Director de la PDI renuncia en medio de escándalo por filtraciones
Pasadas las 20.00 Sergio Muñoz puso término a la larga jornada que se inició con el allanamiento de su oficina y su casa particular tras ser acusado de filtrar antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla: llegó a La Moneda para presentar su dimisión al Presidente. Poco antes el CDE anunció una querella criminal contra el jefe policial que será formalizado el próximo martes.
Alcanzaron a pasar tres horas y el gobierno tuvo que ajustar su versión.
Si a las 18.00 el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó, desde el Palacio de La Moneda, que el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, no había renunciado formalmente a su cargo y que la formalización del martes es un “punto de inflexión”para tomar una decisión sobre su futuro, pasadas 20.30, La Tercera confirmó que presentaría su dimisión.
Muñoz, llegó en la tarde, por segunda vez en el día, a La Moneda y lo hizo para reunirse con el Presidente Gabriel Boric y sellar su salida, algo que ya había sido conversado más temprano, en un primer encuentro, con la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Pasadas las 21.00, el gobierno confirmó la información a través de un comunicado. “El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia al cargo del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez. De acuerdo de la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González Hofstetter”, decía el escrito.
Durante todo el día los focos estuvieron sobre el jefe de la PDI. Durante la mañana se conoció que habían sido allanadas su oficina y su casa, en medio de la investigación del caso audios en que está involucrado el abogado Luis Hermosilla, lo que rápidamente encendió todas las alertas en el Ejecutivo. Junto con eso, la Fiscalía confirmó que el jefe de la policía será formalizado el próximo martes a las 9.00.
Apenas se conoció la noticia, en el gobierno ministros aseguraban que la suerte de Muñoz estaba echada, pero que había que despejar si es que era mejor esperar la formalización del martes o ver qué decisión tomaría el director.
En el Ejecutivo transmitían “que no puede existir una autoridad policial formalizada” y que los delitos en los que estaría involucrado son muy graves para sostenerse en su cargo. Esto, porque dañan la confianza con el gobierno, en un escenario en que Muñoz participa activamente de reuniones en la sede presidencial. De hecho, este jueves estuvo en Palacio.
Pero la decisión no fue tan fácil y complicó a La Moneda porque le abría otro dilema: qué hacer con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también será formalizado –en mayo- en el marco de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social en 2019.
Esto, porque Yáñez ya había sido cuestionado por un sector del oficialismo y la situación de Muñoz rápidamente reactivó las solicitudes para que deje su cargo. Así, en el oficialismo transmitían que era complejo tener a la dos principales figuras de las policías cuestionadas en medio de una crisis de seguridad.
En este escenario, en La Moneda optaron por no revelar información de la reunión que sostuvieron durante la tarde entre Tohá y Muñoz. Y, decidieron, en un inicio, esperar a la formalización del martes.
Así lo informó el subsecretario Monsalve, quien debió salir a referirse al tema en lugar de la ministra, pese a que era ella quien llevaba el asunto junto al titular de Justicia, Luis Cordero. De hecho, el socialista estuvo en la Región de Valparaíso durante el día.
“Es evidente que hoy día ha ocurrido un hecho que el gobierno considera que es grave. El Ministerio Público ha informado que está llevando adelante una investigación por la eventual participación en un delito del director general de la Policía de Investigaciones. Este delito, que está tipificado en el artículo 31 de la ley de lavado de activos y en el artículo 206 del Código Penal, es por revelación de secreto, es decir, por revelar información de una investigación que tiene que ser reservada”, dijo Monsalve.
Luego, sostuvo que Muñoz no había renunciado formalmente y que esperarán hasta el martes. “Respecto a las decisiones que eventualmente el gobierno pueda tomar, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, la formalización en una causa que está siendo investigada, para el gobierno siempre constituye un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones”, comentó.
Y agregó: ”La audiencia está fijada para el martes y la formalización siempre es un punto que el gobierno considera para la toma de decisiones relevantes”.
Lo cierto es que, justo tras el punto de prensa de Monsalve, se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse en contra del director la PDI, lo que subió la presión para que dejara el cargo.
Y luego de que se conociera esa noticia, Muñoz arribó por segunda vez a Palacio y presentó su renuncia a Boric.
En el Ejecutivo transmiten que le dieron tiempo al jefe de la PDI para que hablara con sus subalternos y preparara su salida.
“Es mejor por el bien de la institución que el aparezca renunciando”, sostienen en el gobierno respecto a por qué no le pidieron ellos la salida.
