El pasado 28 de junio, 344 alcaldes y alcaldesas electos y reelectos asumieron sus cargos. En numerosos casos se trató de cambios políticos radicales, en su mayoría de derecha a izquierda. Y a casi tres semanas de su debut, algunos ediles dicen ya tener una foto clara de los municipios que recibieron, con sorpresas y descontentos.

Probablemente la más polémica de las elecciones sea la que terminó con Gustavo Toro (DC) -hace una semana y en segunda vuelta- como nuevo alcalde de San Ramón, por sobre Mario Aguilera (ind.). “He podido hablar con el administrador y tenemos una deuda de más de cuatro mil millones de pesos”, dice Toro.

En Ñuñoa, Emilia Ríos (RD) reemplazó al independiente Andrés Zarhi. Desde la nueva administración señalan que han encontrado problemas en el Acta de Traspaso Municipal y atrasos en las conciliaciones bancarias, en la información de ingresos y egresos, y en el servicio de mantención de áreas verdes, que debía haber sido licitado.

“Devolverles la comuna a sus vecinas y vecinos implica transparencia. Nuestro trabajo no está solo en denunciar situaciones irregulares que encontremos, sino en entregar soluciones concretas a los problemas de la comunidad”, dice Ríos.

Tomás Vodanovic (RD) sustituyó a Cathy Barriga (ind.) en Maipú y a poco andar dice que tiene “la película clara”. Describe a su municipio como “prácticamente quebrado, con un déficit de $ 43 mil millones, situación que estábamos preparados para afrontar”. Detalla, de hecho, que “a veces un déficit puede ser difícil de dimensionar”, pero que en este caso “es tan grande como todos los ingresos de Valdivia, Coquimbo o Arica en todo un año”.

Asimismo, los primeros días de Macarena Ripamonti (RD), quien reemplazó a Virginia Reginato en Viña del Mar, han estado agitados. Dicen desde el municipio que una de las prioridades es sanear las arcas, para lo cual se conformó un comité. El déficit, describen, alcanza $ 18.910 millones, más que lo informado por la Contraloría en 2019: $ 17.585.250.174.

Al respecto, el concejal Pablo González (PC) destaca que se ha encontrado “una gran cantidad de deudas con proveedores y empresas externas”.

Siempre en la Quinta Región, en Casablanca asumió Francisco Riquelme (RD), poniendo fin a los 10 años del RN Rodrigo Martínez. ¿Con qué se ha encontrado? “Un municipio que en muchos aspectos estaba desconectado con la comunidad, muy anacrónico en su gestión e incidencia social”.

Mientras, en su vecina Quilpué, Valeria Melipillán (CS) asumió como alcaldesa, dejando atrás los 16 años de Mauricio Viñambres (PS). La nueva edil lamenta que el exalcalde haya gastado casi todo un excedente de 900 millones en obras “que son cuestionadas por la ciudadanía”, como una ciclovía que, plantea, expone a los ciclistas a accidentes, la que retirarán. Eso sí: el municipio no tiene déficit.

Irací Hassler (PC) tomó el mando en Santiago, antes en manos de Felipe Alessandri (RN). “Nos hemos encontrado con una situación compleja, ha habido un traspaso que hemos dicho ha sido indecente respecto de los recursos municipales y los procedimientos”, señaló la alcaldesa en el concejo municipal del 14 de julio. En la instancia, planteó que la comuna tiene $ 6.827 millones de déficit, además de una serie de problemas, como bonos y aguinaldos no entregados a los trabajadores, fondos sin rendir en Educación por casi $ 10 mil millones, la aparición de una bodega con laptops no entregados a alumnos e infraestructura de los recintos educacionales en mal estado, lo que describió como una “desidia terrible”.

En Estación Central, el independiente por el Frente Amplio Felipe Muñoz llegó a reemplazar al UDI Miguel Abdo y ha visto cifras que no le calzan: Tesorería reporta $ 6.000 millones de deuda y la Dirección de Finanzas $ 3.000, “y creo que estamos más cerca de la primera. Solamente Enel informa una deuda cercana a los $ 3 mil millones”.

Hacia la Cuarta Región, en Coquimbo, el independiente Alí Manouchehri sucede al DC Marcelo Pereira. Cuando llegaron, diversos antecedentes de la Contraloría cifraban en $ 25 mil millones la deuda municipal, dobles contratos, la cuenta de contratación a honorarios elevada en un 63% y un arriendo anómalo de la casa del exalcalde. No obstante, dice el exfutbolista, “nos encontramos con una realidad más compleja de lo que pensábamos: la deuda se eleva fácilmente sobre los $ 30 mil millones”.

