La arremetida final del gobierno para tratar de aflojar a la derecha en la reforma previsional

El martes en la mañana el senador Juan Antonio Coloma (UDI) no pudo asistir a la sesión de la Comisión de Hacienda en Valparaíso, que analizó el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.

Esa misma mañana, el senador Rodrigo Galilea (presidente de RN) tampoco alcanzó a llegar a una citación de la Comisión de Cultura.

A esa hora ambos legisladores, junto al senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), con quien integran la Comisión de Trabajo, estaban en una reunión en la sede del Congreso en Santiago con los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara (PC), resolviendo detalles de un inminente acuerdo (al menos parcial) sobre pensiones.

La cita -a menos de 24 horas del fogonazo que provocó el Presidente Gabriel Boric con sus declaraciones, donde emplazó a la derecha para llegar a un acuerdo- era una muestra de que el diálogo entre gobierno y oposición nunca se interrumpió, a pesar de las “escaramuzas”, como las definió el senador Gastón Saavedra (PS), también integrante de la comisión.

Es más, las conversaciones continuaron el miércoles y el resto de la semana. Incluso, la Comisión de Trabajo, que preside Coloma, acordó un cronograma que considera un plazo de indicaciones hasta el lunes. Estas enmiendas serían votadas entre miércoles y jueves de la próxima semana en la mencionada comisión. Con ello, la sala del Senado estaría en condiciones de despachar un texto -aunque sea un acuerdo parcial- a partir del martes 21 de enero.

Por ahora el emplazamiento de Boric -que molestó a la oposición, preocupó al oficialismo y le significó críticas de vuelta- no trajo mayores consecuencias adversas. Sus dichos eran parte de un juego táctico (de tira y afloja) que La Moneda había dispuesto en la recta final de las negociaciones para arrinconar y lograr las últimas concesiones de los interlocutores de derecha. En el Ejecutivo creían que aún faltaba un gesto adicional de la oposición.

Para ello se organizó un acto masivo en Maipú (“Chile merece mejores pensiones”) con el alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio); la expresidenta Michelle Bachelet; la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y la ministra Jara, quien llegó a amenazar que el Ejecutivo presentaría este miércoles las indicaciones de pensiones.

Finalmente ello no ocurrió y estas modificaciones -que solo pueden ser ingresadas por el Presidente, ya que son temas de seguridad social y de manejo fiscal- quedaron pendientes para el próximo lunes. Recién entonces se sabrá si el emplazamiento de Boric rindió algunos frutos.

En el pasado la táctica de “sacar al pizarrón” (en la jerga política) a la oposición fue usada profusamente por el Presidente Ricardo Lagos en su gobierno y también -aunque no con los mismos resultados favorables- por su sucesora Michelle Bachelet y por Sebastián Piñera, quien llegó a acusar -en septiembre de 2018- a un sector de la izquierda de “actitudes antipatrióticas”.

También, hace dos semanas, la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, recurrió al mismo diseño de tensionar el debate para tratar de inclinar las negociaciones.

Por eso algunos políticos les restaban relevancia a las declaraciones altisonantes.

“No hay que dramatizar los elementos que tensionan las discusiones. Son parte de una negociación”, comentó este miércoles en el Senado la ministra Jara, quien junto a Marcel fueron los encargados de distender el diálogo tras el apretón de Boric.

La decisión del gobierno de usar esta antigua jugada se sustentaba en la convicción de que la derecha ya había llegado a un punto de no retorno y ya no tenía margen para arrepentirse y amenazar con un rechazo a la reforma.

Las declaraciones de los senadores Coloma, Cruz-Coke y Galilea, además de otros como el presidente del Senado, José García (RN), daban cuenta de que la oposición también anhela un acuerdo.

Sin embargo, algunos legisladores opositores advertían que el gobierno no podía confiarse y que estaban dispuestos a “tirar el mantel” y rechazar la idea de legislar, a pesar de que las tratativas a nivel técnico y político habían llegado a consenso en alrededor de 10 puntos, entre ellos la fórmula de distribución del 6% de cotización adicional, el llamado “corazón de la reforma”.

Pese a los tironeos de inicios de semana, el cambio de tono fue evidente el mismo miércoles en la sesión de la Comisión de Trabajo. “Vamos a tratar de coincidir en todo lo que se pueda”, dijo Coloma, cuyo compromiso para votar en enero fue valorado por el oficialismo.

Incluso, la polémica petición del senador Cruz-Coke de postergar el alza de la Pensión Garantizada Universal -a $250 mil- también era una señal de que ya no está en duda de que habrá reforma. La inquietud de un sector de la derecha ya estaría puesta en atenuar el eventual impacto electoral de subir la PGU a semanas de la elección.

Con el proceso encaminado en el Senado, al gobierno solo le quedaría lidiar con los reparos del Partido Comunista -que han alzado críticas por las negociaciones- y resolver el puzzle de la Cámara que debe ratificar lo acordado para que la reforma sea despachada a ley.

En caso de que los diputados rechacen una parte o todas las modificaciones de la Cámara Alta, se constituiría una comisión mixta (cinco diputados y cinco senadores) con el fin de solucionar las últimas discrepancias.

El problema, sin embargo, es que la Cámara ya tiene agendada su “semana distrital” para fines de enero, en la que suspenden las sesiones legislativas. Y, hasta el viernes, la bancada republicana no estaba dispuesta a dar la unanimidad para cambiar la semana de trabajo en territorios.

En todo caso, los republicanos no son la única cuota de suspenso. Aún hay diputados oficialistas y de oposición que no están completamente convencidos.