Presidente de las Ues. estatales: “Trataría de mantener el espíritu del borrador constitucional anterior que cautelaba a la educación pública”

Rector de la Universidad de Valparaíso desde enero de 2021 y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) desde mayo de 2022, de a poco Osvaldo Corrales se ha transformado en uno de los líderes de opinión en materia de educación superior en el país. El doctor en sicología no ha tenido tapujos en dar a conocer su mirada en distintas materias, como cuando tildó de “no opinable” la condición de públicas el día en que las universidades no estatales acusaron un “trato preferente” del gobierno y la Convención hacia las instituciones del Estado.

Hoy, la cabeza de las universidades estatales ahonda de nuevo en esa materia, ad portas de un nuevo proceso constituyente, el que cree debería terminar resguardando tal como en lo fue la vez anterior a sus instituciones.

¿Cuáles son los principales desafíos de la educación superior en 2023, el primer año que se inicia normalmente pospandemia?

Tal vez el más importante tiene que ver con hacernos cargo de los efectos que la pandemia tuvo sobre los procesos de enseñanza. Durante la pandemia no se obtuvieron todos los logros educativos que se esperan en la enseñanza media y esas mayores dificultades nos ponen el desafío de hacernos cargo de esos eventuales rezagos.

Será también el primer año en que ingresen alumnos por la vía de la nueva PAES, ¿cómo la evalúa y qué saca en limpio de este proceso de admisión?

Tenemos una evaluación positiva. Si bien en un primer momento los resultados nos indicaron que las brechas entre establecimientos se mantuvieron -un aspecto en el que se centró la crítica- el resultado de los procesos de postulación nos ha indicado que hubo un aumento del orden del 40% de las y los estudiantes habilitados para ingresar a la universidad. Fue bien significativo y la mayor parte eran mujeres y de colegios municipales o de Servicios Locales de Educación Pública. Pero este proceso también nos dejó otro resultado que valoramos positivamente y es que un mayor número tomó la decisión de cursar sus estudios en sus propias regiones.

Este 2023, además, estará marcado por otro intento de nueva Constitución. ¿Qué lecciones del proceso anterior se deben sacar en educación superior?

El borrador constitucional anterior, en lo que se refería a educación superior, era satisfactorio y adecuado. Creo que el rechazo tan contundente no tuvo que ver con el capítulo educación ni en particular educación superior. Si bien el nuevo órgano será soberano para redactar el texto que crea conveniente, nos parece que debiera resguardarse, tal como se hacía en el anterior, el fortalecimiento de la educación pública. En la opinión del Cuech el estallido social puede ser explicado en parte por el grave deterioro de la educación pública. Revertir eso tiene que ver con poner en valor que para la construcción de la cohesión social tiene que estar protegida la educación pública. Eso no se opone a que exista un régimen de provisión mixta.

¿Cuando habla de público se refiere a las instituciones que pertenecen al Estado?

Sí, lo estatal.

En el proceso anterior hubo críticas a que solo se explicitaban las universidades estatales y no las otras, como el G9. Se acusó también un “trato preferente” del gobierno y la Convención hacia ustedes.

Tuvimos una discrepancia legítima con las universidades del G9 en esta materia, pero no creo que haya sido el tema gravitante en el resultado del plebiscito. El que haya una protección de la educación pública no se opone a que haya otras instituciones, que hacen grandes aportes al país como el G9, que sigan siendo apoyadas por el Estado. Si bien no se mencionaba explícitamente a esas instituciones, el texto permitía que siguieran recibiendo aportes estatales. Hay una cuestión de reconocimiento que ellos plantearon y, más allá de la opinión distinta, el nuevo texto tendrá que ponderar cómo se hace cargo de las distintas sensibilidades.

¿Se les debe considerar explícitamente en el nuevo texto?

Más allá de lo que se diga respecto al sistema de provisión mixta en educación, que en mi opinión va a seguir existiendo, eso no puede obstar a que en la nueva Constitución la educación pública reciba el trato debido, en el sentido de que es el mecanismo por medio del cual el Estado garantiza el derecho social a la educación. Eso debe ser resguardado. Luego, la forma en que se resuelva el apoyo que el Estado le pueda dar a proyectos de educación que son en principio privados, es algo que tiene que ser discutido. En mi opinión, y también ha sido la del Cuech, eso no puede estar opuesto a que el texto proteja y le dé una mirada distintiva a la educación pública.