Las horas previas
Ayer, a primera hora, la ministra Tohá llamó a ministros y subsecretarios del gabinete para entregarles una información que marcaría la jornada: que Muñoz iba a ser formalizado.
La primera definición fue que la vocería estaría en manos de la jefa de gabinete. Las conclusiones de los secretarios de Estado, al revisar los antecedentes que tenían a la vista expuestos en el comunicado del Ministerio Público, eran lo suficientemente graves como para actuar con celeridad.
Tohá se comunicó con el subsecretario Monsalve, y los ministros del comité político para ver cómo proceder y les pidió a las autoridades entregar certezas y tranquilidad a la ciudadanía en las salidas comunicacionales. El objetivo era aclarar que la información que había sido difundida no afectaba la seguridad nacional, uno de los principales flancos del gobierno.
“Esto no para la labor policial, no debilita la labor investigativa de las policías”, dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara en CNN durante la mañana.
Desde la sede del Congreso en Santiago, la ministra Tohá aseguró que “si bien al gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección, es una causa que lleva la Fiscalía y actúa con plena autonomía, al gobierno sí le corresponde, y de eso sí nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad, y en definitiva no termine perjudicando a las personas”.
El documento que difundió la Fiscalía dice que las diligencias “se enmarcan en la investigación conocida como caso Audios y se fundamenta en las pericias del celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”.
Con esos antecedentes sobre la mesa, Boric, en conjunto al comité político, decidió citar ayer, a las 14.00, a Muñoz a La Moneda. Pese a que en un principio desde el gobierno y la policía confirmaron que el Mandatario sería parte de la reunión, finalmente fue la ministra Tohá quien lo recibió en su despacho para no exponer al Presidente.
El jefe de la PDI entró escondido a Palacio, por Agustinas, y desde el gobierno no entregaron ninguna información sobre el encuentro. Apenas terminó, ingresó a La Moneda el ministro Cordero, quien estuvo en contacto todo el día con Tohá para coordinar los criterios.
“No tengo novedades”, dijo la titular del Interior al ser consultada cuando cruzaba al homenaje por los 50 años del asesinato de su padre, el exsecretario de Estado José Tohá.
A esa actividad estaba contemplado que asistiera Muñoz, sin embargo, su asiento quedó vacío. Eso sí, al lugar llegó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya presencia no pasó desapercibida debido a que, tras el destape del caso del jefe de la PDI, se reactivaron las críticas en su contra.
La presión desde el Congreso
En el Ejecutivo tienen claro que el futuro de Yáñez, tras lo ocurrido en la jornada, se ve aún más difícil para cuando deba enfrentar a la justicia, ya que la postura del gobierno ratificaría un criterio basado en la formalización.
Esto, pese a que a diferencia del jefe de la PDI, el general director de Carabineros ha recibido el respaldo de la oposición.
De hecho, el anuncio de la formalización de Muñoz despertó rápidamente cuestionamientos contra Yáñez.
En el Partido Comunista fueron de los primeros en reaccionar. Y es que, en todo caso, ellos ya habían solicitado la renuncia de la principal autoridad de Carabineros cuando se anunció que él sería formalizado por responsabilidad de mando en el estallido social.
El diputado comunista Matías Ramírez señaló a La Tercera que “la pronta formalización del general Yáñez de Carabineros por responsabilidad de mando en la revuelta popular y ahora la de Muñoz, en el marco del caso Hermosilla, requiere un posición clara del gobierno en solicitar su salida”.
El jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo, aseveró que “junto con la salida del director de la PDI, creo que a esta altura también la salida del general director de Carabineros es imprescindible. Las fuerzas de orden y seguridad no pueden estar cuestionadas de la forma que hoy día están”.
Por su parte, el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) anunció que citarán al fiscal nacional a la comisión investigadora del “caso Audios”.
El presidente de Convergencia Social (partido de Boric), Diego Ibáñez, aseguró que el caso “será competencia de Fiscalía y los tribunales, pero Chile necesita policías que estén con todas las capacidades puestas en el combate al crimen organizado. No puede haber cabezas cuestionadas”.
Su par de, PPD, Jaime Quintana, en tanto, señaló que “el Ministerio Público no formaliza por faltas, sino ante la presunción de delitos. Que los dos mandamases de las policías estén siendo investigados es un problema muy delicado para el país, que el gobierno tendrá que sopesar”.
Y agregó:_”Pero la verdad es que después de la formalización de estos altos mandos se ve poco comprensible la mantención en sus cargos”.
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