Líos de platas: el cerco de Justicia a las fundaciones

Hace un mes, el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia lanzó un duro golpe contra la ya deteriorada fundación Democracia Viva, comandada por el otrora RD Daniel Andrade. Ese día la cartera encabezada por el ministro Luis Cordero encargó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar las acciones necesarias en tribunales civiles para que se decretara la disolución de la citada ONG por “graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades”.

Arribaron a dicha conclusión tras una acuciosa indagatoria que iniciaron el pasado 22 de junio, luego de que salieran a la luz una serie de reproches por los tres convenios que había suscrito la entidad con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que era liderada en ese entonces por el también ex-RD Carlos Contreras.

Sin embargo, dado que el caso de Democracia Viva fue solo el puntapié inicial del denominado caso líos de platas -en el marco del cual el Ministerio Público indaga a alrededor de 53 fundaciones que suscribieron convenios con entidades gubernamentales-, Justicia amplió la revisión de estatus a otras entidades, llegando a analizar antecedentes de 48 de ellas.

El trabajo ha estado liderado por el jefe del Departamento de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar, y de acuerdo con detalles que pudo recopilar La Tercera, están llegando al final del proceso, por lo que se espera que en las próximas semanas Cordero anuncie cuáles son las otras entidades que incurrieron en irregularidades y que, por tanto, pedirán disolver.

Como el propio Cordero adelantó, se trata de entre ocho y diez fundaciones a las que se pedirá revocar su personalidad jurídica, por cuanto estiman que estas no están cumpliendo los fines para los cuales fueron creadas.

Si bien desde Justicia han indicado que siguen recibiendo documentación en el marco de las pesquisas, ya hay casos que generan ruido.

Entre ellos, por ejemplo, está la Corporación Kimün, presidida por Jaime Huincahue, y la cual obtuvo personalidad jurídica el 20 de junio de 2018. Se inscribió en el registro de colaboradores del Estado un año más tarde, el 14 de junio de 2019, pero el problema, en todo caso, es que del convenio que suscribieron en diciembre de 2022 con el Gobierno Regional de Los Lagos, por $1.200 millones y para realizar un programa de “saneamiento irregular de propiedades”, no tiene resultados y el dinero “desapareció”.

Otro caso es el de la Fundación Cultural Tomarte, que se inscribió el 16 de noviembre de 2021 en la Municipalidad de Antofagasta y que de acuerdo con el registro de colaboradores del Estado tiene como objetivo realizar actividades culturales. Pese a ello, los cuatro convenios que se adjudicó a fines de 2022, por un total de $456 millones, tenían como objetivo establecer “obras básicas de carácter transitorio (...), para elevar el umbral mínimo humanitario en base a salubridad y seguridad”. O sea, algo que se aleja de su giro.

Algo similar ocurre con Espacio Lúdico, que recibió en 2020 $888.193.146 para realizar programas relacionados con campamentos, siendo que su giro está ligado principalmente con actividades culturales o recreativas.

Se suma, igualmente, Fundación Visible, que de acuerdo con la denuncia ingresada por la senadora Yasna Provoste, se inscribió en el registro de colaboradores del Estado en la misma fecha en que se publicaron las bases del concurso del que finalmente obtuvo recursos. Según dijo, además, esta entidad nunca había ejecutado programas públicos, por lo que carecía de experiencia.

Atacama Sueños es otra ONG que está bajo la lupa, ya que tras ser creada en 2021 suscribió un convenio por $57 millones con la Seremi de Desarrollo Social, pero el mismo día en que inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

Otro caso que es indagado es el de Fundación Local, que firmó millonarios convenios solo con el Gobierno Regional de La Araucanía para proyectos de reciclaje y de turismo, pese a no tener mayor experiencia en la materia y a que, además, tiene domicilio en Viña del Mar.

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Personas Jurídicas de Justicia, el procedimiento jurídico administrativo que realizan está orientado preferentemente “a velar por que las entidades cumplan con sus estatutos y objeto social”.

Si bien las revisiones son dinámicas, entre otras medidas, suelen requerir actas de las asambleas y de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, entre otros.

Una vez recabada la información se verifican una serie de hipótesis. Si la entidad presenta o no un alto nivel de incumplimiento o su funcionamiento no se corresponde con su naturaleza fundacional; si da o no respuesta a los requerimientos de la autoridad con prontitud y si presenta incumplimiento a sus estatutos o a su objeto social susceptibles de ser corregidos y si, por lo mismo, toma las acciones ordenadas.

De incurrir en las faltas señaladas, la entidad en cuestión se arriesga a que se solicite su disolución, pero si cumple y no registra faltas, se pone fin al procedimiento y se ordena el archivo de los antecedentes.