Pablo Urquízar: “El primer objetivo es que esta violencia sea condenada por toda la clase política sin matices”

En sus 20 días como delegado presidencial de la Macrozona Sur, el abogado Pablo Urquízar ha visitado diversas localidades de Los Lagos, Biobío y La Araucanía, donde ha sostenido más de 70 reuniones con distintos actores sociales y políticos de la zona. Su arribo no fue fácil: llegó en medio de la polémica de su antecesor, Cristián Barra, quien criticó el rol de las Fuerzas Armadas en el sector. Y a su labor ya compleja de buscar soluciones políticas a la desatada violencia rural se suma el tender puentes y recuperar confianzas con los cuerpos militares de la zona, tal como se lo encomendaron cuando lo designaron en el cargo.

¿Cuál es el diagnóstico que hizo en su primera visita a la zona como nuevo delegado presidencial?

La idea es poder tener una perspectiva global de lo que está ocurriendo y buscar las soluciones específicas sobre cuatro líneas: la persecución penal, la coordinación con la policía, la reparación a las víctimas y el trabajo con las comunidades. Pero esto tiene, además, una base política. La base política es que la violencia no puede legitimarse como método de acción política. El primer objetivo es que esta violencia sea condenada por toda la clase política sin matices, sin ambigüedades y llamando las cosas como son. Acá hay grupos extremistas que se visten bajo legítimas reivindicaciones ancestrales, pero detrás de eso hay narcotráfico, robo de madera, tráfico de armas, robo de vehículos y una serie de circunstancias que lo que hacen es esencialmente atentar contra víctimas, como ocurrió con Iván (Núñez) y Esteban (Sánchez) de TVN.

Usted habla de varias líneas a seguir, pero a su juicio, ¿qué pasa en esta zona? ¿Esto es netamente un tema de violencia o esa violencia tiene un porqué detrás?

Lo primero es que el problema tiene una dimensión multisectorial. Acá no solo está el orden público, no sólo está la seguridad presente, sino que también tienen que estar lo social, lo económico y lo cultural. Acá hay que hacer una clara separación entre la violencia y el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo honesto, trabajador, esforzado y pacífico. Dicho eso, existen organizaciones extremistas que lo que buscan es ejercer la violencia como método de acción política y en tal sentido hay que hacer la separación y no mezclar peras con manzanas. Las víctimas han sido desde hace mucho tiempo no sólo civiles, carabineros, policías de Investigaciones, sino también mapuches. Me he reunido con víctimas mapuches en la provincia de Arauco, Cautín y Malleco, y en todas lo que piden como base es que no exista violencia. No existe una vinculación entre el pueblo mapuche, en su gran mayoría pacífico, y la violencia.

¿Con qué comunidades mapuches o actores se ha reunido?

Con distintas comunidades de Quidico, Tirúa, de Imperial, pero por razones de seguridad no voy a dar los nombres para que esas comunidades no sean afectadas, porque estas organizaciones extremistas lo que hacen es amenazar a estas comunidades que se relacionan de buena forma con el Estado y, por lo tanto, me parece que no puedo poner en riesgo su vida e integridad física.

¿Son comunidades que amenazan a otras comunidades?

Hay organizaciones extremistas que lo que hacen es amenazar a estas comunidades mapuches que son pacíficas, como lo es el pueblo mapuche, que lo que buscan es seguridad, esfuerzo, trabajo y poder desarrollarse tranquilamente.

¿Cuáles son esas organizaciones?

La Coordinadora Arauco Malleco, la Resistencia Mapuche Malleco, la Resistencia Mapuche Lafkenche y también la WAM. Existen otras organizaciones y ahí es donde se mezcla el narcotráfico, el robo de madera, el tráfico de armas y el robo de vehículos. Esta mezcla hace que sea extremadamente compleja la situación y, por lo tanto, el abordaje tiene que ser multisectorial e integral para buscar la paz social.

¿Quiénes son las personas detrás de esas organizaciones?

Eso es parte de información de inteligencia.

¿Qué piensa sobre la historia del pueblo mapuche?

Tengo la mayor admiración por el pueblo mapuche, tienen necesidad de seguridad, de reconocimiento dentro de la sociedad chilena y también que puedan desarrollarse en su cultura. Eso como Estado tenemos que no sólo permitirlo, sino que también tenemos que potenciarlo y profundizarlo, para que tenga la dignidad que tiene que tener.

Hay quienes dicen que el Estado chileno ha sometido al pueblo mapuche y que ha habido un abuso histórico del gobierno y las forestales. ¿Lo comparte?

Creo que el Estado desde hace mucho tiempo debió estar mucho más presente, no sólo con el pueblo mapuche, sino que con muchas personas no mapuches en la Macrozona Sur. Acá existe una necesidad de estar más presente por parte del Estado en todos los aspectos, no sólo en orden público, en el aspecto social, económico, cultural. Y, por cierto, en eso el Estado tiene que avanzar muchísimo más y con profundidad con el pueblo mapuche.

¿Y por qué eso no ha pasado?

Es una explicación que yo creo que tiene un diagnóstico más bien complejo. Yo creo que acá tenemos la oportunidad de que lo que está pasando en la Macrozona Sur, tanto desde la perspectiva de la seguridad como desde la perspectiva social y cultural, sea una prioridad para el Estado. Y cuando digo el Estado no hablo del gobierno, hablo del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de los organismos como la Contraloría y todo el Estado en su conjunto.

¿Hay una propensión a la criminalización del pueblo mapuche?

