¡Partieron! Se desató la carrera por ser fiscal nacional

La jefa del Ministerio Público del Bíobío, Marcela Cartagena, quien fue anfitriona del más reciente consejo de fiscales regionales, celebrado hace unos días en Concepción, tomó la palabra al cierre del encuentro para hacer un llamado a la unidad.

Esa era la primera vez, en tres años, que se volvían a topar cara a cara Jorge Abbott y el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, luego de que ambos protagonizaran una de las crisis más relevantes al interior de la institución, que llevaron incluso al fiscal nacional a solicitar a la Corte Suprema una frustrada remoción del investigador del caso SQM y Caval. Por tal motivo, no pocos pensaron que las palabras de Cartagena iban en ese sentido, sin embargo, su intervención era más bien una invitación al fair play, a un juego limpio, por los meses venideros. Y es que el 1 de octubre Abbott, junto con cumplir 75 años, debe dejar el sillón de fiscal nacional, ya que llega a la edad límite para ejercer el cargo. Lo hará, de hecho, un año antes de cumplir el periodo de ocho años que establece la ley.

Entonces, según confidenciaron algunos de los presentes, la intención de la jefa regional del Biobío era hacer un llamado a la cohesión y confesó: “Yo no voy a postular para ser fiscal nacional”. Acto seguido, todos se miraron y guardaron silencio. Nadie más explicitó su postura, ya que naturalmente los integrantes de ese consejo podrían ser sucesores naturales. De hecho, algunos ya llevan meses “en campaña”, ya que para suceder a Abbott se necesitan votos en la Corte Suprema que conforma una quina, luego la venia del actual gobierno, ya que será el Presidente Gabriel Boric quien proponga uno de esos nombres al Senado, y -finalmente- una negociación política que permita que los 2/3 de los integrantes de la Cámara Alta aprueben al candidato o candidata de La Moneda.

A diferencia del 2015, cuando el actual fiscal nacional salió electo en un proceso que estuvo marcado por las investigaciones por financiamiento irregular de la política, esta vez hay otro factor: el nuevo rol que le asigna a esta autoridad el texto de la Convención Constitucional. De aprobarse, este cargo durará seis años y no ocho -sin posibilidad de reelección- y perderá poder, ya que se crea un Comité del Ministerio Público que incide en nombramientos de fiscales y en la política de persecución criminal.

Con todo, y pese a la incertidumbre de lo que ocurra en el plebiscito de salida, son varios los abogados interesados en liderar el organismo y ocupar el cargo que tiene una remuneración mensual de $ 9.349.854.

Por estos días, la Corte Suprema debería hacer el llamado a concurso para que entreguen sus antecedentes quienes estén interesados. Esto, ya que la ley señala que se debe iniciar el proceso 90 días antes de que la autoridad expire en el cargo. Con una carrera desatada, ya hay varios que suenan como cartas fijas, al menos, para quedar en la quina que elabora el máximo tribunal y no pocos se aventuran a asegurar que esta elección tiene olor a mujer y que se podría nombrar a la primera fiscal nacional en la historia.

En las altas esferas del Poder Judicial ronda desde hace varios meses el nombre de Carlos Palma, el fiscal regional de Aysén, quien indaga el caso Huracán, en que se acusa a carabineros de montar pruebas falsas contra mapuches. Algunos supremos consultados han comentado que ven con buenos ojos esta candidatura y aunque aún no se realizan las audiencias públicas en que cada uno de los aspirantes expone ante el pleno, varios dicen que de presentarse contará con su voto.

Consultado por La Tercera, el fiscal Palma confirmó que postulará: “He hecho una carrera funcionaria con todos los eslabones, desde fiscal adjunto hasta fiscal regional, y creo que efectivamente lo que le hace falta al Ministerio Público es eso, la experiencia. Lo que hoy hace falta es liderazgo en la persecución penal, que esté bien orientada, sea eficiente y que permita solucionar los problemas de la comunidad”.

Entre los fiscales adjuntos hay altas expectativas de que se presente a concurso la abogada Marta Herrera, quien es la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica. Los investigadores apuntan a su trayectoria y que, en su calidad de vocera del Ministerio Público, en medio de las crisis institucionales ha demostrado tener un liderazgo que es necesario luego de la “era Abbott”. Pese a que varios la instalan como una de las aspirantes, en sus círculos de confianza no ha explicitado su interés en participar del proceso.

Una situación similar ocurre con el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, quien es destacado -por sus pares- por sus capacidades operativas y por ser uno de los que tienen más experiencia investigativa. Frente al incremento del crimen organizado en el país y ante los éxitos de persecución penal en la zona que dirige, comentan algunos, sería un buen nombre para ser escogido el cuarto fiscal nacional desde que se creó la institución.

En los pasillos de tribunales también se habla bastante de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien en el pasado fue fiscal y ocupó altos cargos directivos en el Ministerio Público. Se erige, en algunos círculos, como la favorita de La Moneda por su relación estrecha con el Mandatario y la ministra del Interior, Izkia Siches. Sin embargo, sus cercanos aseguran que es una autoridad que al momento de ejercer su cargo ha demostrado independencia y recuerdan las recientes críticas que ha lanzado por el mal manejo del gobierno en algunos temas.

Uno de los fiscales adjuntos más antiguos y que ingresó al Ministerio Público en el año 2000 es José Morales. El jefe de la Fiscalía Santiago Norte ya estuvo en este proceso. La vez pasada obtuvo los mismos siete votos que Abbott en la Corte Suprema, por lo que sus cercanos destacan su experiencia en estas lides. No ha querido confirmar una nueva aventura al sillón de fiscal nacional, pese a que su nombre se repite en el ruedo judicial.

Un candidato “natural”, dicen en el Ministerio Público, sería el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz. Viene del mundo judicial, antes de liderar la zona Oriente fue relator de la Corte Suprema y, además, concita apoyos internos y externos, ya que estuvo algunos años fuera dedicado a la academia.

Otro que está buscando apoyos es el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Fue el representante del consejo ante la Convención Constitucional y su rol -dicen cercanos- le habría dado el envión necesario para decidir entrar en la pelea. Quien también en privado ha manifestado su interés es la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien actualmente indaga el denominado caso Led, en que se persiguen delitos de corrupción. A ellos se suma Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, quien actualmente lidera el juicio contra excarabineros por el megafraude institucional.

El fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, y la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, han declinado abrir sus cartas. Al interior del organismo aseguran que podrían postular, sin embargo a sus cercanos han manifestado que es de mal gusto activar esta carrera cuando aún Abbott está en el cargo.

Quien sí estaría seriamente pensando en presentarse es el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien dice ser -debido a su rencilla pública con su jefe- “todo lo opuesto a la actual administración”.

Quienes son tajantes en asegurar a sus equipos que no está en sus planes participar del proceso son los jefes regionales de La Araucanía, Roberto Garrido; Oriente, Lorena Parra, y Arica, Mario Carrera. Son también quienes llevan un año como autoridades en sus zonas.

Uno de los principales desafíos de quien sea el o la próxima fiscal nacional, dicen los expertos, será volver a legitimar al Ministerio Público que -según la última encuesta CEP- cuenta con sólo un 15% de confianza, por debajo de las policías y la Iglesia.