Los flancos que complican a Ángel Valencia para fiscal nacional

Hasta el Palacio de La Moneda llegó ayer el elegido por el gobierno para encabezar la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia (53). El abogado se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con su par de Justicia, Marcela Ríos, para preparar la presentación que realizará el lunes ante la Comisión de Constitución del Senado, donde abordará su plan para dirigir el Ministerio Público durante los próximos ocho años.

En la cita se acordó que Valencia debía prepararse para enfrentar críticas por su rol como defensor en causas por abuso sexual y en temas de derechos humanos. No se habló de casos, sino que debía demostrar el porqué su actuación como abogado no lo inhabilitaba para liderar investigaciones de esta índole en caso de ser ratificado por el Senado.

Conocido es que Valencia no era el favorito inicial del gobierno para el cargo de fiscal nacional por las causas en que asumió como abogado defensor. En La Moneda hacían ruido dos: la investigación por abuso en contra del juez de Rancagua Luis Barría y Publicam, la indagatoria donde le tocó ser parte del estudio jurídico que defendió a Tohá.

Sin embargo, desde que fue nominado por el gobierno para ocupar la plaza de fiscal nacional -luego de obtener 17 votos en la Corte Suprema- aparecieron otras voces críticas a su labor. Por una parte, las víctimas de estafa de Rafael Garay -en cuyo caso fue árbitro de los contratos del economista y sus clientes- y, por otra, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quienes denunciaron que haya defendido al exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos en el caso de la muerte de Patricio Manzano, en 1985.

Serán estos cuatros flancos los que Valencia deberá sortear para llegar a la Fiscalía Nacional, donde, además, se suma su estrecha relación con la política, tanto en el PS como en RN.

Si bien en la causa contra Rafael Garay -condenado por estafa- Valencia figura como víctima, quienes fueron engañados por el economista cuestionan su rol y lo relacionan con la empresa. En la sentencia, el tribunal aseguró que, al trabajar con Garay, el abogado también resultó defraudado, ya que este lo expuso “con sus mentiras al riesgo de un daño en su imagen y prestigio”. Contra el hoy candidato para liderar la fiscalía no se abrió investigación alguna.

Lo primero a lo que apuntan quienes conocen esa investigación es que Valencia era el árbitro de los contratos que firmaban los clientes con Garay. Según la causa judicial, son 57 los contratos en los que medió. Además, antes de dejar Chile, el economista realizó cambios administrativos en su empresa y designó como “administrador de la sociedad” a Valencia, además de mandatarlo para que en caso de fallecer entregara un cheque a cada cliente con la devolución de su inversión.

Una de las víctimas declaró en el juicio que tras enterarse de la supuesta enfermedad de Garay, llamó a Valencia, quien negó ser su abogado, “sino que le daba una asesoría gratuita, como un favor”. Consultada Marlene de la Fuente, una de las víctimas del caso, asegura que ella habló con Garay por WhatsApp: “Le digo que quiero mi dinero, y ahí él me pone en contacto con Ángel Valencia y me dice ‘ese es mi abogado para que tú tengas una tranquilidad’”.

Como Garay no apareció, los clientes comenzaron a presionar al abogado. Valencia, por su parte, presentó una denuncia por presunta desgracia de Garay. Junto con eso, entregó la chequera.

De la Fuente asegura que nunca realizaron una denuncia como víctimas en contra de Valencia, porque durante el juicio siempre estuvieron abocados a Garay. Mientras que desde el entorno del abogado aseguran que el también expanelista de televisión “utilizó” su nombre para dar confianza a las víctimas.

En junio de 2020, la Corte Suprema tomó conocimiento de denuncias de funcionarias del Poder Judicial en contra del juez Luis Barría -titular del Juzgado de Garantía de Rancagua-, por supuestos delitos de acoso sexual. Por ello, en agosto de ese mismo año se inició un sumario administrativo en su contra, donde se acreditó el testimonio de cuatro denunciantes, aunque un hecho resultó prescrito y la cuarta víctima decidió restarse del proceso.

Concluida la indagación, el magistrado fue suspendido por tres meses del cargo, trasladado de tribunal y en septiembre del 2022 fue formalizado por uno de esos hechos.

En todo ese periodo, Barría ha estado acompañado por el abogado Ángel Valencia, por lo que desde el momento en que este último fue incluido en la quina elaborada por la Corte Suprema para fiscal nacional, ha sido blanco del cuestionamiento de agrupaciones feministas. De hecho, el 13 de noviembre la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres -a la cual perteneció la exministra de la Mujer, Antonia Orellana- publicó un comunicado donde advirtió que el profesional era “parte de la red de protección de Barría” y que “ha perseguido social y judicialmente a funcionarias”. La propia Orellana, como confirmó su par de Justicia, Marcela Ríos, manifestó su “preocupación” ante su eventual nominación.

Si bien en la Comisión de Constitución del Senado se discutió el punto y se despejó que la defensa que ejerció en este caso no implica una inhabilidad, su rol como defensor de imputados por delitos sexuales le ha significado serios reproches.

De todas maneras, sus cercanos transmiten que siempre que ha asumido una defensa, vela por el interés de sus clientes, pero que eso no implica perder la perspectiva de género. Incluso, destacan que ejerció varios años como defensor de víctimas en la Fundación Pro Bono.

Aunque no es un dato que permaneciera oculto, los más recientes cuestionamientos que ha recibido el candidato de La Moneda para suceder a Jorge Abbott están ligados al rol que tuvo como defensor del exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos en la indagación por la muerte del estudiante de la Fech Patricio Manzano, en 1985.