No tengo antecedentes de la criminalización, pero sí lo que puedo sostener es que la opinión del gobierno es que el pueblo mapuche es pacífico, esforzado, trabajador y honesto. Y acá a los que hay que criminalizar es a aquellos que atentan contra la integridad física de las personas a través de distintos actos que lo que hacen es infundir temor.

El presidente de la CMPC, Felipe Gazitúa, ha dicho que “el problema no es sólo de tierras, pero también es de tierras”. ¿Qué le parece esta afirmación?

Yo creo hay que distinguir la situación. Una cosa es el orden público, la seguridad, y otra cosa son las demandas legítimas que tiene el pueblo mapuche y que tienen distintos sectores también en la sociedad dentro de la Macrozona Sur. Me parece que esa distinción tiene que tener una línea clara, una barrera y una muralla china para que no mezclemos peras con manzanas. Por cierto, hay un problema y que tiene que solucionarse; como Estado hemos involucrado a la Conadi y a una serie de organismos, tienen que resolverse y hacerse más eficientes y eficaces. Tener una mirada estratégica a largo plazo para que puedan resolver los problemas que existen en materia de tierras.

¿La violencia no es una reacción a las demandas por las tierras?

Lo que yo creo es que tenemos que hacer una diferencia del hecho de que existan demandas legítimas de territorios o de tierras, no se deduce que se tenga que ejercer violencia como tal, esa diferencia es clara y es la que yo veo en el pueblo mapuche y en las comunidades. Otra cosa dice relación con la violencia que se ejerce propiamente tal por ciertas personas.

¿Cómo toma las críticas al nombramiento de su par Loreto Silva?

Tengo la mejor opinión de Loreto Silva y creo que está cumpliendo un rol extremadamente importante dentro de la coordinación de la Macrozona Sur y el objetivo de la paz social. Ella está introduciéndose y profundizando el tema de las querellas que forman parte la persecución penal, para que sean más eficaces y obtengan mayores resultados.

En el ataque a Iván Núñez surgieron hipótesis sobre qué es lo que ocurrió, se habla incluso de dificultades entre grupos radicales, que no todos siguen un mismo patrón. De acuerdo a sus antecedentes, ¿qué pasó?

Acá hay hechos objetivos, como que se atentó contra la vida e integridad física de Iván y Esteban, además se afectó la libertad de prensa e información. El segundo hecho objetivo es que estaban ejerciendo su función periodística entre Cañete y Tirúa y que fueron a entrevistar al vocero de la CAM, Héctor Llaitul. Lo demás está investigándose.

¿Qué información tienen respecto de la presunta participación de grupos radicales?

Hay información, pero no la puedo revelar por razones de seguridad. Pero sí hay cosas que son claras. Aquí hay personas que dicen saber lo que pasó, Héctor Llaitul y Juan Pichún, pero no han hecho lo más básico, que es ir a declarar a la fiscalía. Llevamos más de 108 horas desde el atentado y Llaitul y Pichún brillan por su silencio; deben declarar para poder perseguir a los responsables.

¿Hay una división entre lo que era la CAM y otros grupos radicales?

Eso también es parte de la información reservada de la investigación.

Su antecesor, Cristián Barra, criticó el rol del Ejército en la zona. ¿Cómo ve el apoyo de las FF.AA. ahí y qué rol cree que deberían cumplir?

Las Fuerzas Armadas están en el país en el marco de un estado de excepción constitucional de catástrofe. El Artículo 39 y siguientes de la Constitución facultan a las Fuerzas Armadas a poder estar en determinada situación en el ámbito interno, y es en esa lógica en la que están y donde además se les consagra el deber del orden público. Lo que pasa en la zona las policías son las principales responsables, pero las Fuerzas Armadas colaboran en lo que dice relación con el estado constitucional de catástrofe, determinado hasta el 30 de junio, después tienen que volver a sus labores habituales: la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección civil y las relaciones internacionales.

Se habla de los patrullajes mixtos. ¿Es sólo eso lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en la zona?

Las Fuerzas Armadas contribuyen en una serie de aspectos que son relevantes en el orden público y una de las formas son los operativos mixtos que se están haciendo permanentemente. También colaboran en planificaciones, asesorías e inteligencia residual.

¿Cuál es la fórmula para enfrentar este conflicto?

La base es primero la condena total y sin matices de lo que está pasando respecto de la violencia. En segundo lugar, tiene que estar el Estado presente en su conjunto. Aún estamos trabajando algunas fórmulas para poder diseñar modelos efectivos que pueden alcanzar esos resultados.

¿Es aceptable que en un Estado de Derecho haya sectores a los que la policía no pueda ingresar, como Temucuicui?

Las policías hacen su mayor esfuerzo por estar presentes en todos los rincones del país, por cierto, en la Macrozona Sur. Hay que entender la complejidad que existe en cada lugar vinculada no sólo a las condiciones climáticas, geográficas, sino que a veces también a la violencia que existe. Por supuesto que se tienen que mejorar y seguir perfeccionando.

¿Ve problemas en la prevención de los delitos? ¿Quiénes son los responsables?

En la prevención se requiere seguir modernizando el Sistema de Inteligencia, incorporar nuevas tecnologías e incrementar recursos logísticos, en lo que ya se está trabajando. Además, aprobar los nueve proyectos de ley que existen para la agenda legislativa de seguridad de la Macrozona Sur.

¿Se siente preparado para solucionar un conflicto histórico que ningún gobierno ha podido?

Este es un problema que no lo soluciona una persona. Este es un problema que requiere la voluntad y la disposición del Estado en su conjunto. Si el Estado en su conjunto no se pone a disposición de la paz social, a disposición de todos los elementos, facultades y herramientas para buscar la paz social, la verdad es que es bastante complejo lo que se viene. b