Situaciones distintas describen desde Chillán e Isla de Maipo. En la primera, el PPD Camilo Benavente sucedió al independiente Sergio Zarzar y dice que la administración anterior “no hizo grandes cosas, fue una municipalidad austera, por lo que estamos tranquilos financieramente”.

En tanto, en la provincia de Talagante se vivió un victoria de la derecha, con el independiente por Chile Vamos Juan Olave reemplazando al DC Carlos Adasme. “Se recibió un municipio con buenas rendiciones, pero varios desórdenes de procedimientos”, señala el nuevo edil, quien advierte que las corporaciones de Salud y Educación tienen una deuda “bastante grande”.

En San Ramón, Toro señala que ha encontrado problemas graves de infraestructura en los recintos escolares, así como en las dependencias municipales, donde acusa un “basural ilegal”, junto con “robo de equipos y vehículos abandonados”.

En Estación Central, la imagen del nuevo edil rompiendo las cadenas de las oficinas se hizo conocida. “No había computador y el teléfono estaba desconectado”, dice Muñoz, quien relata que encontraron un edificio “en muy mal estado, internet deficiente y pésimas redes eléctricas, baños en mal estado y funcionarios hacinados”.

Lo anterior también lo describen en Ñuñoa, donde dicen que todas las infraestructuras distintas al edificio municipal tienen falta “enorme” de capacidad para recibir en condiciones laborales mínimas y básicas a sus funcionarios, además de existir una falta de implementación tecnológica y la necesidad de una revisión de los permisos de edificación.

Algo similar viven en Chillán, donde el alcalde Benavente dice que la infraestructura municipal es precaria: “Tenemos dos sumarios sanitarios en curso, porque estamos hacinados, sin condiciones mínimas”. Añade que no encontró contratos de áreas verdes, que el proveedor de la mantención de luminaria no responde hace cuatro meses y que tienen una lista de espera “de 1.500 solicitudes” para sacar licencia de conducir.

En Padre Hurtado, donde el PS Felipe Muñoz reemplazó al RN José Miguel Arellano, el nuevo edil resume que “hay un desorden administrativo” por incumplimiento de plazos, planificación de obras y de falta de normas administrativas. “Además, se hicieron renovaciones de contratos sin cumplir con las fechas de licitación”, dice.

Con una mirada a nivel general, desde Isla de Maipo Olave dice que se encontraron con un problema sanitario que debería haber estado resuelto hace tiempo, que es la falta de conexión al alcantarillado en el radio urbano. Eso, además de algunas licitaciones que se busca renovar en el periodo de transición.

Desde Estación Central, el alcalde Muñoz reseña que en el departamento de Educación “hay muchos cargos burocráticos con sueldos abultados, varios de ellos superando la escala de remuneraciones”. Además, dice que “otro problema” es el de los concursos públicos para incorporar funcionarios. “El último de ellos desarrollado poco antes de iniciar nuestra gestión”, señala.

Todas estas situaciones, asegura, han hecho que haya más directores y directoras que direcciones.

En Padre Hurtado, en tanto, el alcalde Muñoz dice que se cerraron contratos luego de las elecciones y que encontraron dobles contratos y sueldos elevados.

Situación parecida ven en Quilpué. Melipillán advierte que “hay un exceso de direcciones (24), algunas no tienen objetivo claro y fueron creadas para posicionar cargos”. Mientras que en Casablanca, a Riquelme le preocupa “la existencia de prácticas que merecen análisis, como el uso de horas extras y de vehículos de parte de algunos cargos directivos”.

Toro, el nuevo alcalde de San Ramón, señala que se ha encontrado con una sobredotación de trabajadores -sobre todo en Educación- “por sobre incluso de lo que establece la ley”. Así, asegura que hay trabajadores a honorarios a los que se les adeudan tres o cuatro meses de remuneración.

Algo parecido se ha detectado en Chillán, donde el nuevo edil reseña que se topó con 400 funcionarios de este tipo “viviendo una situación difícil, porque no han tenido ninguna formalidad”, mientras que en Coquimbo, Manouchehri explica que debieron poner término a la prestación de servicios de más de 200 personas y eliminaron los gastos “innecesarios que estén asociados al alcalde”, como comidas o arriendos de inmuebles.

Por todos los hallazgos descritos, en los municipios de San Ramón, Estación Central, Viña del Mar, Quilpué, Ñuñoa, Maipú, Padre Hurtado y Santiago ya confirmaron que realizarán auditorías externas o que han iniciado conversaciones con la Contraloría para clarificar las respectivas situaciones que les merecen duda. El mismo procedimiento aplicarán en Casablanca, aunque para confirmar lo que, a priori, consideran una situación financiera “relativamente sana”.