El joven fue aprehendido mientras realizaba trabajos de reconstrucción por el piquete que en ese momento era liderado por Villalobos (quien entonces tenía 25 años), quedando bajo la custodia de los funcionarios policiales y siendo objeto de tormentos.

A fines de 2018, el exmandamás de Carabineros fue procesado por el ministro Mario Carroza en su calidad de cómplice de aplicación de tormentos, resolución que finalmente fue revocada por la Corte de Apelaciones. Se estimó, como dieron cuenta, que no existía “mérito suficiente para formar siquiera una presunción que permita sostener que Villalobos haya dado las órdenes de detención”.

Sin embargo, una vez que desde La Moneda comunicaron la determinación del Mandatario de nominar a Valencia en el cargo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos emitió una declaración donde calificaron la decisión como “gravísima”.

“Ángel Valencia representa los intereses de los poderosos y su historial profesional constituye un agravio a la investidura institucional que se le quiere asignar y la que debe tener quien encabeza el organismo que sostiene a nombre del Estado la pretensión penal”, se indica en la declaración firmada por Alicia Lira.

Pese a los reproches, desde el entorno del abogado aseguran que para él fue complejo asumir esta causa, pues conoce a jóvenes que en 1985 estuvieron detenidos con Manzano, y que lo hizo -según dicen- porque había antecedentes que daban cuenta de que su entonces cliente no había participado.

El 2006 explotó uno de los mayores escándalos respecto del financiamiento irregular de la política, el denominado caso Publicam. Fue una de las primeras causas de esta índole donde se investigó la venta de facturas falsas a quienes querían evadir impuesto y donde se detectó un vínculo con las campañas políticas del PPD. Según un informe de la PDI, las facturas falsas indagadas generaron un perjuicio fiscal de $ 2 mil millones y benefició a 145 contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos.

En ese contexto, el abogado Ángel Valencia participó en la defensa de la ahora ministra del Interior, Carolina Tohá, quien, en esa ocasión, al ser candidata a diputada por el PPD, recibió facturas que resultaron ser falsas. “La enredaron políticamente en el caso y ella se querelló al verse involucrada”, explica uno de los intervinientes en la causa.

Dicho vínculo sería una de las razones que tuvo el gobierno para no nominar en las quinas anteriores a Valencia, ya que de presentarlo como un candidato daba la posibilidad de que la vinculación entre ambos reflotara en la esfera pública.

A pesar de eso, el mismo candidato ha explicado lo ocurrido en dicha causa. En entrevista con Ex Ante, el abogado aseguró que su rol como abogado de Tohá se explicaba pues era empleado del estudio jurídico de Carlos Cepeda, Alberto Espina, Raúl Tavolari y Juan Domingo Acosta.

“Yo trabajaba para ese estudio jurídico y, como consecuencia, colaboraba con Juan Domingo en los encargos que se le hacían y me incorporé al equipo que estaba a cargo de esa defensa, pero ante el pedido en que el abogado Acosta era el abogado patrocinante. Él dirigió esa defensa. No tuve contacto con la señora Tohá y creo que durante todo ese período solo la vi en una ocasión, a propósito del cierre de la causa, que había terminado favorablemente para ella”, concluyó, junto con sostener que ella no tenía ninguna participación en el caso.

Al presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), lo conoció someramente en la época escolar jugando vóleibol, aunque ambos estudiaban en colegios distintos. Ángel Valencia estaba en el San Ignacio y el senador, en el Luis Campino.

Sin embargo, fue en la época universitaria, tras ingresar ambos en 1987 a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se forjó la amistad en medio de un clima de movilizaciones por la presencia de José Luis Federici en la rectoría y, luego, por el plebiscito de 1988.

Elizalde militaba en la Izquierda Cristiana, mientras que Valencia, como independiente, se movía políticamente entre esa tienda y la DC.

Luego ambos se casaron y se convirtieron en compadres: cada uno es padrino del hijo menor del otro.

Y a pesar de que la amistad ha perdurado por 36 años, tras haber sido parte del mismo grupo político en la universidad, cada uno tomó caminos distintos.

Sin embargo, su lazo con Elizalde y sus redes que se extienden desde el PS a RN, que en teoría lo debieran favorecer, podrían ser un arma de doble filo en la votación del próximo lunes.

De partida, en el Senado dan por descontado que Elizalde tendrá que inhabilitarse, aunque no esté obligado por ley. Por lo tanto, sería un voto menos.

En tanto, el jefe de bancada del PPD, Jaime Quintana, ya advirtió que las redes políticas de Valencia son un tema que despierta dudas en su colectividad. Lo mismo ocurre en un sector de RN, en el PC y en el FREVS. ¿La razón? Hay sospechas de que eso le reste autonomía al futuro fiscal nacional en casos que involucren a la élite política y económica.

Dentro del PS, además de Elizalde, también es un antiguo conocido del senador Alfonso de Urresti.

En RN, su principal lazo es el exsenador Alberto Espina. Fue asesor de la bancada de Renovación y, además, trabajó en la oficina de abogados del exparlamentario: Espina, Zepeda y Acosta.

Además, ha sido parte de bufetes que han representado a políticos como los PPD Carolina Tohá y Heraldo Muñoz y a dirigentes de RN como Mario Desbordes, quien es otro de sus contactos.

También es profesor de la Universidad San Sebastián, donde el exministro Andrés Chadwick (UDI) es decano.