Luego de ocho meses, el proceso constitucional está a punto de llegar a su fin. El próximo lunes 30 de octubre el pleno del Consejo votará, por última vez, el texto íntegro redactado por los 50 consejeros y 24 comisionados, para así despachar de manera oficial su propuesta de nueva Constitución.

La historia de este nuevo intento por reemplazar la Carta Magna vigente estuvo protagonizada por dos órganos que fueron redactando de manera conjunta un texto constitucional. Como toda historia que llega a su fin, comienzan a aparecer pequeños episodios que, hasta el momento, no habían sido contados.

”Nosotros no somos 12 comisionados, somos 11″, solía repetir irónicamente un experto de izquierda. Su frase apuntaba a su par de la DC: la comisionada Paz Anastasiadis.

La abogada representa un perfil que resultó incómodo para el resto de los expertos oficialistas, ya que fue una de las voces que se articularon desde la centroizquierda por el Rechazo en el plebiscito del año pasado. Cuando el Consejo despachó la primera versión de su borrador a la Comisión Experta para dar inicio a la fase de observaciones, Anastasiadis intentó formar parte de la última mesa negociadora para llegar a un acuerdo respecto de los cambios que impulsarían los expertos al texto redactado por los consejeros.

A esa altura ya estaba definido que por la izquierda irían la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (Ind.-PPD), el experto socialista Gabriel Osorio y la comisionada Antonia Rivas (CS). El cuarto cupo quedaría para la DC y Anastasiadis intentó llenarlo. Previamente, cuando la izquierda trabajaba sus observaciones, varios comisionados estaban inquietos con la presencia de la abogada DC, ya que sabían que la información y estrategias que compartían luego podían ser comentadas en otros espacios. Esto, debido a que Anastasiadis participaba de reuniones de negociación con fuerzas externas al proceso constitucional, como las que se convocaban en la oficina del dirigente de Amarillos Zarko Luksic, y en las que participaban comisionados de derecha y el senador Matías Walker en representación de Demócratas.

Anastasiadis estaba frustrada. Durante todo el proceso veía cómo las mesas de negociación fracasaban una tras otra. Ella sabía que era una voz disonante en el grupo de los 12, pero no por eso iba a desistir de ser un “puente” para acercar posiciones con la derecha y buscar acuerdos incluso aunque fueran puntuales. Por lo mismo, ante su intención de ir a la mesa de negociación, el asunto escaló hasta la directiva de su partido. El resto de los expertos no quería que escogieran a Anastasiadis, sino que a la comisionada DC Alejandra Krauss, quien desde la presidencia de la subcomisión de Derechos sociales mostró fuerte sintonía con el resto de los 10 expertos oficialistas.

El timonel de la DC, el diputado Alberto Undurraga, finalmente se inclinó por Krauss.

Ya cuando no quedaba nada más por conversar se quedaban mirando el jardín y tomaban té. Eso hacía un grupo de expertos de derecha y oposición en la casa de la comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD). Hasta ese domicilio, ubicado en Lo Barnechea, llegaron, en más de una ocasión, Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD), Máximo Pavez (UDI), Juan José Ossa (RN) y Katherine Martorell (RN). Ese grupo -que también se reunía en la casa de Sebastián Soto (Indep.-Evópoli)- discutía sobre los temas en que podrían llegar a acuerdos y presentar observaciones. Ese puñado de comisionados -de un total de 24- fue el más recurrente, ya que en ambos sectores transmiten que eran los representantes “más dialogantes”. En esas instancias discutieron materias como la protección de la vida de quien está por nacer y la exención de las contribuciones a la primera vivienda.

Este segundo tema, de hecho, provocó que fuerzas externas al Consejo se movilizaran para que fuera modificada. Ese fue el caso del exjefe del Segundo Piso Cristián Larroulet, quien mantiene una relación cercana con Soto. Larroulet, dicen en Chile Vamos, conversó en al menos una ocasión del tema con quien fue su jefe de la División Jurídica cuando fue ministro de la Segpres durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pese a lo que ambos hayan podido conversar, la indignación de Soto con la norma de contribuciones fue algo personal y una conclusión a la que llegó por considerar que era una norma populista. Tanto así que se encargó de decirlo sin tapujos en el pleno del Consejo cuando se votó el artículo. Piñera también intentó influir para eliminar esa norma y dialogó con algunos consejeros del sector, entre ellos, Gloria Hutt (Evópoli).

Pese a los esfuerzos, y aunque el artículo sufrió algunos cambios, se quedó en la propuesta de nueva Constitución.

”Hay entre cuatro y cinco votos del oficialismo para aprobar la observación y volver a la cláusula de la ley protege la vida del que está por nacer”.

Era el jueves 12 de octubre y la Comisión Experta estaba a un paso de iniciar el pleno para votar las observaciones que propuso para cambiar materias del texto redactado por los consejeros. Uno de los temas más controversiales que debía resolverse era la norma que regulaba el derecho a la vida y la protección de la vida en gestación.

La izquierda venía criticando que el órgano redactor iba a derogar o al menos obstaculizar la ley de aborto en tres causales al aprobar una norma que modificaba la cláusula de la Constitución de 1980 al establecer que la ley deberá proteger la vida “de quien está por nacer”.

