Investigaciones de la Fiscalía contradicen “tesis Tohá” que vinculó incendios en La Araucanía con reivindicaciones territoriales

Incendio forestal

Un balance del Ministerio Público de esa región da cuenta del ingreso de 372 denuncias por incendios forestales en la temporada estival, y -hasta la fecha- de los 111 casos de siniestros que han generado más daño, en ninguno la PDI ha encontrado algún antecedente que dé cuenta del actuar intencional de grupos radicales que operan en la zona.


“¡Perdón por lo ocurrido!”, exclamó Daniel Oregón Coliqueo (29) cuando fue detenido por el subteniente de Carabineros Patricio Montenegro, a las 23.30 horas del 8 de enero pasado, mientras transitaba en la Ruta S-15, kilómetro 4,5, de la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía. Horas antes había sido denunciado por una mujer que lo culpó de haber encendido pasto y provocado un incendio que afectó a su parcela. En el bolsillo de su pantalón la policía encontró un encendedor. Fue ahí donde vino la confesión.

Oregón Coliqueo abulta la lista de 36 imputados que registra la Fiscalía de La Araucanía y que han sido sindicados como responsables de los incendios forestales que han azotado la zona durante la temporada estival, que considera aquellos siniestros que se han generado entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

En el mismo periodo han ingresado 372 denuncias, 23% más que el verano anterior, según el balance del Ministerio Público, y 111 de ellas han sido asignadas al fiscal regional Roberto Garrido, por la relevancia en la persecución penal de esos casos, que corresponden -además- a los siniestros que han causado más daño.

En todas las investigaciones, en especial aquellas que cuentan con imputados conocidos, no existe -hasta la fecha- ningún antecedente que haya recopilado la PDI que vincule el origen de estos incendios con alguna intencionalidad a propósito de los casos de violencia rural que se cometen en esa región del país. Una hipótesis que fue planteada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que le valió -incluso- “fuego amigo”, es decir, serias críticas de su propio sector.

Alberto Chiffelle

La “tesis Tohá” pierde fuerza

Era el 10 de enero y un voraz incendio había consumido más de 9.000 hectáreas en Collipulli y amenazaba sectores urbanos, cuando la jefa de gabinete apuntó: “Es altamente probable que una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

Tras recibir críticas de parlamentarios oficialistas, por la temeraria tesis, la ministra Tohá argumentó que por algunos elementos hallados en los sitios del suceso se desprendía que existía intencionalidad. Lo que sí se apuró en aclarar es que “lo que uno no puede decir es que las comunidades están detrás de los incendios, no. Lo que están son agrupaciones de carácter terrorista y delictual”.

No hay rastros de grupos radicales

Y si bien La Araucanía es parte de la denominada Macrozona Sur en que se registra la mayor cantidad de reivindicación de tierras en el marco de actos de violencia rural, es el propio fiscal regional (S) Alberto Chiffelle quien aclara que -hasta el momento- ninguna de las investigaciones abiertas por estos incendios da cuenta de la participación de grupos radicales.

En conversación con La Tercera, el persecutor detalló que “prácticamente el 100% de los incendios son producto del actuar humano, factor humano, es decir, aquí normalmente interviene el hombre de alguna forma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Determinar si esta conducta, este actuar humano es producto del dolo, es decir, si hay intención manifiesta”.

Ante la pregunta de si han existido reivindicaciones tras estos siniestros, Chiffelle asegura que “hasta ahora nosotros no tenemos ningún caso en donde alguno de estos incendios haya sido reivindicado por alguna ORT o por la coordinadora vinculada con la violencia rural. Ni en los sitios del suceso se han encontrado panfletos o alguna pancarta, ni tampoco por redes sociales o a través de un comunicado como es habitual en este tipo de casos que se investigan en la región”.

Con todo, explica Chiffelle, hay tres causas que han sido asignadas al equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad que tramita casos vinculados a violencia rural, pero que no ha sido por antecedentes encontrados por la policía, sino por las características: múltiples focos, presencia de disparos o sospechas de los propios denunciantes. Todas ellas están vigentes y con diligencias pendientes.

El fiscal regional releva que de los 36 imputados conocidos, 18 están formalizados y dos han sido requeridos a procedimientos simplificados. Esto último, ya que se trata de casos donde quien inicia el incendio no tuvo la intención de generar ese daño expansivo, sino que “más bien obedece a conductas negligentes, como dejar brasas encendidas tras un asado, que se le escapó el fuego mientras estaba quemando basura, o lanzó una colilla de cigarro, de ese tipo situaciones estamos hablando”.

Consultado el Ministerio del Interior por este escenario investigativo que refuta las sospechas instaladas por Tohá, respondieron que la ministra mencionó distintas hipótesis, no sólo la relacionada con reivindicación territorial, y fue explícita en señalar también que esto debía ser despejado a través de la investigación de la Fiscalía”.

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