¿Lo público se tiene que entender desde la propiedad o desde el aporte a la sociedad?

En eso hemos dicho que hay una discusión un poquito artificial. Esto está zanjado en criterios de organismos internacionales, como la Unesco, que plantea sin ninguna ambigüedad que son públicos aquellos establecimientos educacionales que son propiedad del Estado. Esa ambigüedad uno no la ve en otros niveles del sistema educacional; uno no ve que se dé en establecimientos de educación media. Son particulares, particulares subvencionados o públicos. Y los públicos son los que son del Estado. ¿Y los subvencionados reciben dineros del Estado? Por supuesto. ¿Cumplen una función? También. Pero no dicen “decidimos ser públicos”. Es curioso que esa ambigüedad solo exista en educación superior, pero en el resto del sistema esté bastante claro.

Si el texto incluyera la provisión mixta o explicitara a las universidades no estatales, ¿dónde se hace el corte? ¿A quién se incluye y a quién no?

En Chile tenemos un sistema de educación superior complejo. Tenemos universidades públicas y privadas. Pero en el mundo de las privadas tenemos tradicionales y las posteriores a la reforma del 80. Y dentro del sistema privado tradicional hay diferencias, porque hay universidades confesionales, como las católicas, y no confesionales, como la de Concepción. Y en el sistema privado de nuevo cuño es lo mismo: hay confesionales como la de Los Andes y no confesionales como la Diego Portales. Cuando discutimos acerca de lo público tenemos que hacernos cargo de esas diferencias. No es lo mismo la U. de Concepción que la U. Católica y eso no quiere decir que no hagan un aporte al país. Pero evidentemente ese carácter confesional les pone un sello. El Estado necesita tener un sistema propio que garantice que las políticas públicas puedan ser llevadas adelante, sin forzar a instituciones que legítimamente no quieran hacerlo.

¿En el nuevo texto a las universidades estatales y no estatales se les debe asegurar un financiamiento por igual?

Creemos que la educación pública, en todos sus niveles, debe ser financiada por el Estado. Y también que el Estado debe apoyar a otros proyectos educacionales. Hoy existen políticas públicas que permiten que eso se haga, por ejemplo, la gratuidad. Sin embargo, creemos que la forma de financiamiento de la educación pública, y aquí está la diferencia, no debe ser realizada mediante subsidio a la demanda, sino que a través de aportes basales. No podemos tener la situación en la educación pública de cerrar carreras porque no entran estudiantes. Al menos la educación pública debería mantener un financiamiento basal para mantener su oferta pedagógica. Las instituciones que hacen un aporte al país deben recibir apoyos del Estado, sin lugar a dudas, pero la educación pública, como ocurre en la mayor parte del mundo civilizado, debe ser financiada mediante aportes basales que le permitan cumplir su rol distintivo.

Con lo conversado y si de usted dependiera en este nuevo proceso, ¿la parte de educación superior la dejaría tal cual se escribió en el texto anterior?

No sé si igual, pero trataría de mantener el espíritu del borrador constitucional anterior que cautelaba a la educación pública, en el sentido de garantizarle un financiamiento para el desarrollo de una función súper específica.

¿Pudiendo incluir a las instituciones no estatales?

Es que estaban incluidas. Si uno lee el texto anterior decía que se garantizaba financiamiento a las instituciones del Estado y a las otras instituciones que cumplieran con determinados requisitos que en ese momento no estaban escritos. No había una exclusión. Lo que pasa es que no había una mención explícita y eso obviamente no gustó a un sector.

Después de todo, ¿cómo quedó la relación con el G9?

Nunca hubo un quiebre. Tuvimos una diferencia de opinión, pero diría que la relación siempre ha sido cordial y armónica. Tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan.

Y con el gobierno, ¿todo aclarado tras esa visita incómoda del ministro en noviembre?

Tenemos una muy buena relación de trabajo con el Ejecutivo, tanto con el ministro como con la subsecretaria. Estamos sacando algunos temas muy relevantes adelante. Diría que eso fue un episodio que ya está completamente superado.