El futuro de las isapres: Las dos almas del gobierno en un año crucial para la salud

Tras la pandemia, el 2023 probablemente será uno de los años más complejos para el sistema sanitario. Y no necesariamente por las secuelas del Covid-19, sino que por la situación financiera que atraviesan las isapres, que hace meses han alertado del complejo momento por el que están pasando: en el tercer trimestre de 2022 acumularon pérdidas por $127.927 millones. Además, varios expertos y autoridades han advertido que ante el escenario de un colapso el panorama sería desastroso, tanto para los afiliados del sistema privado como para los que están en el público.

El fallo que dio a conocer la Corte Suprema en noviembre, donde les ordenó a las aseguradoras aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, ha puesto en jaque al sector una vez más. “El sistema está en una encrucijada y, dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia, el resultado será o la transformación a un modelo más uniforme o el caos”, dijeron desde la Asociación de Isapres en su minuto.

La preocupación por el futuro de las isapres es transversal: desde el mundo académico hasta los gremios.

El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, sostiene que “la situación de las isapres, y en general de las aseguradoras, tanto privadas como públicas, es muy crítica y compleja. Por lo tanto, como país creemos que hay que abordar la situación de manera urgente”.

¿Y qué se ha hecho por abordar el problema? Antes de dejar su cargo como ministra de Salud, Begoña Yarza inició una mesa de trabajo con las isapres para tratar los problemas del sector. Y su sucesora, Ximena Aguilera, continuó la serie de conversaciones.

“Hoy tuve mi primera reunión junto a la Asociación de Isapres. Tengo la mejor disposición para continuar con esta mesa de trabajo en beneficio de la salud de las personas”, dijo la nueva secretaria de Estado.

El conflicto también se ha tratado en comisiones de salud del Congreso y diversos actores se han reunido con las autoridades para transparentar su preocupación y buscar una salida.

Antes de terminar el año, autoridades del Colmed conversaron con la ministra Aguilera y con el superintendente de Salud, Víctor Torres, pero la reunión dejó un sabor amargo.

“Nuestra impresión es que las autoridades están al tanto del tema, han hecho cosas para abordar la situación, pero nos da la impresión, y también puedo afirmarlo de manera personal, que no le dan importancia o no ven la amenaza que significa el derrumbe del sistema de aseguramiento privado. De hecho, el superintendente nos ha comunicado que los números que maneja la Superintendencia de Salud no arrojan la crisis que las isapres y aseguradoras privadas dan cuenta”, afirma José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico.

Otros actores que conocen el tema relatan que lo que hace que la situación de las isapres no avance es que al interior del gobierno no hay consenso ni acuerdo, muy por el contrario, hay dos ideas completamente distintas de lo que hay que hacer, que se enfrentan constantemente.

El ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza, asegura que “básicamente están paralizados porque hay un sector del gobierno que cree que al no hacer nada o al dejar que el tiempo pase, se logrará materializar la caída del sistema privado, echándole la culpa a la Corte Suprema, y así hacer la reforma que no pudieron hacer en el marco de la discusión de la nueva Constitución”.

De acuerdo al académico de la Universidad Andrés Bello, este grupo estaría compuesto por Víctor Torres; el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado; Camilo Cid, director de Fonasa e incluso personas del segundo piso de La Moneda, como Miguel Crispi.

Durante una entrevista en julio del año pasado, Cid aseguró que “la idea es que (las isapres) desaparezcan del mapa de la seguridad social”, al dar cuenta de los efectos que tendrá el proyecto de Fondo Universal de Salud en los prestadores privados, pues “las isapres desaparecen del modo en que las conocemos ahora y tienen la oportunidad, junto con otras entidades, de transformarse en seguros complementarios voluntarios privados”.

La Asociación de Isapres no tardó en responder: “Nos preocupan los dichos del director de Fonasa, porque pueden ir aparejados a otras acciones del gobierno conducentes a forzar el cierre de las isapres durante los próximos meses, de manera abrupta y por la vía administrativa”.

Inostroza agrega que hay otro grupo que es más precavido: “Hay un segundo sector que probablemente está formado por la ministra de Salud y el Ministerio de Hacienda, pues ellos están conscientes de los efectos financieros que la crisis va tener en el gasto público. Probablemente quieren hacer algo, pero se ven neutralizados por otro grupo, pues hay sectores en el segundo piso que también se han puesto del lado de la tesis de dejar caer el sistema”.

En ese contexto, Bernucci agrega que “el tema isapres se enfrenta ideológicamente, de una forma muy parecida al sistema AFP, pues hay personas que desde el punto de vista ideológico ven en las isapres un sistema que no les parece adecuado. Eso no es un secreto, es algo que es cierto”. Y al igual que Inostroza, sugiere que hay dos posturas y la más radical es “un alma dentro del gobierno que está totalmente en contra del aseguramiento privado y del lucro de prestadores”.

Frente a las consecuencias que podría tener la caída del sistema de las isapres, el presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss) y exministro de Estado, Enrique Paris, asegura que la jefa de la cartera sanitaria sí está al tanto de las consecuencias, pero no tiene las atribuciones para intervenir: “Yo creo que la ministra sí está consciente. Es una persona muy inteligente, ella entiende bien lo que puede ocurrir. Ella sí tiene la visión de que hay que solucionar esta situación”.

Paris dice saber que la nueva titular de Salud no tiene cómo intervenir: “Yo encuentro toda la razón que es el equipo de la Superintendencia de Salud el organismo que tiene que dar las respuestas, y ojalá a la brevedad”.

El fallo de la Corte Suprema puntualiza que la Superintendencia tendrá un plazo de seis meses para determinar el modo en que se concretará la adecuación de los precios de los planes que tendrán que hacer las isapres. Es decir, su plazo vence en mayo.

Pero desde que la Corte dio las indicaciones -30 de noviembre- ha pasado más de un mes y no hay pronunciamiento.

Inostroza, quien fue superintendente durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y parte del mandato de Sebastián Piñera, es crítico y afirma que “lamentablemente, la autoridad política y regulatoria del gobierno ha mirado con desidia este problema, pues no le ha dado la importancia a la crisis que esto generar. Por lo tanto, está neutralizado o paralizado. De hecho, llevamos un mes y medio y no se ve que haya una resolución rápida de la crisis, la Superintendencia ni siquiera ha hecho el cálculo técnico”.

Agrega que “hace mucho que no estoy en la Superintendencia, pero yo creo que en dos semanas pudimos haber tenido un cálculo con costos medios, y en seis semanas se habría tenido un cálculo más fino. Y ninguno de los datos están hoy”.

Fuentes del sector de las isapres comentan que después del fallo se reunieron una vez con Torres, pero desde entonces no lo han vuelto a hacer. Afirman que han solicitado otras citas, incluso a través de la Ley de Lobby, pero no han recibido respuesta.

Frente a la incertidumbre que envuelve al sector sanitario, el exdiputado y académico de la Universidad Finis Terrae, Marco Antonio Núñez, advierte que “la agenda de la seguridad social en salud ha sido dominada por posturas ideológicas y con débil argumento técnico. Es un debate urgente, y no podemos continuar sin reformar el sistema de salud en Chile. Llegó el momento de ser pragmáticos, analizar las experiencias comparadas y construir transversalmente grandes acuerdos técnicos y políticos para superar la crisis del financiamiento de la salud chilena”.