Cambios a Ley Antiterrorista: Gobierno propone castigar intención de “socavar la institucionalidad”

Entre el 9 y 12 de junio se registraron cuatro graves atentados en distintas regiones: el primero en Valparaíso, donde se detonaron explosivos en una torre de alta tensión; el segundo, en Cañete, en el Biobío, donde también se afectó un generador de luz; el tercero, en Ñuble, donde se colocó una bomba en la línea férrea del Puente Itata, y el último, un ataque incendiario a una capilla en Freire, en La Araucanía.

Esta seguidilla de ataques empujó al gobierno a tomar una decisión y fijarse plazos: modificar la Ley Antiterrorista. Por lo mismo, el 15 de junio, el Presidente Gabriel Boric convocó a una reunión en La Moneda a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, como también a las máximas autoridades de las policías, el Poder Judicial y el Ministerio Público, para anunciar que se trabajaría en una nueva norma por un periodo de 30 días.

Aunque el tiempo ya expiró, el gobierno afina su propuesta para luego sociabilizarla en un trabajo prelegislativo. Sin embargo, ya hay algunas definiciones, según pudo conocer La Tercera Sábado, las que apuntan a aumentar las penas para quienes se agrupen para cometer un delito terrorista, eliminar elementos “subjetivos” como la actual disposición de la Ley 18.314, en que una de las condiciones para acreditar este ilícito es “infundir terror en la población”.

“El foco principal es sacar el elemento subjetivo de la norma, lo referente al ánimo de generar terror en la población”, comenta una alta fuente del gobierno.

En reemplazo de esto, se quiere incorporar un artículo que apunte a la intención de “socavar” la institucionalidad política, social y económica. Junto a ello, también se estudia redactar un artículo que considere todos los delitos que afecten la integridad individual de las personas. ¿Qué pasa con los ilícitos como la usurpación? Hasta el momento no estaría considerado.

Consultados sobre en qué etapa del proceso está la instancia, desde el Ministerio del Interior señalan que “la propuesta de reforma a la Ley Antiterrorista para ser presentada a los demás poderes del Estado ha sido trabajada en las semanas posteriores al compromiso del Presidente por una mesa interministerial que incluyó a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Contó con la asesoría del profesor titular de la Universidad de Chile y doctor en derecho penal por la Universidad de Bonn, Juan Pablo Mañalich”.

El rol del reconocido académico ha sido fundamental, aseguran conocedores de la instancia. No es primera vez que el penalista trabaja en una instancia de este tipo, dado que ya en 2014 fue parte de la Comisión de Expertos que estudió las modificaciones a la actual Ley Antiterrorista, modificada por la Presidenta Michelle Bachelet.

En Interior agregan que “la propuesta, en sus líneas generales, fue revisada con el Ministerio Público, luego de lo cual fue afinada por esta mesa. El nuevo tipo penal de terrorismo será presentado a los demás poderes del Estado al regreso del Presidente de la República a Chile, coordinando las agendas con las otras autoridades comprometidas”.

Uno de los elementos ancla del proyecto es la creación de una nueva figura penal: la asociación terrorista. Se trata de un articulado similar a lo que ocurre con la “asociación criminal” en otros principios legales. Por ejemplo, en el caso de cometerse un delito de robo, pero si se acredita que hubo un grupo organizado para perpetrarlo, las penas se pueden agravar en hasta 10 años más. Lo mismo se quiere hacer en este caso.

Conocedores de los trabajos de esta comisión -liderada en Interior por el abogado Rafael Collao, y en Justicia por el asesor Diego Moreno- señalan que la intención del gobierno es que bajo la figura de “asociación terrorista” se logre un aumento de pena que supere los 15 años.

Pero, además, no en toda la estructura de la asociación se arriesgaría la misma sanción. El proyecto del Ejecutivo busca establecer “grados” de participación dentro del grupo, es decir, si hay un “ideólogo” del ataque, un “facilitador” o un “ejecutor” de un eventual atentado terrorista.

Es en este punto donde, creen en el gobierno, habrá un largo debate legislativo, pero no están cerrados a ir discutiendo cada uno de los artículos, flexibilizándolos o endureciéndolos, en el trámite que se dé en el Congreso.

Asimismo, se pretende actualizar las técnicas investigativas. Es ahí la importancia de las conversaciones que han tenido con la Fiscalía Nacional.

El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Ignacio Castillo, explica que “el rol del Ministerio Público en los cambios a la ley que combate el terrorismo ha sido poner sobre la mesa las necesidades de la persecución penal en este tipo de delitos. Esto implica explicar las razones de su escasa aplicación, las falencias en su redacción y, a partir de ello, proponer las correcciones necesarias”.

Agrega que hay aspectos imprescindibles en una ley de este tipo, como “la necesidad de una definición más objetiva del tipo penal; mejorar las técnicas de investigación más allá de la ley de crimen organizado; aumentar las penas; fortalecer la protección de víctimas, testigos, policías, jueces y fiscales; preocuparse por la reparación integral de las víctimas; innovar en mecanismos de cooperación y delación, y mejorar la relación entre la persecución y la inteligencia nacional”.

La actual Ley Antiterrorista data de 1984 y desde el 2010 que la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera está en el Congreso, por lo que tanto autoridades policiales y judiciales esperan que -ahora sí- se logre trabajar en serio en una norma que demanda revisión cada vez que estalla una bomba.