidenciales para los que no se requería pasar por el Congreso.

Junto a eso se promovió el cumplimiento de otra promesa, esta vez respecto a la reparación para las víctimas del estallido. “Promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la reparación integral de todas las personas vulneradas en sus DD.HH., especialmente las víctimas con daños físicos irreversibles, las víctimas de lesiones oculares, las víctimas de violencia sexual y los familiares de víctimas de homicidio”, se lee en el documento de 227 páginas.

A poco andar, las pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo, algunas de las cuales venían de la administración anterior, terminaron provocando otro dolor de cabeza para La Moneda cuando se cuestionó a los beneficiarios, algunos de los cuales tenían sentencias por ataques sexuales, robos y otros crímenes.

Esas denuncias obligaron a un exhaustivo trabajo realizado por el Ministerio del Interior que decantó en que el 20 de febrero se revocaron 27 de estos beneficios.

Las críticas a la entrega de las pensiones de gracia estuvieron radicadas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y en la Subsecretaría de Interior. Ambas instancias fueron las que acreditaron a los postulantes como víctimas por haber sufrido algún tipo de menoscabo a propósito de lesiones o acciones perpetradas por agentes del Estado en el marco del estallido social.

Al momento de los descargos, el INDH recordó que ellos habían advertido a través de un oficio al Presidente Boric que no estaban en condiciones de certificar antecedentes médicos de los beneficiarios. El documento -según se reveló- nunca fue respondido por el Ejecutivo.

Fue en ese marco que el Ministerio Público decidió abrir de oficio una investigación que está a cargo del fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, y en la que se indagan delitos de falsificación de instrumentos públicos por parte de quienes habían falseado discapacidades físicas y también se persigue alguna responsabilidad de los funcionarios que estuvieron en las instancias de calificación de la pensión -por gracia y vitalicia- entregada por el Presidente.

Contraloría, por su parte, abrió una indagatoria para determinar los aspectos administrativos que hay tras la entrega de beneficios a personas con graves antecedentes delictuales. Hasta el momento, ninguno de los organismos ha determinado sanciones penales o disciplinarias, ya que las pesquisas siguen vigentes. Pero lo que hoy revela La Tercera es el listado que durante tres meses estuvo bajo siete llaves en La Moneda y son aquellas personas a las que el gobierno decidió revocar el beneficio.

Varios de los perjudicados por la decisión del Presidente Boric ya eran conocidos para la opinión pública. Diversos artículos dieron cuenta que se trataba de personas que -en algunos casos- no eran víctimas de graves lesiones y que, incluso, habían estado vinculados criminalmente a saqueos y disturbios tras el 18-O.

El listado lo encabeza Robinson Jaramillo Monje, que fue el caso que evidenció la gravedad en la entrega de pensiones de gracia a personas con condenas. El beneficiado tenía sentencias por dos delitos de lesiones por violencia intrafamiliar, entre 2009 y 2010, y mantiene una condena por abuso sexual en contra de una niña de seis años.

Jaramillo fue sentenciado a tres años y un día, como autor del delito de abuso sexual en grado consumado. El caso fue detectado por Contraloría, ente que empujó la revocación de la entrega del beneficio.

Jaramillo recibió el beneficio el 21 de febrero de 2022, bajo el mandato de Piñera, en que se le concedió una pensión de gracia equivalente a $425.429 mensuales al ser calificado con lesiones de carácter “grave” tras recibir el impacto de una bala en uno de sus tobillos en Valdivia.

En la lista también están Osvaldo Narciso Cepeda González (52), quien el 26 de noviembre de 2010 fue condenado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y Hernán Alejandro Sepúlveda Carrillo (48), quien evadió un control vehicular en la comuna de Padre Hurtado a mediados de 2020, momento en que colisionó a una motocicleta y un automóvil. Según se estableció en la sentencia, conducía en estado de ebriedad y provocó daños avaluados en alrededor de $200 mil a las víctimas. Felipe Hernán Parra Villarroel (30), en tanto, perdió la pensión por haber sido condenado por robo con intimidación en un hecho que ocurrió el 13 de septiembre en Valdivia.

También está el caso de José Alejandro Lagos Lagos (29), quien recurrió para obtener pensión de gracia, la que logró el 29 de septiembre de 2022. Sin embargo, tras la polémica se decidió suspenderle la entrega de dineros, ya que en sus antecedentes penales contaba con condena por hurto, porte de arma y producción de material pornográfico infantil.

Dentro de las revocaciones también figura Gabriel Allende Torres, quien tiene una causa por infringir la ley de armas. Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando junto a una docena de personas participó en una barricada. El condenado -quien estaba encapuchado- fue controlado por Carabineros cuando se le encontraron, en un morral marca Puma, cinco botellas de vidrio de las cuales dos tenían “incorporadas a su cuello y boquilla telas de género, aptas para conducir fuego y funcionar como mechas, además de una botella plástica con combustible aún en su interior”.

Otro caso revocado es el de Joel Gómez Neira, quien tiene seis detenciones por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, robo con violencia y receptación.

En el caso de Cristián Araya Rodríguez, su condena fue por el delito de robo en lugar no habitado. El hecho ocurrió en octubre de 2019, a un día del estallido social, cuando en la ciudad de Valdivia robó en un supermercado Santa Isabel packs de cervezas, dos botellas de vinos, tres botellas de whisky, botellas de pisco, una botella de ron, artículos de perfumería y dos bolsos, entre otros.

En la nómina figura también Franz Pradenas Muñoz, quien recibió la pensión de gracia por parte del gobierno en junio del 2022. El 25 de noviembre del 2013 fue sentenciado como autor de tráfico ilícito de drogas; en 2015, otra vez pasaría por tribunales, ahora por robo por sorpresa. En 2016 sería nuevamente condenado por porte ilegal de armas. Seis años después un juez lo encontró culpable por conducción en estado de ebriedad en dos ocasiones, en 2022.

A la nómina se suma Kevin Farid Muñoz Calero, quien fue detenido en Antofagasta luego de protagonizar un asalto para robar un auto. Era septiembre del 2022, y esa vez fue dejado en libertad por ser menor de edad. Sin embargo, en marzo del 2023 volvería a ser juzgado y sentenciado, esta vez por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. También aparece Jesús José Vejar Vega, quien mantiene cuatro condenas. La primera fue por robo con intimidación, en Alto Hospicio, en 2007. Dos años más tarde protagonizaría una riña en la vía pública, donde golpeó al otro involucrado con un fierro. En tanto, en 2010 y 2013 sería sentenciado por tráfico de droga y lesiones.