Juan Ignacio Latorre, senador RD: “Todos los sectores tendremos que ceder para llegar a un acuerdo, pero los senadores no somos buzón del informe técnico”

Esta semana se conoció el informe de la comisión técnica convocada por la Comisión de Salud del Senado que busca una salida a la crisis de las isapres y cumplir con el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a utilizar la nueva tabla de factores con todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. La instancia experta propuso reducir en un tercio el monto de la deuda, así como que la paguen en diez años, lo que despertó críticas y cuestionamientos en el oficialismo que ponen a La Moneda en una nueva encrucijada. El senador Juan Ignacio Latorre (RD) se cuenta entre los críticos del recálculo y llama al gobierno a tomar definiciones políticas.

Usted advirtió que no puede haber un perdonazo, ¿siente que la rebaja de la deuda lo es?

Lo que me importa es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Lo que vamos a tener que estudiar es, por un lado, la metodología que usó la superintendencia, mientras que la comisión técnica usó otra. No hay una contradicción, dado que son metodologías y supuestos distintos. Lo que importa es que se cumpla el fallo, que no haya un perdonazo a las isapres. La diferencia de USD 1.000 millones es significativa y eso hay que analizarlo. Y también los plazos.

¿Pero es un perdonazo?

Yo no lo califico, ni la intención de la comisión técnica, como un intento de perdonazo. No estoy diciendo que hayan buscado eso, sino que entiendo el trabajo y los supuestos que utilizaron con el objetivo de buscar un punto de equilibrio en el cumplimiento del fallo, con una metodología que tiene sustento teórico, pero no tiene sustento jurídico en cómo han operado las isapres.

¿Qué monto no es perdonazo?

El cálculo que hizo la superintendencia en una primera instancia habla de USD 1.400 millones y esta comisión propone 450. Creo que se podrá explorar con otras metodologías algún intermedio. Y por otro lado el plazo, porque lo que me preocupa no es solo cómo salvar el negocio de las isapres, sino cómo transitamos a un sistema sanitario y de seguridad social, porque la crisis de las isapres es terminal y no sostenible.

¿Y cuál debiese ser el plazo?

Creo que 10 años es mucho. Yo me abro a plazos flexibles y entiendo la gradualidad para que no haya un colapso, pero que esto vaya de la mano de una conversación sobre transición y reforma.

¿No cree que una actitud obstruccionista arriesga al sistema?

El obstruccionismo lo veremos en cuanto a las indicaciones que presenta el Ejecutivo y la disposición a votar aquellas indicaciones.

¿Puede comprometer su voto?

Voté a favor de la idea general de la ley corta. Ahora viene la discusión de indicaciones, entonces no puedo comprometer un voto a ciegas o un cheque en blanco. Tengo disposición a evaluar y todos los sectores vamos a tener que ceder para llegar a un acuerdo, pero los senadores no somos buzón de que ese informe se convierta, sin revisión, en indicaciones.

¿Y podría comprometer su voto con los plazos y el monto que propone el informe?

Dudo que esos plazos y montos sean los definitivos. Por lo que hemos escuchado a otros senadores oficialistas, no hay conformidad con el monto y la metodología. Tampoco necesariamente el monto o plazo de la superintendencia es el definitivo.

¿Ya hay una postura común sobre esto en Apruebo Dignidad?

No lo hemos discutido como Apruebo Dignidad (AD), más bien con los senadores oficialistas de la Comisión de Salud. Hay parlamentarios que no son de AD que consideran inaceptable el informe, o el senador Flores (DC) también ha dicho que el informe no es aceptable en montos y plazos. La discusión técnica está muy bien, pero es un insumo para la discusión política y legislativa.

¿Espera más debate del gabinete antes de respaldar la fórmula?

Sí, yo creo que la ministra Aguilera está consciente de que acá hay un problema sistémico con el sistema de salud, no solo con el subsistema privado, y es un problema complejo, pero al mismo tiempo ella es parte de un gobierno que tiene un cierto programa propuesto de avanzar hacia una lógica de seguridad social y de fondo solidario de salud.

¿Espera una bajada del Presidente y del comité político?

Son temas que escapan a los sectoriales, no es algo que se le puede endosar solo a la ministra Aguilera, sino que tiene que ir acompañado por una discusión con Hacienda, Segpres, Justicia.

En el comité técnico había integrantes de todos los sectores que acordaron el nuevo monto, ¿por qué esta disconformidad?

Yo puedo hablar por el técnico que designamos -Cristóbal Cuadrado, RD-. Le dimos plena libertad, no le bajamos introducciones, pero al mismo tiempo dijimos en la comisión y en las conversaciones que esto no iba a ser vinculante, que era un insumo.

¿Qué cambios necesita la ley corta?

Tendrá que evaluar el monto de la deuda, ciertamente. Y los plazos y las condiciones que le ponga al sistema, también diseñar un camino de transición de reformas. Son cosas que pueden quedar amarradas en la ley corta.

¿Ve que esto le puede generar un conflicto al gobierno y desencuentros en el oficialismo?

Es un problema complejo y un problema político, pero más allá de eso lo importante es cómo se legisla. Lo relevante no va a ser el informe, sino que las indicaciones que se presenten, cómo se tramiten en ambas cámaras y el aporte de los parlamentarios, donde ciertamente el gobierno tiene que escuchar a las distintas bancadas y llegar a acuerdos. Esta crisis puede ser una oportunidad donde el Ejecutivo puede mostrar liderazgo y posicionar el diálogo y los acuerdos, pero tiene que liderar esta agenda, sin duda alguna.

¿Rechazará si se mantiene el monto sugerido?

No quiero adelantar votos frente a una indicación que todavía no se ha presentado.