Escáner a los 180 días de Ángel Valencia como fiscal nacional

Piso 10 de la Fiscalía Nacional, ubicada en Catedral 1437. Ángel Valencia (54) ya no es el “nuevo” fiscal nacional. Hace seis meses que ocupa la oficina que dejó su antecesor Jorge Abbott, luego de un dilatado proceso de elección que dejó a dos de sus competidores en el camino.

Y es que tras las fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera -y varios tira y aflojas entre parlamentarios y personeros del gobierno-, el 9 de enero el Senado ratificó al abogado como nuevo fiscal nacional.

No fue un camino fácil. A pesar de que el profesional había contado con amplio apoyo para integrar la quina inicial que elaboró la Corte Suprema, debió hacer frente a duros reproches que vinieron, incluso, desde sectores del Ejecutivo.

Por lo mismo, hoy -pronto a cumplir 180 días en el cargo- el persecutor reconoce a La Tercera que enfrentó un “bombardeo” o una suerte de “guerra sucia” que, dice, ya pasó.

A Valencia se le cuestionaron las defensas que ejerció como abogado particular, cuando representó a imputados como Rafael Garay, al juez Luis Barría (imputado por delitos sexuales) y a varios rostros de la política, entre ellos Mario Desbordes (RN) y Heraldo Muñoz (PPD).

Pero el episodio que más tensión generó fue la “preocupación” -como lo definió la exministra de Justicia Marcela Ríos- que manifestó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre su elección y vínculo profesional con el juez Barría.

Se creyó, entonces, que la relación con La Moneda se pondría tensa, sin embargo, eso no pasó. Hasta ahora. “Nunca tuve una aspereza personal con la ministra Orellana. Es comprensible que una ministra de esa cartera tenga aprensiones, las haya manifestado o no, porque no me consta. Pero el Ministerio Público es autónomo constitucionalmente y forma parte del Estado de Chile. En las causas penales, somos los abogados del pueblo, por lo tanto, tenemos el deber de relacionarnos de buena forma con las autoridades electas democráticamente, y esperamos recibir colaboración”, sostiene.

No le teme, insiste, a hacerles frente a las indagaciones que hoy vinculan a personeros oficialistas con millonarios traspasos a fundaciones privadas, aunque es claro en que hoy no se cumplen las condiciones para que él asuma a la cabeza de esas causas.

Con el correr de las semanas, de acuerdo con lo expuesto por el propio fiscal nacional y personeros que se desempeñan al interior del Ministerio Público, Valencia también fue disipando los temores que tenían los funcionarios por acoger a un profesional externo al organismo. Pensaban, en cierto grado, que podría llegar a cambiarlo todo y, por ende, hubo una resistencia inicial.

Sin embargo, las visitas que realizó a la mayoría de las regiones y a una serie de fiscalías locales le habrían permitido apaciguar ese incipiente ruido interno.

Valencia enumera siete aspectos en los que, a su juicio, se han concretado importantes cambios. En primer punto, destaca la reorganización que se realizó en las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, que pasaron de cinco a ocho y que, asegura, permiten hacer un trabajo más focalizado y eficiente.

Además, ha buscado fortalecer el modelo de organización en las macrozonas, definiendo “objetivos específicos” para cada territorio y creando la figura de coordinadores que integran su gabinete. En ese sentido, resalta la importancia del sistema de inteligencia artificial que están implementando en causas de delitos contra la propiedad, y la integración de la Fiscalía en el Circuito Intersectorial de Femicidio.

En medio de su despliegue, no todo han sido aplausos. Su instrucción relativa a que los fiscales pidiesen siempre la prisión preventiva de un imputado sin RUT le sigue costando reproches. De hecho, el pasado 28 de junio los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto este “criterio Valencia”, aunque él está convencido de que ha actuado conforme a derecho.

El abogado Mauricio Duce ha seguido de cerca las labores de Valencia, y pese a que asegura que en los próximos meses se podrá observar si las modificaciones que ha introducido el máximo persecutor han tenido efectos, ya hay aspectos que valora.

“Se nota un cierto cambio actitudinal. Uno ve un Ministerio Público más presente, con una actitud de participar de los temas complejos de delincuencia con su opinión. Se le ve más activo, más sensibles, lo que es positivo, pero tenemos que ver si los resultados son distintos”, comenta.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, advierte que el fiscal nacional “ha ido de menos a más. Ha hecho cambios importantes, como el cambio de directores de divisiones. Llegar a la Fiscalía no es fácil, pero se ha ido acomodando. Se han priorizado el crimen organizado, el lavado de activos y se ha fijado una clara voluntad de modernizar el Ministerio Público”.

“Hay buenos augurios, a seis meses, de que va por buen camino. Empezó con una instalación lenta, pero hoy me parece que va por buen rumbo”, agrega.

Desde el Congreso, en tanto, también hay buenas evaluaciones. Para el senador Alfonso de Urresti (PS), Valencia ha ido cumpliendo con sus compromisos. Ahora, insiste, debe continuar “con su lucha contra el crimen organizado y con la creación de fiscalías supranacionales”. En el mismo tono, su par Rodrigo Galilea (RN) afirma: “La Fiscalía Nacional ha vuelto a tener dinamismo. El involucramiento personal del fiscal nacional, lo enérgico que ha sido, son una muestra de su esfuerzo y empeño”.

Quien no ha quedado conforme es el diputado Jaime Naranjo (PS), que periódicamente cuestiona al persecutor en sus redes sociales. “Tiene una postura ambigua para abordar las diferentes situaciones de irregularidades del país. Siempre llega tarde y reacciona más para la prensa que para abordar seriamente los problemas”, dice.

Quienes conocen la institución advierten que no hay que confiarse de este aterrizaje, pues Valencia sólo lleva los primeros 100 metros de una carrera que dura largos ocho años.