Esa modificación -que en el texto vigente se establece que se protege la vida “del que está por nacer”- a ojos del oficialismo robustece el estatuto jurídico y la protección de la vida humana en gestación. La derecha, a medida que el debate se fue ampliando, se fue dando cuenta de que el asunto se transformaba en un problema de campaña. Las mujeres se estaban consolidando como un grupo electoral que manifestaba su opinión en contra del texto y una de las razones era por el aborto en tres causales. Por lo mismo, para evitar tener ruido constante en este tema, intentaron modificar la norma y volver a la cláusula original “del que está por nacer”.

El problema es que en ese punto el oficialismo había elevado sus exigencias. Los problemas no solo estaban en ese artículo específico. La izquierda transmitió a la derecha que solo apoyarían volver a la cláusula de la Constitución de 1980 si la derecha bajaba otra norma que establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”.

Para el sector dicha norma, que viene del artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, también tenía consecuencias en la ley de aborto en tres causales. La oposición replicó diciendo que esa disposición se entiende como parte del derecho nacional, ya que dicha Convención es un tratado internacional ratificado por Chile y que no ha sido interpretada como un obstáculo para el aborto en tres causales. Por lo tanto, no tocarían la norma.

Pese a eso, la derecha siempre pensó que la izquierda recularía y terminaría dando los votos para aprobar la observación de Chile Vamos y volver a la cláusula del “que está por nacer”. Tanto así, que el día en que se votaba, los consejeros de Chile Vamos se paseaban por los pasillos del Congreso en Santiago diciendo que la izquierda sí daría los votos. La confianza estaba puesta en, según comentan en la derecha, un recado que había transmitido la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Fuentes de la derecha comentan que la senadora aseguró que estarían los votos de su sector. Sin embargo, Vodanovic descarta haber dado esa información, ya que, afirma, siempre fue enfática en explicar que eso solo ocurriría si la derecha bajaba la norma que define como niño a todo ser humano menor de 18 años. La derecha creía que lo iba a lograr. La consejera de Evópoli, Gloria Hutt, alcanzó a celebrar el punto, ya que ella misma había advertido que no le parecía avanzar hacia una norma que podría interpretarse en contra de la ley de aborto en tres causales.

Finalmente, las observaciones se sometieron a votación y fueron rechazadas.

Los primeros días de octubre, cuando los comisionados tuvieron que trabajar sus observaciones para buscar un último acuerdo y modificar el texto del Consejo, la suerte del proceso constitucional ya estaba echada. Ese era un secreto a voces que todos comentaban, pero que nadie se atrevía a reconocer en público.

Con ese telón de fondo, los expertos hicieron como que aún era posible un acuerdo para salvar el texto y estuvieron trabajando varios días en cada una de las subcomisiones de la Comisión Experta. Durante esos días resolvieron los problemas técnicos de las normas, mientras que los conflictos políticos más grandes se dejaron en una larga lista de espera.

Cuando todos terminaron esa revisión, se repitió el mismo escenario de todos estos meses: instalaron una última mesa de negociación. A esa instancia fueron ocho comisionados, cuatro por cada lado: Sebastián Soto (Indep.-Evópoli), Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI), Carlos Frontaura (Indep.-republicano), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS), Verónica Undurraga (Indep.-PPD) y Alejandra Krauss (DC).

A ellos se sumaron los asesores Simón Pinto y Bárbara Concha. El 9 de octubre, cuando ese grupo se reunió por primera vez, los expertos respondieron a dos preguntas básicas: “¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que esperamos que salga de esta mesa?”.

Las interrogantes eran obvias, pero eran reflejo de un punto central: cada lado llegaba con expectativas distintas. La izquierda pretendía explorar la opción de arribar a un acuerdo político integral para modificar con profundidad el texto del Consejo.

La derecha, en tanto, pensaba que era el momento de respetar al órgano elegido democráticamente y, por lo tanto, ser deferente con la propuesta redactada por los consejeros. Pese a que la historia va mutando según quién la cuenta, conocedores de ese momento comentan que el comisionado Pavez pidió la palabra.

En el oficialismo relatan que el experto de la UDI fue enfático en marcar rápidamente la cancha. “Aquí no va a haber un acuerdo integral o completo”, habría dicho el comisionado. Luego, según la izquierda, añadió que el trabajo de las observaciones estaba pensado para corregir y ajustar normas polémicas o con errores técnicos, pero no para eliminar artículos.

Para el oficialismo ese fue el momento en que supieron que esa mesa partía mal encaminada.En la derecha, la historia la cuentan diferente. Dicen que la intención de Pavez fue hacer un ajuste de expectativas, quien luego comentó que no estaba disponible para hacer el mismo juego que se había hecho en otra mesa negociadora del Consejo que, a las dos de la madrugada, se levantó luego de no haber podido llegar a un pacto

.Esa vez la izquierda exigió, cómo “requisito de admisibilidad”, que la derecha bajara una serie de normas que ya habían sido aprobadas en comisión. Por lo mismo, Pavez agregó: “Si vamos a empezar con ese tipo de requisitos de admisibilidad y peticiones de revisarlo todo, la mesa no va a resultar”.Esas palabras para la izquierda fueron determinantes de lo que vendría después: hubo un par de reuniones adicionales, pero la mesa se cerró sin ningún acuerdo.